Los embajadores de Argentina y México en Nicaragua deberán volver a sus respectivas capitales por orden de sus gobiernos. La decisión fue acordada por los mandatarios de ambos países, Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador en el marco de la crisis institucional que sufre el país de América Central.
Los embajadores de Argentina y México en Nicaragua deberán volver a sus respectivas capitales por orden de sus gobiernos. La decisión fue acordada por los mandatarios de ambos países, Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador en el marco de la crisis institucional que sufre el país de América Central.
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Mediante un comunicado dado a conocer este lunes, el gobierno nacional informó que “los gobiernos de la República Argentina y México informan que instruyeron a sus embajadores en la República de Nicaragua, Mateo Capitanich y Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez, a trasladarse a sus respectivas capitales con el objetivo de realizar consultas sobre las preocupantes acciones políticas y legales realizadas por el gobierno nicaragüense en los últimos días que han puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición, incluidos precandidatos presidenciales, activistas y empresarios”.
Asimismo, se destacó que “Argentina y México van a estar atentos a la evolución de los acontecimientos con la hermana República de Nicaragua y seguirán promoviendo inequívocamente el pleno respeto y promoción de los derechos humanos, las libertades civiles, políticas y de expresión de toda persona, con independencia de su nacionalidad y/o profesión”.
Asimismo, reiteran que están “a su disposición plena para colaborar constructivamente en la promoción del diálogo para que sean las y los propios nicaragüenses, quienes superen esta situación por la vía pacífica, respetando la división de poderes, el respeto a las minorías, las garantías constitucionales y, en general, el pleno respeto al estado de derecho y todos los derechos humanos”.
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El pasado 16 de junio, la Argentina se abstuvo de condenar a Nicaragua por las violaciones a los derechos humanos y masivos arrestos de dirigentes opositores cometidos por la gestión de Daniel Ortega, durante el tratamiento de un proyecto de resolución en la Organización de Estados Americanos (OEA).
La condena fue aprobada por 26 países, entre ellos Estados Unidos, Brasil, Chile, Colombia y Perú, y exigió "la inmediata liberación de los precandidatos presidenciales y de todos los presos políticos" en Nicaragua. En cambio el gobierno de Alberto Fernández se abstuvo junto a Belice, República Dominicana, Honduras y México. Por su parte, votaron en contra Nicaragua, Bolivia y San Vicente.
“No estamos de acuerdo con los países que, lejos de apoyar el normal desarrollo de las instituciones democráticas, dejan de lado el principio de no intervención en asuntos internos, tan caro a nuestra historia. Tampoco con la pretensión de imponer pautas desde afuera o de prejuzgar indebidamente el desarrollo de procesos electorales", sostuvo la Argentina en un comunicado conjunto con México.
Y agregó: "En este contexto, no nos fue posible acompañar el proyecto de resolución puesto a consideración hoy en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA)". Las áreas de Relaciones Exteriores de la Argentina y de México además señalaron que "es perentorio que la OEA retome el espíritu constructivo de su Carta", agradecieron "el esfuerzo negociador de algunos Estados miembros" e hicieron "un nuevo llamado a restablecer el diálogo interamericano".
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