En ese operativo los agentes de esta fuerza secuestraron un arsenal, con un tipo de armamento que no es común ver en manos de los grupos criminales locales. Entre las armas incautadas había tres fusiles Colt M4, una carabina que usa una munición calibre 5,56 mm, que no es muy fácil de conseguir en Argentina. Este tipo de fusil, que es un derivado del AR-15, es fabricado por la empresa Colt de Estados Unidos, y es el arma principal de infantería del ejército norteamericano, y también lo usan fuerzas policiales de elite, como SWAT.
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Riquelme, vinculado al capo narco de Rosario Esteban Alvarado, fue imputado por instigar desde una cárcel federal la balacera a la seccional 19 de la ciudad santafesina el 27 de diciembre.
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Esos “fusiles de asalto” no se usaron en Rosario, donde en ningún crimen ni ataque se registró ese tipo de munición que tiene un poder de fuego importante. Riquelme no es un tirador deportivo ni mucho menos. Adquirió ese armamento –probablemente a través de un vendedor ilegal de armas que lo trajo del exterior- porque piensa usarlo en algún momento. Este joven que fue detenido en 2020, después de librar una batalla sangrienta en la zona oeste de Rosario contra otra franquicia, en este caso de Los Monos, que gerenciaba Matías “Pino” César. Fue detenido ese año por intentar matar a Mariana Ortigala que saltó de integrar la banda de Alvarado a tener protección de Ariel Guille Cantero. Ortigala fue detenida luego por extorsionar y quedarse con inmuebles en nombre de Los Monos.
Cuando aparece la sombra de Alvarado en alguna situación el problema se transforma en algo serio. La periodista Virginia Messi en Clarín señaló que Santino, de 20 años, hijo de este jefe narco, quien retornó de Marbella –donde vivía- a Rosario “está pisando fuerte. Él sería el verdadero poder detrás de Lautaro Lauch Ghiselli, coronado nuevo jefe de la barrabrava de Rosario Central en enero pasado. Ghiselli tributa a la banda de Los Menores, que está sospechada de matar a Andrés Pillín Bracamonte y Ricardo Attardo el 9 de noviembre pasado. El jefe de este sector criminal Matías Gazzani, quien está prófugo desde hace más de un año, y nadie lo puede encontrar.
Los investigadores de PROCUNAR observan que hay un núcleo de grupos narco que se unieron durante el último año, y se expandieron por territorios que quedaron vacantes, pero que además tienen otro negocio, un escalón más arriba de la estructura histórica del narcomenudeo, que sería el de la logística narco. Una escala superior, que Alvarado la llegó a manejar, que es la llegada de grandes cargamentos de cocaína a la región. No se detectó aún que ningún grupo local esté en condiciones de hacer un contrabando internacional de droga, pero sí de brindar el servicio más caro que es el de la logística.
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Lo que observan desde el Ministerio de Seguridad Nacional es que el escenario criminal de Rosario comenzó a cambiar. No hay un crecimiento desmesurado de violencia, pero sí que el negocio del tráfico de drogas creció bajo otra modalidad. En el primer semestre de 2025, el departamento Rosario registró 68 homicidios, 10 más que en el mismo período de 2024, cuando hubo una baja pronunciada del 65 por ciento con respecto a 2023.
Fuentes cercanas a Patricia Bullrich señalaron que miran con atención estos movimientos, y que las maniobras en torno a la barra de Rosario Central y de este nuevo grupo en ascenso actúa como una especie de cooperativa narco, donde confluyen distintos sectores, entre ellos, Alvarado, Gazzani y Los Menores, Claudio Morocho Mansilla, y Francisco Riquelme, entre otros.
Ante este escenario decidieron poner en marcha en Rosario la llamada ley antimafia, que se cristalizó esta semana en una audiencia en la justicia federal, que se hizo a puertas cerradas.
Entre los argumentos que se exponen en la resolución publicada en el Boletín Oficial figuran que en Rosario “se verifica la comisión de determinados delitos específicamente enumerados, de forma reiterada, y cuya realización tiene por objeto evidente alguno de los siguientes supuestos: el beneficio de una organización, el desplazamiento o aniquilación de otra organización, el amedrentamiento de la población o la provocación de temor a las autoridades estatales”. También la resolución señala que la legislación se puede aplicar “cuando resulta evidente que una organización pretende asegurarse el control de un territorio para la comisión de nuevos ilícitos, para continuar ejecutando los que ya se estuvieran cometiendo o para la sustracción de ese territorio del control de las autoridades; o cuando los mecanismos establecidos para hacer cumplir la ley en ese área sean notoriamente insuficientes, previa conformación del Comité de Crisis previsto en la Ley de Seguridad Interior”.
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En enero de este 2025 y después de un año con una baja en los homicidios, apareció como preocupación la crudeza con la que resurgieron los hechos de violencia en Rosario.
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Entre las consideraciones para la puesta en marcha de la ley antimafia el Ministerio de Seguridad nacional recordó que en Rosario “hechos delictivos de extrema gravedad” han generado una situación de “conmoción social” que impulsó al gobernador Maximiliano Pullaro a pedir a la cartera que conduce Bullrich la convocatoria a un comité de crisis, como ocurrió en marzo de 2024, cuando se produjeron una serie de asesinatos a trabajadores que provocaron un fuerte impacto en la ciudad. El funcionamiento de ese comité de crisis se prorrogó y actualmente continúa vigente.
Según información reservada que recolectó la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, en Rosario operan actualmente organizaciones criminales que desarrollan conductas vinculadas con los delitos contemplados en la llamada ley antimafia, que endurece las penas para quienes formen parte o colaboren con bandas narco y que generen violencia, con condenas de 8 a 20 años. La nueva normativa también habilita a que los miembros de estas organizaciones puedan recibir la pena del delito más grave cometido por el grupo, es decir que se eliminan las diferenciaciones de penas según el rol dentro de la mafia: todos serán penados por igual, desde el jefe hasta aquel que recién ingresa en la organización criminal.
Además, entre las herramientas novedosas que plantea la ley, abarca el acceso a comunicaciones digitales, que a partir de ahora –según prevén en la cartera de Seguridad- será más rápido y aceitado. Una de estas cuestiones tiene que ver con la interceptación no sólo de comunicaciones telefónicas, sino también de mensajería de redes sociales, plataformas virtuales y otras formas de comunicación. “Con el fin de no malograr una pesquisa, se podrá continuar la cadena de interceptaciones que surjan de las comunicaciones previamente interceptadas”, señala la ley. De esa manera, en una investigación se podrán vincular los teléfonos o las plataformas que utilicen integrantes de un clan criminal. Antes estas maniobras judiciales dentro de una investigación demoraban y conspiraban muchas veces con la pesquisa.
