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Policiales estafas | Santa Fe | Santa Fe

Admitieron a la tercera querella en la causa que investiga por estafas a la firma de viviendas Moderno House

PRIMERO EN AIRE | La jueza Celeste Minniti admitió como querellante al abogado José Ignacio Chigal por lo que se suspendió la audiencia prevista para este miércoles.

La jueza Celeste Minniti admitió como querellante abogado José Ignacio Chigal, en marco de la causa conocida como Moderno House, que investiga presuntas estafas con la construcción de viviendas prefabricadas a familias de Santa Fe y Entre Ríos. La decisión era esperada por los damnificados en la causa de estafas. Fue primicia de AIRE.

La constitución de querellante iba a ser discutida en una audiencia fijada para este miércoles a las 15, sin embargo, según pudo saber AIRE, para tomar la decisión, la jueza tuvo en cuenta los argumentos vertidos por Chigal en diferentes escritos y en las intimaciones al fiscal de la causa para que acompañe los poderes.

Debido a esta resolución de la jueza Minniti, la audiencia fue suspendida y Chigal ya es querellante en representación de 13 damnificados, el proceso que tiene imputados a Néstor Gabriel Segovia y a Camila Dos Santos.

LEER MÁS ► El imputado por estafas con viviendas prefabricadas deberá presentar una propuesta a las víctimas

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El sospechoso fue detenido, imputado en tribunales y recuperó la libertad con medidas alternativas a la prisión preventiva

El sospechoso fue detenido, imputado en tribunales y recuperó la libertad con medidas alternativas a la prisión preventiva

Cronología del caso Moderno House

La acusación contra Segovia tiene como eje que el santafesino, entre enero de 2021 y los primeros de junio, acordó la ejecución de una serie de viviendas prefabricadas que ofrecía mediante la Moderno House, ubicada en un local de Facundo Zuviría al 6600.

Según estableció la investigación, el imputado -en la mayoría de los casos- se comprometió a edificar viviendas de diferentes características, a sabiendas de que no tenía los medios para cumplirlo. Para el fiscal Federico Grimberg, Segovia ofrecía condiciones de contratación ventajosas, bonificaciones de la platea de construcción, facilidades de pago, toma de dólares a cotizaciones superiores a las del valor de mercado y “congelamiento de precios” mediante entregas mínimas de dinero.

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Las estafas son investigadas por el fiscal Federico Grimberg

Las estafas son investigadas por el fiscal Federico Grimberg

Cuando las personas demostraban interés en el negocio que Segovia proponía, acordaban señas en efectivo o transferencias bancarias y distintos esquemas de cuotas para saldar el total de la compra de la casa.

El acuerdo establecía que una vez pagado el 70% del contrato, la empresa se comprometía a ejecutar la obra y finalizarla en un plazo de 90 días. Sin embargo, en ninguno de los casos ocurrió y a raíz de ello el empresario fue denunciado penalmente por las personas damnificadas.

Las 11 estafas imputadas hasta el momento fueron por construcciones no concretadas en las localidades de Santa Fe, Santa Rosa de Calchines, Sauce Viejo, San Jerónimo Norte, Gálvez, Santo Tomé, San Benito y Colonia Ensayo (las últimas dos pertenecen a Entre Ríos); las personas que contrataron a la empresa del imputado para llevar a cabo esas obras le pagaron entre 2021 y el año pasado.

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Policías del grupo táctico mientras custodiaban el ingreso al domicilio mientras se realizaba el allanamiento.

Policías del grupo táctico mientras custodiaban el ingreso al domicilio mientras se realizaba el allanamiento.

Libertad y compromiso de resarcimiento

El fiscal Grimberg sostuvo que la evidencia reunida en la causa hasta el momento, avala la probabilidad de autoría de Segovia en los delitos atribuidos, imputado por estafas reiteradas. La imputación precisa que las estafas fueron por un total de 27.768.800 pesos –monto que al ser actualizado por inflación implica una cifra significativamente superior, perpetradas entre enero de 2021 y los primeros días de junio de 2024.

Sin embargo, la pena en expectativa por el delito de estafas, para una persona que no tiene antecedentes como es el caso de Segovia, la ley comprende que podrá ser de ejecución condicional, por lo que no se cumple en este caso uno de los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal para el dictado de la prisión preventiva. En cuanto a los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento probatorio, Grimberg sostuvo que se pueden controlar con una serie de medidas alternativas.

Entre ellas, el fiscal enumeró: presentación quincenal en el MPA, el embargo de dos vehículos -un jeep Renegade y un Ford Fiesta-, inhibición sobre los bienes del imputado por 50 millones de pesos y presentar en menos de un mes una propuesta de resarcimiento para las víctimas de las estafas.

Para poder presentar esta propuesta, el imputado requirió a través de sus abogados defensores que se levante el embargo que pesa sobre los dos vehículos, a fin de venderlos y con ese dinero presentar una propuesta. Este punto iba a ser discutido en una audiencia este miércoles que fue suspendida en las últimas horas.