La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Capital presentó una acción judicial colectiva con el objetivo de frenar los efectos de la Ley Bases sobre el empleo público, tras denunciar que su aprobación se dio mediante “un proceso viciado por corrupción”.
La Asociación de Trabajadores del Estado en la Ciudad impulsó una acción judicial colectiva “para frenar los efectos” de la normativa 27.742.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 dio lugar al planteo y ordenó al Poder Ejecutivo Nacional que, en un plazo de cinco días, brinde detalles sobre cómo se sancionó la Ley 27.742.
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El fallo, firmado por el juez Diego Martín Cormick, reconoció la “legitimidad de la acción colectiva” e indicó que los hechos denunciados “presentan verosimilitud en el derecho invocado”.
Desde el sindicato, liderado por Daniel Catalano, afirmaron que la ley fue aprobada gracias a un voto “viciado de nulidad absoluta”: el del exsenador Edgardo Kueider, quien luego fue detenido con dólares no declarados y hoy enfrenta causas por presunto cohecho.
“Estamos ante una ley sancionada en condiciones espurias. No se trata solo de una reforma regresiva para el empleo público: es una ley nacida de un procedimiento viciado y fraudulento”, advirtieron desde ATE Capital.
La Justicia deberá ahora evaluar si efectivamente existieron irregularidades graves en el trámite legislativo y si la Ley Bases puede ser anulada por un fallo judicial.
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