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Policiales estafas | Ciudad de Santa Fe | Santa Fe

El imputado por estafas con viviendas prefabricadas deberá presentar una propuesta a las víctimas

Néstor Segovia tiene un plazo de 30 días para presentarle una propuesta de resarcimiento a las víctimas de las estafas con viviendas prefabricadas.

El plazo fue establecido en un acuerdo entre el fiscal Federico Grimberg y los abogados defensores Agustín Marquez y Esteban Yossen en el marco de una audiencia de medidas cautelares realizada en la sala 1 de tribunales ante el juez Nicolás Falkenberg.

Además, se estableció un embargo sobre dos vehículos, una inhibición sobre sus bienes por 50 millones de pesos y la prohibición de salir del país.

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Antes del inicio de la audiencia, nueve de los 11 estafados habían reclamado al magistrado que Segovia continúe detenido porque es "un estafador profesional" y un "hombre peligroso".

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Segovia, al momento de ser detenido en el allanamiento. Ahora recuperó la libertad bajo una serie de medidas alternativas

Segovia, al momento de ser detenido en el allanamiento. Ahora recuperó la libertad bajo una serie de medidas alternativas

Resarcir las estafas

El fiscal Grimberg sostuvo que la evidencia reunida en la causa hasta el momento, avala la probabilidad de autoría de Segovia en los delitos atribuidos, imputado por estafas reiteradas. La imputación precisa que las estafas fueron por un total de 27.768.800 pesos –monto que al ser actualizado por inflación implica una cifra significativamente superior, perpetradas entre enero de 2021 y los primeros días de junio de 2024.

Sin embargo, la pena en expectativa por el delito de estafas, para una persona que no tiene antecedentes como es el caso de Segovia, la ley comprende que podrá ser de ejecución condicional, por lo que no se cumple en este caso uno de los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal para el dictado de la prisión preventiva. En cuanto a los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento probatorio, Grimberg sostuvo que se pueden controlar con una serie de medidas alternativas.

Entre ellas, el fiscal enumeró: presentación quincenal en el MPA, el embargo de dos vehículos -un jeep Renegade y un Ford Fiesta-, inhibición sobre los bienes del imputado por 50 millones de pesos y presentar en menos de un mes una propuesta de resarcimiento para las víctimas de las estafas.

En tanto, la pareja de Segovia, una mujer identificada como Camila Rizzi Dos Santos, fue citada a audiencia imputativa el 25 de junio en la sede del MPA.

Previo al desarrollo de la audiencia, nueve damnificados declararon ante el juez Falkenberg y le reclamaron que no le otorgue la libertad al imputado: "Es un estafador profesional, un ladrón peligroso. Nos robó nuestros sueños y los ahorros de toda la vida", reclamaron.

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El fiscal Federico Grimberg investiga las estafas atribuidas a Segovia

El fiscal Federico Grimberg investiga las estafas atribuidas a Segovia

Modus operandi

Entre enero de 2021 y los primeros días de este mes, el imputado simuló la existencia de una empresa de construcción solvente y con capacidad operativa que tenía un local comercial ubicado en Facundo Zuviría al 6.600 en la capital provincial. A través de contratos, se comprometió a edificar viviendas de diferentes características, a sabiendas de que no tenía los medios para cumplirlo.

"Entre otras estrategias para captar clientes, el hombre investigado ofrecía condiciones de contratación ventajosas, bonificaciones de la platea de construcción, facilidades de pago, toma de dólares a cotizaciones superiores a las del valor de mercado y 'congelamiento de precios' mediante entregas mínimas de dinero", enumeró el fiscal.

Una vez que las personas demostraban interés en el negocio que él les proponía, acordaban señas en efectivo o mediante transferencias bancarias y esquemas de cuotas para saldar el total de la compra. En todos los casos, con el pago del 70% del contrato, la empresa debía comenzar a ejecutar la obra y finalizarla en un plazo de 90 días, lo cual no ocurrió.

Las 11 estafas fueron por construcciones no concretadas en las localidades de Santa Fe, Santa Rosa de Calchines, Sauce Viejo, San Jerónimo Norte, Gálvez, Santo Tomé, San Benito y Colonia Ensayo (las últimas dos pertenecen a Entre Ríos); las personas que contrataron a la empresa del imputado para llevar a cabo esas obras le pagaron entre 2021 y el año pasado.