El Gobierno nacional presentará el proyecto de reforma judicial, una iniciativa política que apunta a licuar la influencia de Comodoro Py, crear 34 nuevos juzgados federales y revisar el funcionamiento del Alto Tribunal por medio de una Comisión de Asesores, lo que generó polémica ya que incluye al abogado defensor de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi.
Pero la reforma propuesta por el presidente Alberto Fernández se explica en un aspecto que trasciende a los gobiernos de turno. Durante la presidencia de Néstor Kirchner, en el 2006, se aprobó un nuevo formato de Corte Suprema de Justicia con cinco integrantes, aun habiendo siete jueces integrándola en ese entonces, siendo Cristina Kirchner clave desde su rol de senadora.
Ricardo Lorenzetti asumió la presidencia de la Corte en el 2007, y en el segundo mandato de Cristina Kirchner esa Corte se convirtió en “enemiga pública”, a partir de fallos contrarios. Sólo Eugenio Zaffaroni respondía a los pedidos que llegaban de Casa Rosada y fue entonces que se promovió la denominada reforma del Consejo de la Magistratura en el año 2013, con llamado a elecciones de sus miembros en el marco de la disputa por la Ley de Medios con el Grupo Clarín. Fue la propia Corte la que a mediados del 2013 la desactivó, en un fallo que terminó de quebrar la relación con el kirchnerismo. En el 2014, Zaffaroni renunció a su cargo.
Con la llegada del gobierno de Mauricio Macri, el presidente de la Corte Suprema pasó a ser Carlos Rosenkrantz, un juez visto como adversario por el Gobierno actual, pero que en los hechos no administra el poder que, aun sin cargo, siguió ejerciendo en el tiempo Lorenzetti. Lorenzetti y Horacio Rosatti, exministro de Justicia de Kirchner, son en la actualidad los que construyen el poder en el Palacio de Justicia de la Nación. El cuerpo lo completan Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. El diálogo con el Gobierno nacional es cordial, pero la reforma que se impulsa, con cambios fuertes en la estructura de Comodoro Py, genera preocupación en el sector.
La reforma ahora planteada por el oficialismo apunta a fortalecer la presencia en Comodoro Py, área estratégica de control político y judicial. La iniciativa ya fue rechazada de hecho por la mayoría de la Corte Suprema que no están solos en su rechazo a la propuesta del Frente de Todos. La oposición política liderada por Mauricio Macri, Alfredo Cornejo, Elisa Carrió, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Miguel Ángel Pichetto, Mario Negri y Cristian Ritondo, entre otros, firmaron un documento público que criticó la iniciativa legislativa que ingresará al Congreso en los próximos días.
Más juzgados federales
Los 12 juzgados más importantes se encuentran ante una etapa de recambio generacional, con jueces dejando su cargo, como sucedió con Rodolfo Canicoba Corral, que tenía a cargo dos despachos, el 6 y el 12, y que el próximo 31 de julio dejará su puesto. En su lugar, asumirá el juez Julián Ercolini, que fue designado por sorteo.
Siete de los jueces que se distribuyen estos juzgados fueron nombrados por el kirchnerismo: tres en la presidencia de Néstor Kirchner (Daniel Rafecas, Ariel Lijo y Julián Ercolini) y cuatro en la de Cristina Kirchner (Sebastián Ramos, Sebastián Casanello, Luis Rodríguez y Marcelo Martínez de Giorgi). Hay dos mujeres que eligieron otros presidentes: María Romilda Servini de Cubría, que fue designada por Carlos Menem a principios de los '90, y María Eugenia Capuchetti, que fue elegida hace dos años por Mauricio Macri para cubrirla salida de Norberto Oyarbide.
El actual proyecto de reforma buscará pasar de los actuales 12 juzgados federales de primera instancia a 46. Para llegar a ese número eso unificará el fuero Penal Económico, que tiene 11 juzgados de primera instancia, con los 12 de Comodoro Py. Así, serían 23 juzgados, pero cada una de las dos secretarias judiciales que tienen pasaría a ser un juzgado, por lo que quedarán 46. El nombre del nuevo fuero será el de Penal Federal.
Esta reforma le permitiría al Gobierno designar a la mitad de los jueces del nuevo fuero. Primero porque se abren 23 nuevos cargos de magistrados. Pero también por las vacantes que hay actualmente en los tribunales de Comodoro Py y en Penal Económico.
Sin respaldo de la Corte ni de la oposición, el Gobierno nacional buscará sancionar la reforma antes de fin de año.
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