Asilo clandestino en Santa Fe: un proyecto para regularlos está sin tratamiento desde abril en la Legislatura
La iniciativa busca derogar la antigua Ley Provincial N° 9.847 y actualizar un sistema de control estatal sobre los asilos.
El incendio ocurrido en un asilo clandestino en el barrio Nuevo Horizonte —que derivó en allanamientos, denuncias por hacinamiento y la investigación sobre el funcionamiento de asilos no habilitados— reabrió con fuerza el debate sobre la falta de fiscalización en el sector.
El reciente incendio ocurrido en un asilo clandestino en el barrio Nuevo Horizonte de la ciudad de Santa Fe —que derivó en allanamientos, denuncias por hacinamiento y la investigación sobre el funcionamiento de asilos no habilitados— reabrió con fuerza el debate sobre la falta de fiscalización en el sector. En este contexto, tomó impulso en comisiones de la Cámara de Diputados de la Provincia un proyecto de ley presentado por la diputada Beatriz Brouwer (Unite) que propone establecer un Marco Regulatorio para Hogares, Clínicas Geriátricas y Establecimientos Residenciales para Personas Adultas Mayores.
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La iniciativa busca derogar la antigua Ley Provincial N° 9.847 y actualizar un sistema de control estatal que, según advierten diversas instituciones como la Defensoría de la Tercera Edad y los propios vecinos tras lo ocurrido en Nuevo Horizonte, exhibe graves falencias de fiscalización y registro. La iniciativa tuvo ingreso formal en el mes de abril de este año.
Asilos clandestinos: un proyecto para regularlos está sin tratamiento desde abril en la Legislatura
Uno de los puntos centrales de la propuesta normativa es la creación del Registro Provincial de Establecimientos Residenciales para Personas Mayores, el cual dependerá de la Dirección Provincial de Personas Mayores y será de carácter público y obligatorio.
Ninguna residencia pública o privada podrá operar sin contar previamente con la autorización, la matrícula correspondiente y las garantías mínimas de infraestructura, seguridad e higiene. A su vez, se faculta a la Autoridad de Aplicación —el Ministerio de Salud en coordinación con el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano— a realizar inspecciones de oficio y aplicar regímenes de sanción graduales ante incumplimientos, que van desde apercibimientos y multas hasta la clausura temporaria o definitiva.
"Atento a la inexistencia de datos oficiales consolidados sobre la cantidad de establecimientos residenciales en la provincia, la creación de este registro responde al principio de publicidad para facilitar la elección informada de las familias y la fiscalización ciudadana", remarca la legisladora en los fundamentos del expediente.
Atención médica obligatoria y derechos de los residentes
El proyecto impone la obligatoriedad de contar con un responsable médico a cargo de las prescripciones y las historias clínicas actualizadas de los internados, prohibiendo explícitamente el suministro de medicamentos o psicofármacos sin supervisión médica profesional. Además, el personal a cargo deberá recibir capacitación obligatoria en gerontología.
Paralelamente, la normativa consagra expresamente una batería de derechos para las personas alojadas, garantizando el trato digno, la no incomunicación ni aislamiento arbitrario, la preservación de los vínculos familiares, el consentimiento informado y la libertad de circulación dentro de las instalaciones salvo prescripción médica o judicial.
Salida de la clandestinidad y riesgo de abandono
Para hacer frente a la problemática de los lugares que funcionan fuera del marco legal, el proyecto contempla la figura de la habilitación provisoria. En los casos donde una clausura inmediata por falta de papeles pueda dejar en situación de abandono a los adultos mayores alojados, la autoridad de aplicación podrá otorgar un plazo máximo de adecuación de 120 días corridos bajo un cronograma estricto.
Con esta herramienta legal, se busca dotar al Estado provincial y a los municipios adherentes de instrumentos eficaces para prevenir tragedias, frenar el funcionamiento de asilos no autorizados y asegurar una vejez digna a la población adulta mayor de Santa Fe.
