Facundo Astudillo Castro lleva desaparecido poco menos de 80 días. Mientras las fuerzas federales de seguridad continúan los rastrillajes en las localidades de Teniente Origone, Mayor Buratovich e Hilario Ascasubi en inmediaciones de la ruta nacional 3, las acusaciones y los cuestionamientos contra el cuerpo policial y autoridades bonaerenses involucró no solo a la familia de Facundo, sino también a referentes de Derechos Humanos que hablan de "desaparición forzosa" y "abuso de las fuerzas".
La secretaria de Derechos Humanos de la provincia se refirió a la desaparición del joven de 22 años en la provincia de Buenos Aires.
En un análisis que compartió con Aire Digital, la secretaria de Derechos Humanos de Santa Fe, Lucila Puyol, dijo que "lo que no hay que hacer es esconder" el tema. "Como Estado tenemos que hacernos cargo, asumir el problema y trabajar en políticas públicas para abordarlo", sostuvo a la vez que señaló que "no tiene por qué hacerse cargo el gobernador ni el presidente por situaciones que suceden con un agente".
En este sentido, la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense dispuso en las últimas horas el desplazamiento de los cuatro efectivos de la subcomisaría de Mayor Buratovich que estaban de turno al momento de la desaparición del joven de 22 años, al igual que otros dos policías de comisarías de la zona. Esos seis policías fueron desplazados a otras seccionales donde continuarán realizando sus tareas mientras continúa la investigación del caso.
"Es una situación que no es propia de un gobierno, sino que lo trasciende, viene de hace mucho tiempo y es una deuda que tiene la democracia", expresó Puyol horas después de participar de la reunión del Consejo Federal de Derechos Humanos en el que se intercambiaron iniciativas para combatir la violencia institucional; encuentro convocado "inmediatamente" a raíz de la desaparición del muchacho de Pedro Luro.
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Para la funcionaria, es necesario un programa de "democratización de las fuerzas de seguridad". "Estamos pensando un plan nacional que incluya capacitación de los agentes policiales, proyectos de legislación y abordaje interministerial", informó Puyol. A nivel provincial, las denuncias relacionadas a abusos de las fuerzas de seguridad son abordadas por la Agencia de Control Policial, dependiente del Ministerio de Seguridad. "Hemos tenido muchas denuncias de violencia institucional en esta cuarentena", aseguró la secretaria.
El caso Facundo Astudillo Castro remonta a la desaparición de Santiago Maldonado, ocurrida en 2017 y por el que diversos sectores de la sociedad criticaron fuertemente el accionar de la Gendarmería Nacional y las máximas autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación, bajo la órbita de un gobierno opuesto políticamente al de Alberto Fernández.
Al respecto, Lucila Puyol aseguró que la postura del actual gobierno nacional es totalmente distinta. "No es la misma mirada la de Patricia Bullrich, que dijo que no iba a tirar un gendarme por la ventana, que la de Sabina Frederic, quien aseguró que no llevará la fuerza de seguridad a intervenir en desalojos", expresó la secretaria sobre la ex y la actual ministra de Seguridad nacional.
La secretaria planteó también el paralelismo en la esfera provincial. "Es muy distinto un ministro como Marcelo Sain, que sabemos que viene trabajando desde hace mucho tiempo en seguridad democrática, a un ministro como Maximiliano Pullaro, alguien que liberó el accionar hacia dentro de las fuerzas", expresó y continuó sobre el ex titular de la cartera de Seguridad en la última etapa socialista: "Pullaro tenía el Servicio Penitenciario dentro de su Ministerio, por lo que teníamos una fuerza ligada a lo represivo. En diciembre eso se cambió porque hoy está en la órbita de nuestro Ministerio (Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad). Con Walter Gálvez (secretario de Asuntos Penitenciarios) tenemos reuniones permanentes y esto habla de un cambio de paradigma", finalizó.
Si bien el problema de la violencia institucional es el mismo desde el retorno de la democracia en la Argentina, la postura política determinará un abordaje particular, según entiende la secretaria de Derechos Humanos. "Posiblemente nos lleve mucho tiempo democratizar las fuerzas hacia el interior, pero es fundamentalmente una decisión política", concluyó.
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