Se trata de la querella encabezada por el abogado José Chigal que, tras ser admitida por la jueza de tribunales Celeste Minitti, solicitará en los próximos días una nueva audiencia para que se revea la situación procesal de Néstor Gabriel Segovia y Camila Dos Santos Rizzi.
Ambos acusados fueron imputados por estafas reiteradas y actualmente se encuentran en libertad luego de un acuerdo establecido entre la defensa del caso, a cargo Agustín Márquez y Esteban Yossen, con la Fiscalía.
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En dicha resolución, las partes acordaron que los imputados elaboren un plan de resarcimiento para las víctimas luego de provocar un fraude de 27.768.800 pesos, que al ser actualizado por inflación podría ser aún mayor.
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El momento en que Segovia fue trasladado a sede policial para ser identificado.
Un mes después, Segovia y Dos Santos Rizzi presentaron una propuesta basada en la venta de los dos autos que fueron secuestrados en la causa -una Jeep Renegade y un Ford Fiesta- y a partir de esa ganancia que el dinero sea destinado a las familias que pagaron por casas prefabricadas que nunca se levantaron.
Esa propuesta, según indicaron desde la querella de Chigal a AIRE, no convence a los damnificados, por lo que evalúan solicitar una nueva audiencia para rever la situación procesal de los imputados.
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Por el caso, además hay otras dos querellas representadas por la abogada Clara Vázquez y Melisa Carolina Lógica, que representan por separado a dos víctimas de la causa iniciada a principios del 2024 y que acusó a los titulares de la constructora por estafas.
Según la acusación, entre enero de 2021 y los primeros de junio, la empresa acordó la ejecución de una serie de viviendas prefabricadas en su local de Facundo Zuviría al 6600.
Fiscalía sostiene que el imputado -en la mayoría de los casos- se comprometió a edificar viviendas de diferentes características, a sabiendas de que no tenía los medios para cumplirlo. De hecho, la causa estableció que Segovia ofrecía condiciones de contratación ventajosas, bonificaciones de la platea de construcción, facilidades de pago, toma de dólares a cotizaciones superiores a las del valor de mercado y “congelamiento de precios” mediante entregas mínimas de dinero.
Cuando las personas demostraban interés en el negocio que Segovia proponía, acordaban señas en efectivo o transferencias bancarias y distintos esquemas de cuotas para saldar el total de la compra de la casa. El acuerdo establecía que una vez pagado el 70% del contrato, la empresa se comprometía a ejecutar la obra y finalizarla en un plazo de 90 días. Sin embargo, en ninguno de los casos ocurrió y a raíz de ello el empresario fue denunciado penalmente por las personas damnificadas.
