"La Unidad Regional II está siendo intervenida y poniendo en funciones al interventor por tres meses, con la posibilidad de extensión en caso de ser necesario", anunció el ministro en el marco de una conferencia de prensa que brindó junto al fiscal José Luis Caterina y el fiscal Regional del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Matías Merlo.
Cococcioni consignó que "se designó como interventor al director general retirado y ahora reincorporado, Claudio Romano, quien ya fuera jefe de esa unidad regional en tiempo pasado", y agregó que también se encomendó "una auditoría integral de gestión logística y administrativa de la Unidad Regional II, con énfasis en el área de movilidad y en los controles de carga de combustibles".
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Respecto de la situación del personal institucional, Cococcioni remarcó que habrá distintos grados de involucramientos, por lo que "desde el Ejecutivo, de manera preventiva y sin prejuzgar acerca de las responsabilidades de cada funcionario, el jefe de la URII queda desplazado por efecto mismo de esta intervención y expuesto a disposición del jefe de Policía de la provincia para que en un momento posterior se evalúen sus funciones".
"Hay funcionarios que quedan en disponibilidad, como así también numerarios", completó el funcionario.
Cococcioni destacó la importancia de la investigación y el esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Seguridad y el MPA y aseguró que las maniobras ilícitas no solo afectan económicamente al Estado, sino que también compromete la seguridad pública.
"La investigación sigue en torno a una sobrefacturación de combustible".
Por su parte, el fiscal Caterina reveló que la investigación se inició "tras una denuncia anónima por correo postal", y que "se pudo ir viendo una malversación de caudales públicos de mucha consideración y estimamos aproximadamente alrededor de los 45 millones de pesos que se roban al Estado".
"Gran parte de lo que se baja para la intensificación del patrullaje y carga de móviles, se concentraba en una estación", aseguró.
