Se trata de Emiliano Chacón, que tenía a su cargo la administración de las redes sociales de AS Negocios Inmobiliarios, investigada por un centenar de estafas por la venta de inmuebles con escrituras adulteradas.
La audiencia de juicio abreviado se realizó en la sala 6 de tribunales ante el juez Sebastián Szeifert.
La causa por estafas inmobiliarias perpetradas por SA Negocios Inmobiliarios tiene la primera condena para uno de los involucrados: uno de los miembros de la banda admitió su responsabilidad en las estafas y recuperó la libertad. Se trata de Emiliano Chacón, que tenía a su cargo la administración de las redes sociales de AS Negocios Inmobiliarios, investigada por un centenar de estafas por la venta de inmuebles con escrituras adulteradas.
Chacón aceptó ser miembro de la asociación ilícita que involucra abogados, martilleros y corredores inmobiliarios, a través de un juicio abreviado realizado este lunes en la sala 6 de los tribunales de Santa Fe, ante el juez Sebastián Szeifert. El magistrado destacó la importancia de contar con la conformidad de las víctimas de los hechos perpetrados por Chacón para avalar el acuerdo.
El acuerdo penal lleva la firma de la fiscal de Delitos Complejos, Bárbara Ilera, del fiscal regional Jorge Nessier, del imputado y de sus abogados defensores, Martín Scurato y Juan José Patiño. Chacón deberá cumplir en libertad una condena de tres años, y pagar 10 millones de pesos como reparación para las víctimas.
El acuerdo de juicio abreviado firmado y aceptado por Chacón que pone fin al proceso penal en su contra; la fiscal Ilera aclaró que con el avance de la causa se han corroborado 80 maniobras de estafas inmobiliarias perpetradas por la banda, y que surgido nuevos nombres de posibles personas involucradas que se encuentran en investigación.
La sentencia a Chacón comprende una condena a tres años de prisión de ejecución condicional por ser autor del delito de asociación ilícita en carácter de miembro, partícipe necesario de estafas en 12 oportunidades y coautor de estafas, en cinco hechos. Además, fue condenado por tener una pistola semiautomática 9 mm sin autorización, y 48 municiones del mismo calibre.
Durante los tres años de la condena deberá respetar las normas de conductas habituales: fijar residencia, abstenerse del consumo de estupefacientes y bebidas alcohólicas, la prohibición de tener y portar armas de fuego por el doble de tiempo y someterse al control postpenitenciario. Además, no podrá acercarse ni tener contacto con las víctimas ni con los coimputados en la causa.
En cuanto al alcance económico de la condena, Chacón pagará 10 millones de pesos a repartir entre las víctimas de las 17 estafas por las que fue condenado: cinco millones ya fueron depositados, y el resto se realizará en cuotas fijas de 500 mil pesos mensuales. Además, realizará donaciones a dos entidades de bien público: Mundo Pequeño y el Colegio Mayor Universitario recibirán 250 mil pesos cada una.
La Fiscalía aclaró que dos de las víctimas que habían entregado sus automóviles como parte de pago de las maniobras de la banda recuperarán sus vehículos, y que a otras víctimas se les pagará en dólares.
Los abogados querellantes Ricardo Beglia (padre e hijo), Miguel Velazco y Clara Vazquez corroboraron la conformidad brindada por las víctimas con los alcances del acuerdo; sólo un matrimonio estafado por Chacón manifestó su desacuerdo.
La investigación fue realizada por las fiscales Ilera y Laura Urquiza, e involucra a los abogados Alfonso Storni y Javier Cóceres; el corredor inmobiliario Agustín Storni, el martillero público, Diego Parisse -quien recuperó la libertad hace pocos días; la empleada doméstica María Fernanda Guerra; y los operadores inmobiliarios Atilio Domingo Di Mattía y Emiliano Lihuel Chacón. Todos acusados de integrar una asociación ilícita de carácter permanente, estable y organizada dedicada a cometer hechos delictivos de variada naturaleza. Entre ellos, darle apariencia legal a la venta de terrenos cuya posesión o administración no poseían, para insertarlos en el mercado inmobiliario.
Según la investigación, los primeros siete detenidos, junto con otros implicados en la causa, confeccionaban boletos de compra-venta o sesiones de derechos falsos o hacían insertar declaraciones falsas en instrumentos privados o públicos. Como, por ejemplo, escrituras de sesiones de derechos u otorgamiento de poderes.
La organización, para ejecutar el fraude, montó la agencia inmobiliaria “AS” y “AS Servicios Inmobiliarias” a cargo del corredor Agustín Storni. Por medio de esa firma, ofrecieron lotes por cuentas de redes sociales que en su mayoría eran administradas por Emiliano Lihuel Chacón.
Tras contactarse con las víctimas, mantenían contactos en distintos domicilios en donde funcionaban las sedes comerciales: Seguí al 1700; 4 de Enero 1000; Bulevar Pellegrini al 2800; en un departamento de la zona del Puerto; Juan de Garay al 2900; 9 de Julio al 1200; Hipólito Irigoyen al 2900. En esos domicilios, los acusados le exhibían a las víctimas planos y documentos y planes de pago y financiaciones competitivas en el mercado.
Según la imputación, los integrantes de la asociación ilícita no contaban con autorización de sus legítimos propietarios o poseedores de los lotes involucrados. A su vez, los inmuebles ofrecidos no habían sido ofrecidos como quienes se presentaban como los “transferentes”.
El ardid implicó además que la banda utilizara sellos y documentos oficiales para luego iniciar juicios ante Juzgados Civiles de Santa Fe con el objetivo de ordenar una sentencia para lograr una escrituración de los lotes.
En cuanto a roles, la Fiscalía le atribuyó a Alfonso Storni ser una pieza clave en la estafa al atribuirle ser quien, en su carácter de organizador, articulaba los terrenos, firmaba boletos y se presentaba como referente de AS Inmobiliaria o As Gestión Inmobiliaria. Inclusive, era quien habría iniciado los juicios y gestionaba ante los clientes que reclamaban por la falta de escrituración. Mientras que Agustín Storni y otros involucrados, se encargaban de la logística de promoción de los lotes con escrituras fraguadas.
En cuanto a María Fernanda Guerra, la Fiscalía le imputó haber confeccionado, junto con otro miembro de la organización, un boleto de compra-venta, en donde un hombre le cedió los derechos, acciones y obligaciones de un terreno de tres hectáreas ubicados en Colastiné Norte y que era propiedad de una mujer fallecida. Dicha operación implicó la utilización de una firma falsa de la mujer fallecida, como también sellados apócrifos.
En una de las primeras audiencias, la fiscal Ilera explicó además que la organización funcionó con ese modus operandi hasta el 2 de noviembre del 2021 y luego mutó y comenzó a actuar bajo dos estructuras distintas hasta el 23 de agosto de este año, cuando se dio el desbarate y siete de los involucrados fueron detenidos.
En dicha subdivisión de la banda, Javier Andrés Cocéres y Diego Marcelo Parisse, asumieron el rol de organizadores de la asociación ilícita, ya que habrían orquestado maniobras para defraudar a terceros por medio de una firma que funcionó en una planta alta de calle Hipólito Irigoyen al 2900 de la ciudad de Santa Fe.
Las actividades delictivas desplegadas por la banda fueron calificadas como: asociación ilícita, estafas, ejercicio ilegal del corretaje inmobiliario, falsificación de documento privado y falsificación de documento público, falsificación de sellos oficiales y timbrados en concurso ideal; estafa procesal.
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