Dos proyectos de reforma constitucional coinciden en impulsar políticas públicas de salud vinculadas al cannabis, pero difieren en el alcance: una apunta a lo medicinal, la otra a un enfoque integral.
La Convención del 25 recibió dos iniciativas que proponen incorporar el cannabis como política pública en la futura Constitución provincial.
La Convención del 25 recibió dos iniciativas que proponen incorporar el cannabis como política pública en la futura Constitución provincial. Ambas propuestas giran en torno al uso medicinal de la planta, pero se diferencian en su enfoque y profundidad.
Una de las presentaciones fue realizada por la médica Ayelén Forastieri, quien propone la incorporación del cannabis medicinal al sistema público de salud. Su planteo se basa en la Ley Provincial N.º 13.602 y su decreto reglamentario 0820/2017, y busca garantizar el acceso gratuito y controlado a productos derivados de cannabis, ampliar sus usos terapéuticos, capacitar a los equipos de salud y consolidar una red de atención ambulatoria especializada. La propuesta pone énfasis en el fortalecimiento del rol del Estado en la producción, distribución y regulación de preparados medicinales, y en la generación de evidencia científica desde organismos públicos, hospitales y universidades.
Por otra parte, la militante cannábica de Rosario, Patricia Servín presentó un proyecto más abarcativo que propone incorporar en la Constitución provincial la regulación del cannabis en sus dimensiones de consumo, salud e industria. La iniciativa plantea el reconocimiento del cannabis como una herramienta terapéutica, pero también como motor de desarrollo productivo, con una visión centrada en el respeto a los derechos humanos, la soberanía sanitaria y el impulso de la economía del conocimiento. Servín propone que el Estado garantice el acceso a preparados medicinales, fomente la investigación y promueva el desarrollo de una industria local del cannabis, tanto para uso medicinal como industrial.
Las dos propuestas coinciden en considerar al cannabis como un insumo estratégico para el sistema de salud, y apuntan a garantizar su acceso en condiciones seguras y bajo control estatal. También destacan el rol de las universidades, el LIF y las ONGs como actores clave en el proceso de producción, formación e investigación.
La principal diferencia radica en el alcance: mientras que Forastieri se concentra exclusivamente en el uso medicinal dentro del sistema público de salud, Servín propone una reforma más amplia, que abarque no solo el aspecto terapéutico sino también el industrial y de derechos de los usuarios, en línea con un paradigma regulatorio integral.
Ambas iniciativas se suman al debate constituyente con un eje común: el reconocimiento institucional del cannabis como parte de una política pública, en una provincia pionera en su regulación, pero aún con desafíos pendientes en la implementación efectiva de los marcos normativos existentes.
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