El fiscal de Estado, Rubén Luis Weder, está en la mira de diputados y senadores por el caso Sain.
La situación del exministro de Seguridad y actual director del Órgano de Investigaciones del MPA, Marcelo Sain, no sólo produjo un fuerte quiebre dentro de la Legislatura, de la política y en ámbitos de la Justicia provincial; sino que amenaza con convertirse en un caso de conflicto de poderes que termine en la Corte Suprema de Santa Fe.
En este claro contexto de crisis institucional en la provincia de Santa Fe, el diputado provincial Fabián Bastía, presidente de la Comisión de Acuerdos que decidió suspender el inicio de un proceso investigativo contra Sain, adelantó a Aire Digital que entre este viernes y el próximo lunes se presentará una apelación al fallo de la jueza rosarina Paula Calace Vigo, quien ordenó archivar la investigación y la suspensión del director del Órgano de Investigaciones.
Sin embargo, para Bastía la situación de Sain ya no es lo más importante: "El problema no es Sain. El problema es lo que hicieron el gobernador Omar Perotti y el fiscal de Estado, Rubén Luis Weder". Según Bastía y gran parte del arco opositor en la Legislatura, están planteadas las condiciones como para plantear ante la Corte un caso por conflicto de poderes.
"Sain se presenta ante una jueza Laboral. La jueza corre traslado a la Fiscalía de Estado de la Provincia. El fiscal de Estado, Rubén Weder le da la razón y dice que lo hizo porque se lo ordenó el gobernador a través de un decreto. Un decreto que nadie vio y del que los legisladores nunca fuimos informados. El fiscal de Estado no cumple con los protocolos de Fiscalía. No defiende al Estado y contradice lo que él mismo dijo en el pasado sobre otros casos", insistió Bastía.
Según el legislador radical, "cómo será la presión interna sobre Weder que se ve obligado a hacer estas cosas. La próxima noticia es un juicio político contra Weder. Es la idea en la cabeza de muchísimos legisladores porque esto es muy grave".
Además, Bastía consideró que Weder debió excusarse de este caso por haber sido compañero de Sain en el gabinete de Omar Perotti.
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Según Bastía -y el resto de los senadores y diputados que están a favor de suspender e investigar a Sain- al exministro de Seguridad "no se lo juzga por lo que hizo como funcionario del Poder Ejecutivo, sino por su accionar como director del Órgano de Investigaciones del MPA. Estar de licencia no significa dejar de tener el cargo. Debió hacer como la vicegobernadora Alejandra Rodenas, que renunció como jueza al postularse. O como el diputado Maximiliano Pullaro, que renunció como diputado cuando fue ministro".
"Hay un pecado original en el nombramiento de Sain en el Ejecutivo", insistió.
- ¿Por qué no lo planteó la Legislatura en su momento?, preguntó Aire Digital.
- "En todo caso la pregunta es por qué el MPA no dijo nada. O por qué lo dijo después. Había una laguna en el derecho, por eso la Legislatura no dijo nada. Además, Sain está investigado por el proceso de compra de armas y de motos para la Policía. ¿Se va a investigar a sí mismo?", respondió.
En definitiva, a pocas horas de que la jueza de Rosario ordenara archivar las investigaciones contra el exministro de Seguridad, desde la Legislatura se aprestan a iniciar tres caminos:
1.- Presentar una apelación en el mismo juzgado Laboral.
2.- Plantear una acción directa en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe por un posible caso de conflicto de poderes frente a la actitud del gobernador Omar Perotti.
3.- Avanzar en un posible proceso de juicio político al fiscal de Estado, Rubén Luis Weder,
El abogado de Marcelo Sain, Hernán Augusto Martínez, dijo a Aire Digital que según su punto de vista se trata de un caso jurídicamente cerrado: "El amparo presentado por Sain para evitar su destitución es contra la Provincia de Santa Fe. La Provincia está representada por la Fiscalía de Estado, y este organismo reconoció como válidos los argumentos del exministro de Seguridad".
"La Legislatura -insistió- carece de legitimación procesal. Técnicamente no existe posibilidad de que el legislativo apele esta orden de la jueza. Entonces, la película debería terminar hoy mismo. Cualquier otra decisión que adopte la Legislatura sería un acto de desobediencia judicial".
- ¿Y a nivel administrativo las autoridades del MPA pueden insistir en investigar a Sain e hipotéticamente destituirlo de su cargo?, preguntó Aire Digital.
- Eso no es posible justamente porque lo que hicieron los legisladores fue avocarse al procedimiento disciplinario que se debía haber llevado adelante en el ámbito del MPA. Allí comenzó todo y la Auditoría de Gestión se declaró incompetente porque las supuestas irregularidades investigadas se produjeron, en teoría, mientras Sain estaba de licencia y se desempeñaba en otro poder del Estado.
- ¿Y que sucede si en el futuro Sain termina siendo imputado por alguna causa penal por actos cometidos como ministro?
- En ese caso se debería abrir un nuevo procedimiento disciplinario. Pero ya no por los hechos que ahora son materia de investigación. El actual procedimiento está jurídicamente cerrado.
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