lunes 19 de abril de 2021
Policiales violencia de género | mujeres | femicidios

Un policía imputado con 15 denuncias por violencia de género, incumplió 56 veces la prohibición de acercamiento a su ex pareja

El agente, en diversas oportunidades, diferentes días y horarios desde agosto del 2020 hasta febrero del 2021, se presentó en el domicilio de su ex pareja y le depositó escritos en el buzón de cartas con el fin de amedrentarla.

Las cifras de los femicidios en Argentina son apabullantes, y un costado que en los últimos tiempos se puso de manifiesto es la participación de los miembros de la fuerza de seguridad como autores. Los ejemplos abundan para observar la deuda que aún tiene el Estado para abordar la problemática. Ursula Bahillo, asesinada en Rojas, y hace pocos días un miembro de la Fuerza Aérea Argentina confesó haber matado a Ivana Módica en Cordoba.

Celeste, a los fines de esta nota porque no es su nombre real, es una mujer agobiada y aterrada por los malos tratos y las amenazas de su ex pareja, un subinspector de la Policía de Santa Fe que violó nada menos que 56 veces la orden judicial de restricción de acercamiento a la víctima, que lo había denunciado 15 veces por violencia de género y por sufrir sistemáticas amenazas.

La mujer esquivó la desgracia, pero antes debió batallar para que el sistema judicial atienda sus reclamos desesperados, hasta que una fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) ordenó la detención del imputado la semana pasada. En esa circunstancia además le hallaron varias armas de fuego sin registrar en su casa de Zavalla, a unos 20 kilómetros al oeste de Rosario. Le impusieron prisión preventiva sin plazos.

El 12 de febrero la Agencia de Control Policial llegó con órdenes precisas de la Fiscalía a 25 de Mayo al 1900, en la localidad de Zavalla. Allí detuvo al policía Omar Alfredo C., de 47 años, por una reiteración de denuncias de violencia de género. En la casa encontraron armas sin registrar: tres pistolas y dos revólveres de distinto calibre, además de gran cantidad de municiones.

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De acuerdo a la investigación de la fiscal de la Unidad de Violencia de Género, Maria Teresa Granato, el hombre acumulaba tres legajos relacionados con violencia de género, conectados además con otras 56 violaciones a prohibiciones de acercamiento, y la misma cantidad de amenazas contra su ex mujer.

Como sucedió con Úrsula o Ivana, queda en la superficie una vez mas un caso de violencia de género donde los victimarios o agresores pertenecen a fuerzas de seguridad pública.

Los movimientos y organizaciones feministas, como Mumalá, alertaron que el 12 por ciento de los femicidios cometidos en Argentina en 2021 fueron perpetrados por policías, gendarmes o miembros de alguna fuerza de seguridad.

De acuerdo al seguimiento y datos que registra de las publicaciones periodísticas, Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) publica en su página de Facebook que en 2020 hubo 270 femicidios en Argentina, y 278 intentos. El 4 por ciento de los agresores eran agentes de fuerzas de seguridad, retirados o activos, y el 17 por ciento de las mujeres asesinadas había realizado denuncias previas.

Cifras que apabullan

Este 2021 la cifra no se detiene. Ya hubo 38 asesinatos violentos de mujeres, travestis y trans. De ellos, 26 fueron calificados legalmente como femicidios, mientras que Mumalá (porque no hay cifras oficiales) contabilizó 36 intentos de femicidio. El 12 por ciento de las los femicidas estaban vinculados a alguna fuerza de seguridad. Los datos de la organización desagrega que el 60 por ciento de los hechos fueron cometidos por parejas o ex parejas.

Según Mumalá, del total de casos de enero de 2021, el 25 por ciento de las víctimas en algún momento hizo presentaciones judiciales para alertar sobre los riesgos que sufría. Tan es así que el 17 por ciento de los agresores tenía medidas judiciales de prohibición o restricción de acercamiento.

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La referente de Mumala en Rosario, y coordinadora nacional de la organización, Gabriela Sosa, confirmó los datos a Aire Digital. Advirtió que hay varios aspectos que demuestran la inacción del Estado en relación al abordaje de los femicidios. “Además de la grave perpetración del hecho hay ausencia de elementos para conformar protocolos de observación crítica. En Argentina no se cuenta con información pública sobre las causas que involucran a miembros de fuerzas de seguridad, hay un vacío de datos de los femicidios, y ni hablar de los casos de violencia”.

La militante recordó que cuando estuvo al frente de la subsecretaría de Género de la Provincia impulsó la creación del Registro Único de Situaciones de Violencia de Género, que se creó por decreto. “En ese espacio se concentraban las denuncias hechas en centros de salud, hospitales, Teléfono Verde y de Ongs. "Una herramienta así no existe a nivel nacional, lo cual sería muy valioso para tener estadísticas certeras”, recalcó Sosa.

En relación a ese 12 por ciento de empleados de la fuerza de seguridad autores de femicidios, Sosa remarca que hay una doble ausencia del Estado. “Falta de estadísticas oficiales para acercarnos a la dimensión real de estas situaciones; y políticas efectivas, con perspectiva, que puedan dar cuenta de los mecanismo para hacer los seguimientos”.

