El juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Jorge Andrés, confirmó a la Fiscalía de Delitos Complejos de Santa Fe para que continúe al frente de la causa que investiga por espionaje ilegal a al exministro Marcelo Sain y otros exfuncionarios, en su paso por el Ministerio de Seguridad provincial.
Marcelo Sain fue ministro de Seguridad entre diciembre del 2019 y marzo del 2021.
Maiquel Torcatt/ AIRE DigitalLa resolución fue a partir de que la defensa de Sain, a cargo de Hernán Augusto Martínez, solicitó que se revoque el fallo que en primera instancia del juez Jorge Patrizi que negó el pase a la Justicia federal del expediente judicial que impulsó el fiscal Ezequiel Hernández y que tiene al extitular de la cartera de Seguridad imputado como jefe de una “asociación ilícita” dedicada a receptar en forma indebida de información de ciudadanos no afectados por investigaciones penales. Tal acción, según el fiscal, se encuentra prohibida por la ley nacional de Inteligencia.
En su fallo, el juez Andrés, consideró que la Fiscalía del MPA debe seguir al frente de la investigación, pero a su vez descartó que se haya cometido alguna maniobra de espionaje ilegal ya que ninguno de los implicados forma parte de algún organismo nacional. En efecto, destacó que si pudieron ocurrir delitos de la Justicia provincial vinculados estrictamente a la función pública: como, por ejemplo, abuso de autoridad, peculado o malversación de caudales públicos.
“Conforme los supuestos de hechos que habría planteado la acusación en las audiencias imputativas, por las acciones que habrían desplegado los imputados estaríamos en presencia de ilícitos de competencia de la justicia ordinaria”, sostuvo el camarista.
“Por ejemplo, las circunstancias de obtener formación y confeccionar un informe de inteligencia, utilizando información obtenida a través de bases de datos o archivos a los que podían acceder en función de sus cargos públicos, podría subsumirse en la figura de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”, destacó Jorge Andrés.
"No es correcto la interpretación que efectúan los acusadores, de que cualquier funcionario o empleado puede realizar las conductas prohibidas en el articulo 4 de la Ley 25.520 (del de Inteligencia Nacional) , sino solo aquellos que integran el Sistema de Inteligencia Nacional", indicó en otro tramo de la resolución.
Caso Sain: las claves
- Por la causa, Sain fue formalmente imputado el 29 de noviembre del 2022 en una audiencia en donde el fiscal Ezequiel Hernández, junto con Federico Grimberg, le atribuyó haber encabezado una asociación ilícita de carácter “permanente, estable y organizada” y que fue conformada por funcionarios públicos pertenecientes al Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe y el Organismo de Investigaciones, los cuales tuvieron como objetivo cometer diversos delitos contra la administración pública y personas humanas y jurídicas.
- Según la imputación, la organización habría operado desde el 30 de diciembre de 2019 (unos días después de quedar al frente de la gestión) hasta el 26 de noviembre de 2021, cuando se desarrollaron los allanamientos en Rosario de la sede del Ministerio de Seguridad.
- Para Hernández, que estuvo al frente de la investigación de su inicio, Sain fue el jefe de la asociación ilícita, mientras que por debajo estuvieron la exdirectora de la Agencia de Control Policial (ACP), Nadia Schujman y la exfuncionaria del Organismo de Investigaciones, Débora Cotichini, en su carácter de organizadoras.
- Mientras que por debajo quedaron imputados, en carácter de miembros de la asociación ilícita, Germán Montenegro (exsecretario de Seguridad Pública), Diego Rodríguez (Exsubsecretario de Control Institucional); Milagros Bernard (Excontratada por la Subsecretaría de Control Institucional del Ministerio de Seguridad); y Pablo Álvarez (Exsubsecretario de Investigación Criminal dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública).
Más de 30 hechos
La presunta asociación ilícita, según los fiscales, cometió por lo menos 33 maniobras de espionaje ilegal en las que el grupo obtuvo, registró, sistematizó y analizó por sí mismo información obtenida respecto de personas por el sólo hecho de sus opiniones políticas, pertenencias partidarias, pertenencia a organizaciones lícitas u otras actividades lícitas. Dicha información fue volcada en múltiples “perfiles” que fueron creados por los exfuncionarios.
Dichos perfiles fueron creados en base a información obtenida mediante el chequeo de las bases de datos privadas y públicas: Sudamericadata, Nosis, Veraz. Y también las estatales Migraciones, DNRPA, Registro Civil, sistema de legajos del MPA, EPE, Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), Migraciones, Ministerio de Salud, Municipalidad de Rosario, multas de Rosario y Santa Fe, bases de datos del Ministerio de Seguridad, CUIT Online, AFIP, ReNaPer, Dateas, Tribunal Electoral de la Provincia, denuncias efectuadas ante el CTD, Banco Central, Administración Provincial de Impuestos (API), Catastro de la Municipalidad de Rosario, Datacels, Sistema de Consultas Penales Unificadas, Superintendencia de Riesgos de Trabajo, Guía del Foro del Colegio de Abogados de Rosario, Ministerio de Desarrollo Social de Santa Fe, Boletín Oficial de Santa Fe, Servicio de Catastro e Información Territorial de Santa Fe, Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe, Superintendencia de Servicios de Salud, Tribunal Municipal de Faltas de Rosario, Agencia Provincial de Seguridad Vial, Ansés.
Además, según los fiscales, el grupo de exfuncionarios realizó seguimientos en redes sociales y búsquedas en medios de noticias para lograr obtener fotografías, información relativa a relaciones personales y afiliación ideológica.
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