Santa Fe: la Justicia ordenó demoler un inmueble usurpado y utilizado para vender drogas en barrio Sur
Está ubicado en la esquina de Monseñor Zaspe y Doctor Zavalla y desde hace diez años lo ocupaban ilegalmente un grupo de personas. En mayo fue allanado por una causa de microtráfico.
La "casona" se convirtió en los últimos años en un completo aguantadero de personas ligadas al delito.
La Justicia ordenó demoler una vieja casona del barrio Sur de Santa Fe que desde hace por lo menos diez años fue usurpada por un grupo de personas y utilizada para vender drogas al menudeo.
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Se trata de un inmueble ubicado en la esquina de Monseñor Zaspe y Doctor Zavalla, el cual fue allanado el pasado 9 de agosto por agentes de la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de una causa de microtráfico que investigó cómo un grupo de niños menores de edad comercializaban estupefacientes.
Tras el allanamiento, el fiscal del caso, Arturo Haidar, solicitó la demolición de la vivienda al considerar que la existencia y permanencia del inmueble en sus condiciones actuales favorece la circulación constante de personas vinculadas al consumo problemático y a economías ilícitas que afectan la tranquilidad y seguridad de los vecinos.
El pedido fue aceptado por el juez penal Sergio Carraro, en una audiencia realizada en tribunales el viernes, por lo que el magistrado ordenó el derrumbe de la propiedad construida 90 años atrás.
Un aguantadero permanente
Se estima que la “casona” se encuentra usurpada desde hace por lo menos diez años y desde entonces fue el foco de reiterados hechos delictivos: robos, venta de drogas y hasta trata de personas.
Por ejemplo, en 2021, agentes de la entonces División Informaciones de la Unidad Regional I allanaron el domicilio en busca de tres jóvenes que durante la madrugada del 17 de noviembre de ese año incendiaron seis automóviles estacionados en distintas zonas del centro de Santa Fe.
Mientras que en 2023, una causa de la Justicia federal puso la lupa sobre ese inmueble al detectar que una chica en situación de calle se alojó en la casona durante tres meses y fue explotada sexualmente por un proxeneta identificado como Ricardo Alberto Díaz, actualmente condenado a cinco años de prisión por trata de personas.
Este año, finalmente, una llamada al 911 alertó sobre la presencia en el lugar de menores de 8 y 9 años que comercializaban estupefacientes bajo las ordenes de su madre. A raíz de ello, se inició una causa en la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico que derivó en el allanamiento del lugar y detención de un grupo de personas, el pasado 9 de mayo. En dicho procedimiento, los investigadores secuestraron cocaína y marihuana acondicionadas para su comercialización, dinero en efectivo, teléfonos celulares y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias estupefacientes.
Derrumbe de un foco de conflicto
En paralelo a la causa, el fiscal inició una investigación sobre el inmueble y detectó que las instalaciones eléctricas resultan precarias y antirreglamentarias y constituyen un riesgo concreto para eventuales ocupantes y terceros.
Además, la Fiscalía recibió un informe que el patio de la vivienda se convirtió en un basural a cielo abierto, con acumulación de residuos, muebles y desechos de distinta naturaleza, convirtiéndose en un claro foco de contaminación y nidos de ratas.
No obstante, el organismo recibió una serie de testimonios de vecinos que ratificaron como el domicilio se convirtió en un lugar permanentemente atravesado por disturbios, violencia, circulación constante de personas vinculadas al consumo problemático y utilización del lugar por personas asociadas a economías delictivas. Inclusive, el Ministerio de Seguridad reportó que entre agosto del 2025 y mayo del 2026, se generaron un total de 642 cartas de incidencias policiales por hechos en el domicilios o inmediaciones.







