Conflicto universitario: el Gobierno prepara una oferta clave para los rectores antes del fallo de la Corte
El Gobierno busca destrabar el conflicto universitario con una oferta clave a los rectores antes de que la Corte Suprema defina el reclamo por los fondos.
A la espera de una definición de la Corte Suprema sobre la Ley de financiamiento universitario, el Gobierno continúa las negociaciones con los rectores de universidades.
A la espera de una definición clave de la Corte Suprema sobre la Ley de financiamiento, el Gobierno nacional reactivó las negociaciones con los rectores de las casas de estudio y evalúa convocarlos esta semana. El objetivo central de la Casa Rosada es destrabar el conflicto universitario antes de que el Máximo Tribunal dicte sentencia, buscando un acuerdo que ponga fin a la disputa judicial por los fondos presupuestarios y salariales.
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Las tratativas, confirmadas por fuentes oficiales, abarcan desde los reclamos por la recomposición salarial de los docentes y las becas, hasta la distribución de los fondos pendientes para los hospitales universitarios. Desde el entorno oficial aseguran que hay buena predisposición de ambas partes, aunque el encuentro con las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aún no tiene fecha firme, pero podría concretarse en los próximos días.
Qué ofrece el Gobierno para destrabar el presupuesto universitario
La estrategia oficial, coordinada por la Procuración del Tesoro a cargo de Sebastián Amerio, apunta a desactivar la demanda judicial de las universidades. La propuesta del Ejecutivo consiste en transferir los fondos previstos en el proyecto de financiamiento que el oficialismo envió al Congreso en febrero. Esta iniciativa busca amortiguar el impacto fiscal, reconociendo la pérdida salarial docente de 2025 pero omitiendo el desfasaje entre diciembre de 2023 y 2024.
A cambio de estos fondos para el presupuesto universitario, el Gobierno le exige a los rectores que retiren la medida cautelar que hoy duerme en la Corte Suprema. Dicha cautelar exige el cumplimiento estricto de los aumentos de salarios y becas indexados por el IPC, tal como lo disponía la ley aprobada por el Congreso.
El impacto económico si la Corte Suprema falla a favor de las universidades nacionales
El apuro de la Casa Rosada tiene una explicación millonaria: si el Máximo Tribunal falla en contra del Estado, el Gobierno deberá desembolsar alrededor de 2,5 billones de pesos para las universidades nacionales. Por este motivo, los abogados de la Procuración trabajan a contrarreloj en la letra chica del acuerdo, buscando una garantía legal de que los rectores suspenderán definitivamente las acciones judiciales una vez que se habiliten las partidas.
Si la Corte Suprema falla en contra del Gobierno, el impacto fiscal para las universidades nacionales alcanzaría los 2,5 billones de pesos.
Mientras el CIN se mantiene a la expectativa de una propuesta formal y asegura que todavía no hay ofertas concretas sobre la mesa, los gremios docentes no dan tregua. Tras las recientes jornadas de clases públicas de la UBA frente a Tribunales y el paro total de actividades de la Fedun, los sindicatos ya advirtieron que, si no hay respuestas satisfactorias en materia salarial y presupuestaria, el inicio del segundo cuatrimestre llegará con nuevas medidas de fuerza.
