El anteproyecto de ley que esta semana comenzó a circular en el Congreso de la Nación introduce cambios sustanciales en el negocio de los biocombustibles, en especial en la parte del mercado que está regulada y promocionada con beneficios fiscales.
El gobierno santafesino la semana pasada juntó a toda la industria y las fuerzas productivas para reclamar una solución ante la inminente caída del régimen de beneficios de los biocombustibles.
Ese borrador ya despertó polémicas, pero esboza una hoja de ruta para formatear un nuevo régimen de promoción para la industria de los biocombustibles que reemplace al que fue sancionado en 2006 y vence el próximo 12 de mayo. La oposición cree que los tiempos no dan para consensuar una nueva ley, aprobarla y reglamentar antes de esa fecha, por lo tanto este jueves intentará en sesión especial prorrogar la ley actual hasta 2023 que viene con media sanción del Senado.
Alcances del proyecto
Redactado en el oficialista bloque Frente de Todos y con activa participación de Máximo Kirchner, el anteproyecto reduce los porcentajes obligatorios de biodiesel en gasoil y de bioetanol en las naftas, al 5 y 10% respectivamente; concede a las empresas y cooperativas pymes la exclusividad de abastecimiento de ese mercado. Elimina una serie de beneficios impositivos que figuraban en la ley de 2006 que dio origen a la industria de los biocombustibles y que se considera que no tiene sentido renovar. En primer lugar porque está cumplido el objetivo original –en 11 años la industria del biococombustible desarrolló 54 fábricas en 11 provincias–; en segundo lugar por el costo fiscal que representaría.
El proyecto prevé que el nuevo régimen dure hasta 2027 con posibilidad de extenderse 3 más. Entre los beneficios fiscales, mantiene la desgravación del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, pero reduce los beneficios fiscales a sólo dos de los siete que estaban en la ley que vence en mayo próximo: adquisición de bienes de capital sólo para pymes, y desarrollo de programas especiales de investigación y transferencia.
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Por tratarse de un mercado regulado, se mantiene el precio de referencia fijado por la autoridad de aplicación.
Sostiene una fuerte participación del bioetanol de caña de azúcar en la mezcla de naftas, ya que al no ser el azúcar un commodities exportable como la soja o el maíz, toda la producción depende del mercado interno. En cuanto al bioetanol de maíz, le reserva una cuota menor que al de caña y le reserva la mayor cuota a las empresas y cooperativas pymes del sector.
Las perdedoras en este anteproyecto –con relación a la ley actual vigente– son las grandes agroexportadoras de producción integrada –adquieren la soja, procesan, producen el aceite de soja que es el insumo base y elaboran el biocombustible– a las que se les impide proveer al mercado de corte obligatorio. El fundamento es que este tipo de empresas exportan –cosa que no pueden hacer las pymes–, disponen de acceso a financiamiento por sí mismas y por lo tanto no requieren incentivos fiscales.
El debate por los biocombustibles viene muy trabado en el Congreso por un motivo sencillo. Es de esos temas que generan disparidad de criterios en todos los bloques parlamentarios y tienden a alinear en función de la procedencia geográfica del legislador. En los bloques mayoritarios, donde conviven legisladores de regiones petroleras y regiones productoras de biocombustibles, congeniar esos intereses no resulta fácil. Eso demoró mucho al oficialismo a la hora de expresar una posición. De hecho, el anteproyecto que aquí se detalla se contrapone a la prórroga de la ley vigente que promovió la senadora kirchnerista María de los Ángeles Sacnun.
Sin embargo para muchos los tiempos no dan, y por lo tanto habrá que avanzar en alguna prórroga de la ley actual. Esa prórroga se puede dar por ley del Congreso o por decreto del Ejecutivo. Lo peor que puede pasar es que no se haga nada. La industria de los biocombustibles existe porque hay una ley que obliga a hacer el corte de naftas y gasoil. Si no hay corte, no hay mercado, y por ende no hay industria.
Prórroga sí, prórroga no
La sesión de este jueves está prevista a las 11.30. La convocatoria viene desde el bloque Federal. Y si bien hay diputados radicales que anunciaron su presencia y el bloque de Juntos por el Cambio también, es difícil que reúnan quorum. Menos aún para aprobar la prórroga que viene del Senado y no tiene despacho de comisión. Necesitarían dos tercios de los votos. El oficialismo por ahora no cede en cuanto a una prórroga.
En el sector de los biocombustibles el proyecto generó reacciones dispares.
Mientras representantes de cámaras pymes la recibieron como un primer paso y están predispuestos a discutir mejoras punto por punto junto con los diputados, entre las grandes empresas hubo manifestaciones de rechazo, en especial porque las excluye del mercado de abastecimiento obligatorio y por la reducción en los porcentajes de corte obligatorio en relación a los que están vigentes.
Tampoco el gobierno provincial y sectores de la oposición santafesina están convencidos de los alcances del anteproyecto del oficialismo. El gobierno, que la semana pasada juntó a toda la industria y las fuerzas productivas para reclamar una solución ante la inminente caída del régimen de beneficios de los biocombustibles, mostró sus reparos a través del secretario de Industria Claudio Mossuz. En tanto, el ex gobernador Miguel Lifschitz dijo que el camino que está tomando el gobierno nacional en el tema “no es el que necesita el país”. En el mismo sentido se expresó el diputado Enrique Estévez, uno de los que este jueves participará en la sesión especial por la prórroga de la actual ley.
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