El abogado Daniel Rocca será parte del proceso que se sigue contra Estefanía C. y Alberto C. por el robo perpetrado en su estudio jurídico en el mes de febrero. La jueza Susana Luna admitió la constitución de querellante en una audiencia desarrollada esta mañana en los tribunales santafesinos.
Los imputados ingresaron con copia de la llave, que le habían sustraído al abogado
Desde hace un tiempo, si no hay oposición, la magistratura admite las pretensiones de querellante por escrito, sin tener que realizar una audiencia. En este caso, el acto debió realizarse ante la negativa del abogado defensor de los imputados, Franco Galazzo, quien respondió el escrito de pretensión de querella advirtiendo que los fundamentos los daría en la audiencia.
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Sin embargo, cuando el defensor comenzó a detallar esta mañana por qué se oponía a la participación de la propia víctima del delito como querellante en la causa, la jueza interrumpió la exposición porque los fundamentos no eran vinculantes a la pretensión; para Galazzo, como los imputados realizaron una compensación del daño realizado, no correspondía la constitución de querella, cuestión impertinente en relación al derecho de la víctima de ser parte en su propia causa, contemplado en el artículo 97 del Código Procesal Penal.
Rocca cuenta con la asistencia de los abogados Catalino Portillo, y Romeo y Ramiro Diaz Duarte. En cuanto a la situación de los imputados, siguen ligados al proceso tras haber recuperado la libertad en la audiencia de medidas cautelares: el hombre debió fijar domicilio en Córdoba, de donde es oriundo, y la mujer debió radicarse en Helvecia y evitar todo tipo de contacto con la víctima y su familia.
La causa fue remitida a fiscal Yanina Tolosa, quien mantiene la imputación realizada por el fiscal en turno por "robo calificado por empleo de llave verdadera sustraída" ya que la misma tenía acceso al estudio jurídico porque un familiar suyo era cliente de Rocca.
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En cuanto a la investigación, se realizará la pericia sobre los teléfonos celulares de los imputados ante la posibilidad de que haya terceros implicados en el robo que aún no han sido identificados. Una vez concluida la instrucción, se presentará la acusación para realizar el juicio, y los implicados enfrentan una posible condena de 3 a 10 años de prisión.
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