Esta acción se produce en medio de la puja con la administración de Javier Milei, quien decidió no transferir más fondos por este concepto en el marco de su programa de ajuste fiscal.
La Provincia inició el juicio ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en septiembre, según informó en su momento el entonces ministro de Economía y hoy diputado Walter Agosto. De acuerdo al cálculo hecho en aquella oportunidad, el monto total de la deuda era de 93 mil millones de pesos.
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En el decisorio de Pullaro, al que accedió AIRE, se precisa que el Coordinador General de Procesos Especiales de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Santa Fe informó que la demanda fue presentada “por incumplimiento de las Leyes Nº 27.260 y 27.701 (Reparación Histórica y Presupuesto 2023) lo cual generó diferencias por concepto de aportes adeudados por distintos periodos”.
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En septiembre, se informó que el monto total de la deuda era de 93 mil millones de pesos.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
El mismo funcionario indicó que “el planteo se centró en la falta de realización de las simulaciones que prevé la ley para luego determinar los recursos que se deben transferir; y señaló que las provincias de Córdoba y Corrientes iniciaron acciones judiciales de similares características”, explica el decreto.
Luego, en el documento oficial se menciona que, tras la identificación del estado de la causa y la elaboración de un informe sobre la situación actual por parte de la Caja de Jubilaciones, “se considera oportuno ratificar lo actuado en el trámite judicial de referencia e instruir al Sr. Fiscal de Estado para que continúe con el proceso iniciado y examine si resulta pertinente realizar ampliaciones de la demanda”.
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Ya en la parte resolutiva, el decreto ordena: “Ratifícase la acción iniciada por Fiscalía de Estado y todo lo actuado hasta la fecha en las actuaciones judiciales que tramitan en autos 'Santa Fe, Provincia de c/ Estado Nacional (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación) y otro s/cobro de pesos' (expte. CSJN 1970/2023)”.
Y en otro artículo se instruye a Domingo Rondina “para que continúe con la defensa de los intereses y derechos de la Provincia de Santa Fe en las actuaciones judiciales referidas en el artículo precedente y para que examine la pertinencia de ampliar la demanda”.
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Se puede leer en esta medida una gestualidad política: la ley de Fiscalía no exige ratificación del gobernador para continuar una demanda, como sí ocurre con “allanamientos, desistimientos de la acción o del proceso o transacciones” que requieren “autorización previa del Poder Ejecutivo”.
