Tres policías rosarinos sospechados de haberle "plantado armas" a una banda narco para vincularla con las amenazas al gobernador Maximiliano Pullaro fueron imputados este miércoles en el Centro de Justicia Penal de Rosario. La audiencia fue presidida por la jueza Melania Carrara quien dispuso la prisión preventiva de los tres agentes. El hecho es investigado por el fiscal Franco Carbone, quien atribuyó a los policías la coautores de encubrimiento agravado, tenencia ilegitima de arma de guerra e intimidación pública, entre otros delitos.
Las pistolas que fueron utilizadas en las balaceras, y que la policía "le plantó" a otra banda
Los policías involucrados, identificados como Marcos Martín Molina, Damián Gerardo Ruiz y Lisandro Emanuel Vera, fueron detenidos durante el fin de semana, luego de que se detectara que habían recibido armas de fuego utilizadas en varias balaceras, habían fraguado un procedimiento y habían plantado las armas a un tercero ajeno a los hechos. En la audiencia fueron asistidos por los defensores Jorgelina Burro, por Molina, y Facundo Borquez, por Ruiz y Vera, y cuestionaron la imputación fiscal.
Desde el móvil de AIRE en Rosario, Rodrigo Miró dio precisiones del caso al finalizar la audiencia en la que se dispuso la prisión preventiva de los policías investigados. Al momento de resolver, la magistrada sostuvo que "la investigación del MPA es compleja y extensa. De la defensa sólo pude escuchar disconformidad, pero ningún argumento sólido para contrarrestar lo presentado por el fiscal respecto de las conductas desplegadas por los acusados" .
El caso
Carbone relató en la audiencia los hechos que se les endilgan a los policías, quienes se desempeñan en diferentes áreas: Molina actualmente cumple funciones en el Centro de Justicia Penal de Rosario, en la Dirección General de Coordinación con las oficinas de Gestión Judicial; Ruiz y Vera se encuentran en el Tercio Bravo del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional II, Rosario.
Según la imputación, los policías encubrieron seis ataques armados perpetrados en Rosario: la balacera al Banco Macro del 12 de diciembre de 2023, donde dejaron un mensaje amenazante al gobernador en la puerta de los cajeros automáticos; la balacera al hospital Clemente Alvarez de la medianoche del 13 de diciembre de 2023, donde también se dejo una nota amenazante al gobernador; una balacera a la Comisaria 19 perpetrada el 27 de diciembre de 2023, con una amenaza hacia una persona que daría información a la policía; la balacera a la sede de las TOE perpetrada el 20 de enero, también con una nota amenazante; el ataque a un domicilio ubicado en Pedro Lino y Cerrito, el 22 de enero, en el que un hombre resulto herido; y un ataque al bar de una estación de servicio ubicada en avenida 27 de Febrero y Avellaneda, el 23 de enero pasada la medianoche, donde también se dejo un mensaje amenazante.
“Concretamente, Molina, Ruiz y Vera con su accionar no solo ayudaron a los autores, coautores y/o partícipes de estos hechos a eludir las investigaciones de la autoridad y sustraerse del accionar de la justicia, sino que además ocultaron las armas de fuego utilizadas para cometerlos, y en su carácter de funcionarios policiales, no denunciaron la perpetración de estos delitos, estando obligados a promover la persecución penal de los mismos”, precisa la imputación fiscal.
Para la Fiscalía, el policía Molina recibió las armas de fuego utilizadas en los hechos, minutos después de perpetrarse los ataques: una pistola semiautomática calibre .40 mm marca Taurus Millenium G2, utilizada en las balaceras al Banco y al Hospital; una pistola semiautomática calibre .380 CP, Bersa Thunder utilizada para disparar contra la Comisaría 19na. y la pistola semiautomática calibre .9x19 mm, Taurus PT917C, utilizada para balear a la TOE, la estación y al hombre que resulto herido.
Luego, Molina le entregó estas armas a los otros dos policías imputados, Ruiz y Vera, el 30 de enero, para que éstos simulen un procedimiento de identificación, requisa y secuestro falsos, atribuyendo falsamente la comisión de los mismos a un tercero ajeno a los hechos, "desviando de esta forma mendaz y maliciosamente el accionar de la justicia", remarcó Carbone. Este “falso procedimiento” ocurrió el 31 de Enero, cuando Ruiz y Vera circulaban a bordo de un patrullero del Tercio Bravo del Comando Radioeléctrico de Rosario, en inmediaciones del complejo de viviendas tipo FONAVI, en Avenida Rouillon y Pasaje Ancuña. En el interior del móvil llevaban las armas que les había entregado Molina, y también una tapa de cartón de zapatilla con la inscripción Adidas, que contaba en su parte trasera con la nota “TOE DEJEN DE JODE PORQ NI PULLARO LOS VA A SALVAR”, también entregado por Molina, todo dentro de una bandolera celeste.
Pasada la una de la mañana, los policías imputados interceptaron a Alexis Michel Chavez Mansilla, quen se encontraba junto a otras personas al lado de una camioneta Toyota Hilux. Los agentes sabían que Chavez se iba a encontrar en ese lugar y que trabaja como chofer de “Leo Tripi” (líder de una facción narcocriminal que opera en la zona, y que fue asesinado este martes): todas las notas de las balaceras encubiertas estaban vinculadas a esta banda. Además, Chavez es primo del “Morocho” Mansilla, “reconocido miembro del hampa local”, detalla la imputación.
