En este contexto, el ministro de Trabajo de la provincia, Roald Báscolo, enfatizó la necesidad de priorizar la preservación de los puestos laborales y la continuidad de la producción.
"Pedimos la máxima responsabilidad para poder mantener las fuentes de trabajo y la continuidad de la producción. Las disputas entre los grupos económicos no nos interesan, no es nuestra prioridad", afirmó Báscolo durante una entrevista en el programa "Ahora Vengo" de AIRE.
El ministro subrayó la importancia de proteger los más de 1.000 empleos directos que genera la empresa. "Lo que realmente nos importa a nosotros es que estos trabajadores no vean interrumpidas sus posibilidades de trabajar y cobrar un sueldo a fin de mes, y que la actividad productiva no se interrumpa, porque una vez que se interrumpe en este tipo de fábricas es muy difícil retomarla", explicó.
Actualmente, Vicentin opera gracias a acuerdos con otras empresas que utilizan sus instalaciones. Báscolo expresó su preocupación ante la posibilidad de un "cramdown" —un mecanismo legal que permite la reestructuración de una empresa en quiebra—, señalando que esto genera incertidumbre entre las compañías que colaboran con Vicentin.
"Tenemos mucha incertidumbre, esperamos esta resolución de una buena vez, pero que contemple como prioridad poder mantener las fuentes de trabajo y el proceso productivo", concluyó el ministro.
Cinco años de incertidumbre: el futuro de Vicentin sigue en la Justicia
El 5 de diciembre de 2019, la agroexportadora Vicentin se declaró en cesación de pagos, y en febrero de 2020 solicitó la apertura del concurso de acreedores, marcando el inicio de un conflicto que, cinco años después, sigue sin resolverse.
El impacto fue inmediato en el sector agropecuario y en la provincia de Santa Fe, pero también escaló hasta el ámbito político nacional. Con deudas por unos 1.500 millones de dólares y más de 2.600 acreedores, el caso expuso un entramado financiero que involucró desde pequeños productores hasta grandes empresas cerealeras y fondos de inversión.
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Planta de Vicentin en San Lorenzo.
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El concurso, aceptado en marzo de 2020, estableció un pasivo de más de 99.000 millones de pesos, con el Estado Nacional, particularmente el Banco Nación, como principal acreedor debido a un préstamo de 18.182 millones de pesos.
Hoy, Vicentin opera a fasón, sin generar regalías propias y con una situación financiera crítica. Mientras la homologación del acuerdo con los principales acreedores —como ACA, Bunge y Viterra— parece cercana, el riesgo de quiebra sigue latente. De no concretarse el acuerdo, el expediente volvería a Reconquista para evaluar un salvataje o la liquidación definitiva de la compañía.
