Los hombres tienen 28 y 55 años, son Federico Gastón González y Alberto Jesús Morel Sosa, respectivamente. Por su parte, la mujer, 62 años, es Teresa del Carmen García.
La condena fue impuesta a través de un juicio abreviado realizado en los tribunales santafesinos ante el juez penal Leandro Lazzarini. Hay otras cuatro personas involucradas que aún no fueron imptuadas.
LEER MÁS ► Revelan que el monto de las estafas inmobiliarias alcanza el millón de dólares
JUEZ Lazzarini.jpg
Leandro Lazzarini, juez penal de tribunales.
Cibercrimen
La organización criminal estaba integrada por siete personas y funcionó entre junio y agosto del año pasado, con el objetivo de cometer defraudaciones en perjuicio de clientes bancarios. Los miembros de la banda lograban obtener las credenciales de acceso al homebanking, "hacían un uso no autorizado de ellas y simulaban identidades, concretaban desplazamientos patrimoniales y, finalmente, disimulaban el origen ilícito de esos bienes”, precisó el fiscal en la audiencia.
La maniobra delictiva en perjuicio de la editorial jurídica santafesina fue cometida el miércoles 21 de junio de 2023, y la investigación se inició a partir de una denuncia realizada por la gerenta general de la firma, que además se presentó como querellante en el proceso con la representación de Alfonso Garrone.
Brian Damiani condena en el caso Oldani abogado ignacio Alfonso.jpg
Ignacio Alfonso Garrone, abogado querellante que representa a la editorial jurídica estafada
Maiquel Torcatt/ Aire Digital
Malware
La investigación logró determinar que los cibercriminales lograron instalar un malware en una de las computadoras de la empresa: se trata de un virus, un ‘software malicioso’ (por su traducción del inglés), que son los programas que utilizan los ciberdelincuentes para obtener información privada de sus víctimas.
“A partir de la instalación de ese malware, la organización criminal logró las credenciales de acceso al homebanking de una cuenta bancaria de la empresa, simuló ser uno de los autorizados para su uso y ordenó la ejecución de 37 transferencias por un total de 11.100.000$”, detalló el fiscal.
En la causa se logró establecer que, del total de transferencias, 13 fueron recibidas por González, por un total de 3.900.000; y otras 10 fueron a una cuenta de titularidad de Morel Sosa, por un total de 3.000.000. Una vez que tuvieron el dinero en sus cuentas, lo transfirieron a cuentas virtuales de un proveedor de servicios de pago. “En un caso de una persona aún no detenida se pudo obtener la reversión de las operaciones y el recupero de los fondos de la empresa santafesina”, preció Nigro.
Corralito Bitcoin: empiezan a limitar los retiros por la caída de las criptomonedas
Los cibercriminales convirtieron parte de los pesos sustraídos en criptomonedas
En relación al dinero transferido por los dos hombres, utilizaron una aplicación de criptomonedas, BITSO, y convirtieron gran parte de los pesos sustraídos a la empresa en criptoactivos con el objetivo de ponerlo a circular en el mercado y disimular su origen ilícito.
El dinero no convertido a criptomoneda fue transferido a García y a otro hombre, que eran quienes reclutaban a los titulares de las cuentas bancarias de destino del primer eslabón de la cadena de desapoderamiento y establecían contactos con los destinatarios de los criptoactivos: “Lo transferido era una suerte de renta obtenida por su participación en la actividad criminal”, explicó Nigro.
Por último, Nigro también se refirió a García, que tenía la función de reclutar a Morel Sosa y a González, y a otra mujer que aún no fue detenida; el fiscal precisó que García “coordinó la actividad de recepción de fondos y conversión de activos, verificó las operaciones que las otras tres personas realizaron y se las comunicó a otros dos hombres que integraban la banda criminal”.
Calificaciones penales y pena
González, García y Morel Sosa fueron condenados como miembros de asociación ilícita y estafas reiteradas a tres años de ejecución en suspenso.
