Por ahora todo está envuelto en una fuerte incertidumbre, porque aún no se sabe en manos de quién quedará la seguridad a nivel nacional. Patricia Bullrich, que ocupó ese Ministerio entre 2015 y 2019, es la candidata que tiene más chances, pero las fricciones internas dentro de Juntos por el Cambio, sobre todo con Mauricio Macri, abren un espacio para la duda de si llegará a jurar el 10 de diciembre.
El nombramiento del ministro de Seguridad será clave para ver qué ocurrirá con los más de 2.500 efectivos de fuerzas federales que están hoy en Rosario.
“Preferimos esperar porque ya hubo una catarata de caídos de los cargos”, graficó un hombre de estrecho vínculo con la excandidata presidencial.
Hasta el balotaje en el que se impuso Javier Milei por más del 55%, los temas de seguridad y la defensa estaban previstos que quedaran bajo el radar de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Ese esquema se desinfló con el correr de las horas después del triunfo. La abogada parece estar en solitario y mantiene la puja por quedarse por el manejo estratégico de esas áreas.
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Durante los últimos días, en soledad, visitó la sede de la Policía Federal Argentina y la Prefectura. Además, mantiene a su equipo de expertos capitaneado por un exjefe de inteligencia del Ejército, Jorge Vives, un hombre que estuvo al frente durante la gestión de Mauricio Macri de la Aduana de San Lorenzo. Vives formaba parte del equipo que se acercó a Elisa Carrió, tras la designación de César Milani en el Ejército, otro uniformado que provenía del área de inteligencia.
Para el gobierno de Maximiliano Pullaro sería una buena noticia que Bullrich sea designada como ministra de Seguridad. Después del incidente inicial de su relación, con las idas y vueltas que tuvo la detención de los prófugos Martín y Cristian Lanatta, y Víctor Schillaci, la relación se encaminó entre ambos, sobre todo después de que se firmó el primer acuerdo de colaboración de fuerzas federales en Rosario en octubre de 2016. En ese momento, Bullrich era partidaria de intervenir la Policía de Santa Fe, tras las protestas multitudinarias enmarcadas bajo el lema de Rosario Sangra. La muñeca política del entonces gobernador Miguel Lifschitz logró neutralizar esa medida extrema.
Un año después de la firma del primer acuerdo, los homicidios tuvieron una leve baja, una tendencia que algunos atribuyen al nivel de coordinación entre los gendarmes y policías. Sin embargo, los crímenes volvieron a aumentar al año siguiente. Lo que más valoran en el entorno de Bullrich es que se comparte la misma mirada con Pullaro.
El nombramiento del ministro de Seguridad será clave para ver qué ocurrirá con los más de 2.500 efectivos de fuerzas federales que están hoy en Rosario. Pero no solo eso, sino también cuál será la estrategia de lucha contra el crimen organizado, el principal problema que enfrenta Rosario, donde se impusieron en estos últimos años nuevos modelos de negocios asociados a las históricas bandas narco.
En el entorno de Pullaro le restan dramatismo a esa situación, porque consideran que los efectivos federales que están en la provincia hacen un trabajo que no sirve de mucho. El comando unificado, conformado entre federales y la policía provincial, tampoco funciona de la mejor manera.
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El área de seguridad no está por ahora entre las prioridades de Javier Milei. Quedó expuesta esta situación en la foto de la transición. A la reunión con el actual ministro Aníbal Fernández fue el próximo ministro del Interior Guillermo Francos y el propuesto jefe de Gabinete Nicolás Posse.
No había ningún referente político de peso nombrado en un ministerio clave. Por eso empezó a surgir la duda de si MIlei no dejaría a la seguridad como una secretaría del Ministerio del Interior. Luego floreció el nombre de Bullrich que le dio más coherencia al panorama, porque es una dirigente que entiende del tema. Sin embargo, su designación aún no está firme.
En el entorno de Pullaro señalan que la prioridad en los primeros meses de gestión provincial va a ser la de mejorar el patrullaje en las calles, una demanda de la población desde hace tiempo. Todos los esfuerzos van a estar volcados a que las urgencias en la calle y el patrullaje preventivo funcionen mejor que ahora. La idea que manejan es que no solo hay que dotar de mayor cantidad de móviles a la policía, sino mejorar las respuestas y redimensionar la cuestión del personal que está ausente en los territorios.
Otro tema clave es la de las cárceles federales, donde hay más de un cetenear de presos de Rosario con causas federales. Actualmente, el Servicio Penitenciario Federal está intervenido, una medida que se tomó en la pandemia y nunca más se logró normalizar.
El problema que radica con ese tema es que los reclusos que están alojados en Marcos Paz, Ezeiza, Resistencia y Rawson son presos de alto perfil que pertenecen a bandas criminales de peso de Rosario. Si se permite que estos presos puedan tener libertades dentro de las cárceles para seguir operando, sin ningún control, es difícil después de que se puedan arbitrar medidas efectivas en las penitenciarias santafesinas, como pretende hacer la nueva gestión de Pullaro.
Uno de los objetivos del nuevo ministro de Justicia y Seguridad Pablo Coccoccioni, que conoce de cerca el tema, es que el trato de los presos de alto perfil sea diferencial al resto de la población carcelaria, con controles más intensos para que no se sigan cometiendo delitos en los penales. Pullaro manifestó hace unas semanas que los inhibidores que se instalaron en las cárceles funcionan de manera intermitente, con lo cual pierde la restricción pierde sentido.
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