“Claramente no hay herramientas de control para conocer si estas personas son separadas de la fuerza, suspendidas, si le sacan el arma. El Ministro de Seguridad Nacional hizo una composición criminal de los femicidas, pero no hay información previa, controles, sanciones o acompañamiento. Insisto no sólo hablamos de los femicidios, cuando matan a una mujer el problema es anterior, en los procesos judiciales, para conocer qué pasa con esos agresores, cuales son los mecanismos que las propias fuerzas llevan adelante. Porque no se sabe si lo separaron de la fuerza, los trasladaron, si le sacan el arma”.

El Estado no articula para evaluar los riesgos

En relación a la muerte de Ursula, cuyo femicida tenía 18 denuncias previas, Sosa entiende que “fallan claramente los mecanismos de articulación y coordinación administrativa. ¿Cómo es posible que no estén unificadas las causas por violencia de género? Se debe conocer si un agresor cometió 1, 2, 3 o 18 actos de agresión sobre una o más víctimas. Debe existir una evaluación del riesgo para esas mujeres. Esa es la primera falencia”.

“Hay una desarticulación enorme entre los tres poderes del Estado. El legislativo genera leyes una sobre otra, pero el Ejecutivo y el Judicial no tienen mecanismos para la prevención y asistencia. El acceso a la Justicia es fundamental para saber dónde está el primer registro de la denuncia y restituir rápidamente los derechos de las víctimas. En el caso de Úrsula hubo graves falencias del Estado local y del Ejecutivo nacional. Hay que fortalecer equipos para evaluar los riesgos. Hay que abrir una sola pantalla (computadora) y poder mirar si esa persona es riesgosa”, describió Sosa.

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Sobre los puntos grises que demuestra tener el sistema, propuso que, para detectar las fallas, se debe pensar en un abordaje a “nivel comunitario. Apenas sucede una situación de riesgo, el organismo que corresponda debe buscar información del recorrido previo de la víctima. Por ejemplo, si en el hospital, donde por ley deben avisar si detectan una lesión sospechosa de violencia, dónde ocurrió. Debe existir un protocolo”, insiste.

Otro punto que analizó Sosa son las distintas capas que dejan ver las violencias machistas, y la vulnerabilidad a la que quedan expuestos los hijos y las familiares de las víctimas. “Hay gente que no tiene plata ni para el cajón. Hay que ver qué pasa y cómo queda la familia, los hijos, cómo se puede abordar todo dentro de la tragedia. Sin dudas que se debe fortalecer la articulación, más anclada en la realidad de las mujeres. ¿Cómo es posible que pasen por tantos lugares y nadie evalué el riesgo”?

Por eso, de acuerdo con el observatorio de Mumalá, la confianza de las víctimas en las autoridades o espacios institucionales decae cuando no obtienen respuestas inmediatas. “Deberíamos preguntarnos por qué de diez mujeres víctimas de violencia de género solo dos hacen la denuncia. Es un 20 por ciento. ¿Qué estamos haciendo?”.

Por último, Sosa indicó a Aire Digital que el otro gran escollo es la falta de recursos que el Estado no destina a políticas públicas. Y apuntó la necesidad de implementar con mayor eficacia los dispositivos electrónicos de control para tener el posicionamiento de los denunciados. “Hay antecedentes del uso de los dispositivos electrónicos en un conjunto de tobillera o geolocalizado. En Uruguay o España se previenen delitos graves. Hay que cambiar la mirada para que las mujeres no sean las que se tengan que cuidar”.

Desigualdad, amenazas, armas y prisión preventiva

El domingo pasado se realizó la audiencia imputativa contra el policía santafesino Omar Alfredo C. La fiscal Granato le endilgó la autoría de los delitos de “amenazas coactivas, diversos hechos en concurso real, en concurso ideal con desobediencia judicial; tenencia ilegal de arma de guerra, tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil; y encubrimiento en concurso real y consumado".

Según los tres legajos contra el policía, en diversas oportunidades, diferentes días y horarios desde agosto del 2020 hasta febrero del 2021, se presentó en el domicilio de su ex pareja y le depositó escritos en el buzón de cartas con el fin de amedrentarla, atemorizarla e intimidarla.

Además incumplió de manera reiterada y sistemática la prohibición de acercamiento y cese de hostigamiento que había ordenado el Tribunal Colegiado de Familia Nº 4 de Rosario el 26 de octubre de 2016. “Todos los hechos se imputan en un contexto de violencia de género, ya que ambos tuvieron una relación de pareja dando cuenta además de una situación de desigualdad entre las partes que afectó la vida, y la integridad psíquica de la víctima”, apuntó Granato.

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También le atribuyeron haber tenido en su poder sin la debida autorización legal desde tiempo indeterminado hasta el 12 de febrero cuando quedó detenido, una pistola marca Browning S Patent calibre 25 con número de serie; un revólver marca Ruby calibre 32 largo con número de serie, un revólver sin marca calibre 22 plateado con número de serie; una pistola marca Force calibre 40 sin numeración y una pistola sin marca visible calibre 9 milímetros plateada con numeración limada.

Al mismo tiempo le imputaron haber adquirido y/o recibido a sabiendas de la comisión previa del delito de supresión del grabado de arma de fuego, la pistola sin marca visible calibre 9 milímetros color plateada y la pistola marca Force calibre 40.

El juez de primera instancia Hernán Postma tuvo por formalizada la audiencia imputativa de acuerdo al encuadre legal que expuso la fiscal, ponderó como incriminantes las evidencias, y luego de rechazar un pedido de prisión domiciliaria de la defensa, dictó la prisión preventiva efectiva para el subinspector policial por el plazo de ley.