La imputación estuvo a cargo de los fiscales Javier Arzubi Calvo, Soledad García y María Virginia Sosa, que iniciaron una investigación a partir una denuncia impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) al detectarse que unas 5000 encomiendas internacionales no habían sido entregadas a sus destinatarios.
El caso quedó a cargo de la Oficina de Criminalidad Económica de la Unidad Fiscal de Rosario, que con el devenir de la investigación descubrió la existencia de un sistema paralelo ilegal ideado por funcionarios del Correo Argentino de Rosario para el ingreso de mercaderías extranjeras al país, evadiendo los controles aduaneros y el pago de tributos.
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Entre los investigados se encuentran bajo sospecha Hugo L. (cesanteado del Correo en abril del 2023), Eduardo C., Maia L. y Juan Pablo A., quienes se desempeñaban en el área Encomiendas Internacionales de la sede Rosario del Correo Argentino (Córdoba 721).
Cobro particular
Para la Fiscalía, el ardid consistía en sustraer las encomiendas que llegaban en las sacas de la localidad de Monte Grande, y las entregaban directamente a los domicilios particulares, previo cobro de una tarifa que, según estableció la investigación, estaba estipulada en 30 dólares el kilo, lo que representaba el 50 por ciento de los tributos que debían pagar los destinatarios.
CORREO ARGENTINO ENCOMIENDAS FRAUDE 2
Dólares, pesos y computadoras. Parte de los elementos secuestrados por la Policía Federal de Rosario.
La pesquisa determinó que luego de ser sustraídas las encomiendas, los paquetes en su mayoría iban a los domicilios de Juan Pablo G. (San Martin al 400 de Rosario), y a Sarmiento al 300 de Arroyo seco; de Javier J., y de otras personas que aún no fueron identificadas.
Se cree que la maniobra comenzó el 1° de enero del 2023 y desde entonces se desviaron un total de 486 encomiendas que en su mayoría contenían juguetes coleccionables, CDS, vinilos, insumos de odontología y estética, por un valor de la mercadería de 155.000 dólares.
Lazos y roles de la banda
- En el caso de Hugo L. está señalado como diseñador del sistema y el encargado del mismo hasta su retiro en abril de 2024. Mientras que a Eduardo C., el jefe del Nodo Rosario, se le endilgó no solo no ejercer el debido control sobre sus subordinados, sino participar de las maniobras con el cobro de la tarifa a destinatarios o en la entrega de paquetes.
- Maia L. era la encargada de hablar con los destinatarios, cobrar el dinero y coordinar la entrega de las encomiendas, ya que por su posición laboral tenía acceso directo a manipular las sacas que llegaban de Monte Grande. Su compañero, Juan Pablo A. , por su parte, era colaborador y estaba en complicidad directa con L. ya que ocupaban el mismo espacio laboral.
- En el caso de Juan Pablo G. se lo imputó por el ingreso de 486 encomiendas sin el pago de tributos, las que ingresó a nombre de Maria Eugenia A. (esposa), Mariano C., Daniela H. y Tomas A., y recibió en su domicilio de calle San Martin al 400.
- A Maria Eugenia A. se le atribuyó ser partícipe secundaria de la maniobra, al haber colaborado con su esposo a los fines de poder continuar con el ingreso de la mercadería sin el pago de los tributos, específicamente recibiendo paquetes en Sarmiento al 300 de Arroyo Seco.
Medidas cautelares
Por el caso, el juez federal Eduardo Rodrígues Da Cruz dio por formalizada la investigación y ordenó la prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria para Hugo L., Eduardo C., Maia L.
Respecto de Juan Pablo A., el cuarto empleado involucrado en las maniobras, llegó 15 minutos más tarde de la hora fijada para el inicio de la audiencia, por lo que el juez decidió reprogramar otra audiencia para formalizar la investigación en su contra.