La seguridad se transformó en Rosario en un problema endémico desde hace poco más de una década cuando los homicidios se triplicaron en 2013 –con 263 crímenes- y nunca más bajaron a los niveles estándar que mostraba la ciudad que eran similares a los de Córdoba, con cifras que no superaban los 110 asesinatos.
En lo que va de esta nueva gestión, los números muestran una baja pronunciada de los asesinatos en Rosario.
La violencia que empezó a supurar de las luchas por pequeños territorios del microtráfico que manejaban bandas rústicas y marginales creció y se devoró todo en lugares donde el Estado en todas sus variantes había comenzado a perder peso, no tanto por la falta de inversión de fondos, sino más bien por el tipo de políticas varias de ellas erráticas, que algunas fracasaron porque no se mantuvieron en el tiempo.
El caso más paradigmático es el plan Abre y otras experiencias que dieron buenos resultados, como el abordaje multiagencial que se hizo en barrio Municipal en el sur de Rosario, donde un sector del Fonavi cambió de forma radical y se produjo un descenso brusco de la violencia.
La seguridad y la violencia asociada al narcomenudeo se transformaron en problemas sin solución aparente, con agravantes que se sumaron en este último tiempo, como la crisis en el sistema penitenciario. En lo que va de esta nueva gestión, que es muy poco, los números muestran una baja pronunciada de los asesinatos en Rosario.
En febrero es donde se da el mayor contraste. En ese mes en 2023 se cometieron 33 homicidios, mientras que en 2024 se produjeron 6. En enero también hay un descenso de 26 crímenes en 2023, a 16 en 2024.
En el gobierno de Santa Fe mostraron más cautela que el Ministerio de Seguridad de la Nación, cuya ministra Patricia Bullrich expone de forma muchas veces exagerada resultados que son muy preliminares y que no muestran por ahora una tendencia consolidada.
Una muestra de esto es que Bullrich organizó una reunión con periodistas de los principales medios de Buenos Aires para que publicaran esos datos halagadores. En Santa Fe probablemente le iban a preguntar por la escasez de gendarmes en Rosario, que es bastante pronunciada. No hay conflicto porque los homicidios bajaron.
En el Ministerio de Seguridad de la Nación se adjudican que la baja de homicidios es por el llamado operativo “Bandera”. Lo dicen con una convicción profunda pero no hay un argumento que explique la razón del cambio en el escenario criminal. Federico Angelini, subsecretario de Intervención Federal, calculó que la baja en los crímenes fue del 47.83% a nivel interanual.
Pablo Coccocioni, titular de la cartera de Seguridad, trató de ser cauto con las cifras. En diálogo con AIRE puso dos temas que pueden haber influido en el descenso de la violencia, algo que –según él- no sólo se dio en Rosario, la ciudad más problemática, sino también en toda la provincia.
Una razón, de acuerdo a la mirada de Coccocioni, es que se incrementó la cantidad de patrullaje en Rosario desde el 11 de diciembre. Ese día, el primero de la gestión, había 12 móviles que circulaban por Rosario. Más de 300 autos, según denunciaron públicamente, estaban acopiados, con desperfectos, en distintos sitios de la URII.
A fines de febrero la situación mejoró. Lograron poner en marcha 103 patrulleros -83 autos y 20 motos-, con picos de 113 en algunos momentos del día, sobre todo a la madrugada. El otro motivo que ayudó a la baja de los crímenes, según la mirada del ministro de Seguridad, fue que los cambios en los presos de alto perfil, que implementaron días después de asumir, se mantuvieron. “Mostramos que es una política que se va a sostener en el tiempo”, aseguró.
En el medio de los datos positivos, que el propio Javier MIlei los destacó en su intervención en el Congreso de la Nación, surgió una trama espesa que tiene a tres policías presos, acusados de plantar tres armas al chofer de un narco de la zona oeste, al que querían perjudicar para favorecer a Mauricio Ayala, un competidor que desde hace tiempo quería quedarse con la hegemonía de la venta de drogas en los Fonavi.
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No eran armas comunes. Las tres pistolas habían sido utilizadas en ataques y amenazas que tuvieron a Pullaro como víctima. Marcos Martín Molina, uno de los uniformados, guardaba esas armas, que eran material de prueba, en su casa. Según el fiscal Franco Carbone, los policías habrían cobrado 5.000.000 de pesos por hacer esa maniobra. En el medio de esa trama que se dilucidaba en el Ministerio Público de la Acusación fue asesinado Leo Tripi, que lideraba esa banda junto con su hermano Iván, que está detenido. Ayala, el rival de los Tripi, fue allanado y tiene orden de captura, pero logró fugarse.
Dos días después de la detención de los policías del Comando Radioeléctrico, fue aprehendido un efectivo de la PDI por efectivos de Asuntos Internos. Lo interceptaron cuando se dirigía a su trabajo, pero lo extraño es que llevaba en un bolso ropa de la TOE, una fuerza en la que prestó servicios entre julio de 2015 y octubre de 2020. En un allanamiento que se hizo en su casa se secuestraron varias armas, entre ellas una pistola FM HI Power modelo M95 Classic calibre 9 milímetros con numeración limada, además de cartuchos intactos 12/70, calibre 38, calibre 22, calibre 45 y calibre 762.
La historia reciente de Rosario está plagada de jefes policiales que estaban enrolados en bandas narco, como la de Esteban Alvarado y Los Monos. Uno de los casos más significativos fue que el jefe de Inteligencia de la Policía de Investigaciones Javier Makhat vivía en un departamento de lujo que era de Alvarado, que usó gran parte de la estructura de la fuerza de seguridad, entre ellas a la División Judiciales, para perjudicar a Los Monos en causas que se tramitaban en la justicia provincial. Los Cantero a su vez también tuvieron siempre efectivos leales al grupo narco, como Juan Chavo Maciel o Juan José Raffo. Lo que reaparece es un nuevo capítulo de estas tramas de complicidades que alimentaron que la violencia creciera en Rosario desde 2013.
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