La exfuncionaria vuelve al gobierno provincial, designada como subsecretaria de Articulación de Procesos de Reforma Institucional. Dependerá directamente del ministro Pablo Cococcioni. También participará de la creación de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales.
Ana Viglione es la nueva subsecretaría de Articulación de Procesos de Reforma Institucional de Santa Fe.
Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, firmó el decreto Nº 594 con fecha correspondiente al 10 de mayo mediante el cual creó la Subsecretaría de Articulación de Procesos de Reforma Institucional, en el ámbito del Ministerio de Seguridad, y designó en ese cargo a Ana Viglione, quien ya tuvo su paso por la función pública durante las gestiones de Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz.
Según el decisorio al que accedió AIRE, la nueva área se origina a raíz de una solicitud del actual titular de la cartera, Pablo Cococcioni, quien pidió que quede “bajo su dependencia directa”.
La ahora subsecretaria Viglione “tendrá como objetivos poner en estudio un programa de reforma policial integral, un programa de reforma integral del área de Control Policial, un programa de reforma integral de la Policía de la Investigaciones (PDI), como así también, participar en el programa de creación de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (CIOPE) y en la implementación de la Agencia de Medidas No Privativas de Libertad”.
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Ana Beatriz Viglione fue secretaria de Delitos Complejos de la provincia y quedó envuelta junto con su segundo, Andrés Ignacio Ferrato, en una causa por falso testimonio en el marco de una denuncia del comisario inspector Gustavo Pereyra, jefe de la brigada policial que hacía investigaciones de calle y que había trabajado sobre el caso de Los Monos.
Pereyra aseguró en su momento que las órdenes de Viglione y Ferrato eran investigar a la banda narco y que en base a ello remitía periódicamente informes sobre drogas a sus superiores, pese a lo cual no tenía competencia.
Los exfuncionarios se defendieron con la aseveración de que sus indicaciones apuntaban al crimen organizado y no a la comercialización de estupefacientes.
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En ese contexto, la jueza penal de primera instancia, Eleonora Verón, dispuso la absolución de ambos en febrero de este año: “No se acreditó la existencia de un sólo informe de investigación que se haya presentado respecto de los datos obrantes en los correos electrónicos que lleven la firma de algún integrante del grupo, como así tampoco surge haya sido convocado a participar de una investigación relacionada con estupefacientes o trata de personas”, sentenció.
Y añadió: “Sacar fotos, filmar, hacer averiguaciones verbales, realizar un croquis, buscar datos personales en base de datos, transmitir información sensible con la posible noticia de un delito por haber tomado conocimiento previo a través de otras víctimas y/o testigos, corroborar la existencia de lugares o personas que pudieran estar vinculados al narcotráfico o trata, participar de un procedimiento quedándose afuera de un local, no implica hacer una investigación policial ni formar parte de un equipo que hace investigaciones policiales relacionados con estupefacientes o trata”.
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