A ese lugar arribaron de manera casual otros dos policías del Tercio Bravo, y “sin mediar motivo ni causal suficiente que amerite tal proceder, Ruiz y Vera identificaron a Chavez, y luego realizaron una serie de requisas en la camioneta del sujeto identificado, simulando con su accionar el secuestro desde el interior de la camioneta, las armas de fuego y la nota que estaban en la bandolera, y detuvieron a Chávez, que luego, con la información falseada, se convirtió en detención por orden fiscal.
Damián Gerardo Ruiz y Lisandro Emanuel Vera realizaron un acta de procedimiento con información falsa el 31 de enero, “a los fines de borrar los rastros de los delitos precedentes, colaborando de esta manera con los verdaderos autores de los hechos”. El fiscal agregó que “días mas tarde, en momentos en que se presentaron en sedes del MPA de calle Sarmiento 2850 de Rosario, se les reprocha haber afirmado falsedades en perjuicio del imputado Alexis Chávez en torno a su declaración” cuando fue citado para declarar en torno al procedimiento en el que fue detenido.
En tanto, los otros dos policías que llegaron eventualmente al lugar, “consintieron el contenido falso inserto en el acta de procedimiento”, y firmaron el acta, “a sabiendas del contenido falaz de dichas declaraciones, todo ello faltando a las obligaciones a su cargo, respecto de la maniobra ilícita realizada por sus compañeros Ruiz y Vera”, sostuvo la Fiscalía, y también cuando fueron citados a declarar en el MPA, el 7 de febrero. Estos dos agentes recuperaron la libertad y fueron imputados por el hecho.
Por todas estas conductas desplegadas por los policías “hicieron incurrir en error a los funcionarios judiciales actuantes, ocasionando que la fiscal Karina Bartocci disponga la detención en perjuicio de Chávez, para que luego sea imputado por Carbone y el fiscal adjunto Federico Rebola, y por último a la jueza María Melania Carrara, admita la imputación y ordene medidas alternativas a la prisión preventiva para Chávez, que había sido privado ilegítimamente de su libertad como consecuencia del accionar de los policías.
En la audiencia de este miércoles, el fiscal Carbone sostuvo que el mismo 31 de enero ya tenía el dato, aportado por un informante anónimo, que la detención de Chávez había sido falseada. Debía imputar al hombre detenido, sabiendo que el parte policial podía estar fraguado; entonces solicitó un cuarto intermedio de una semana para poder conseguir datos que fundamenten la información que le habían pasado. “El parte policial estaba lleno de mentiras”, remarcó Carbone. Además, el teléfono de Chaves Mansilla no tenía ningún registro de haber recibido armas o de balaceras. “Igualmente, pensamos que podía tener otro. Pero era dudoso”, expresó.
Los testimonios recabados también ponían en duda la información del acta de procedimiento: mientras que el parte decía que habían tenido que irse del lugar por la hostilidad de los vecinos, la gente del barrio vio subir a Chávez a la camioneta, sin resistirse. “Nosotros trabajamos con toda velocidad para poder saber qué había pasado, porque si bien Chaves tiene vinculación familiar y personal con gente de una banda, no tenía nada que ver con lo que le habían armado. Y esto es grave, porque hubo policías que trabajaron para proteger a narcos y desviar la investigación hacia la banda rival de los que habían hecho atentados y amenazado al gobernador”, remarcó Carbone.
“En un contexto en el que un gobernador recién asumido es amenazado en 25 ocasiones con balaceras, tema del que habló todo el país, estos policías estaban en contacto con quienes ejecutaban los atentados. Y no sólo eso, sino que tenían las armas y montaron un operativo para adjudicárselo a una de las bandas en disputa. Encima, cuando empieza a quedar a la vista lo que habían hecho, mágicamente se frenan las amenazas. Yo no sé si ellos tenían relación con otros agentes, o si tenían órdenes de alguien de arriba. Pero sí sabemos lo que hicieron ellos, que es gravísimo”, concluyó Carbone.
La jueza Carrara entendió que hay suficiente evidencia para sostener la apariencia de responsabilidad de los tres policías en los hechos atribuidos: "No tenían hasta acá conflicto con la ley, tienen familia constituida y domicilio, pero los hechos investigados son graves. Además hay gravedad institucional en lo inusitado de los atentados que se mencionaron en esta investigación", valoró la magistrada, al momento de dictar la prisión preventiva de los agentes.
Calificación legal
Marcos Martín Molina fue imputado como autor de seis hechos de encubrimiento doblemente agravado en función de la pena del delito precedente y por haber sido cometido por un funcionario público, privación ilegítima de la libertad por abuso funcional (por autoría mediata), tenencia ilegal de arma de fuego de guerra (tres hechos en concurso ideal), intimidación pública (por autoría mediata), todos ellos en concurso real y en carácter de autor material y/o mediato.
Damián Gerardo Ruiz fue imputado como autor de seis hechos de encubrimiento doblemente agravado en función de la pena del delito precedente y por haber sido cometido por un funcionario público, privación ilegítima de la libertad por abuso funcional (por autoría material y autoría mediata), portación ilegal de arma de fuego de guerra – tres hechos en concurso ideal -, intimidación pública, falso testimonio agravado en causa criminal en perjuicio del inculpado, falsedad ideológica de instrumento público, todos ellos en concurso real y en carácter de autor y/o coautor material y/o mediato.
Lisandro Emanuel Vera fue imputado como autor de seis hechos de encubrimiento doblemente agravado en función de la pena del delito precedente y por haber sido cometido por un funcionario público, privación ilegítima de la libertad por abuso funcional (por autoría material y autoría mediata), portación ilegal de arma de fuego de guerra – 3 hechos en concurso ideal -, intimidación pública, falso testimonio agravado en causa criminal en perjuicio del inculpado, falsedad ideológica de instrumento público, todos ellos en concurso real y en carácter de autor y/o coautor material y/o mediato.
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