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Policiales Tartagal | Justicia federal | Aldo Alurralde

Presunta entrega irregular de terrenos estatales en Tartagal: el juez Alurralde advierte que aún no hay imputaciones

La causa, que surgió a partir de una denuncia de vecinos, investiga la posible entrega de terrenos ferroviarios. El presidente comunal no está imputado, según explicó el juez federal Aldo Alurralde.

La Justicia Federal inició una investigación a partir de una denuncia en la que se señala que la comuna de Tartagal, en el norte de la provincia de Santa Fe, habría entregado terrenos del Estado nacional de forma irregular.

El hecho fue denunciado por integrantes del grupo “Huellas del Tanino”, una organización vecinal dedicada a la revalorización del patrimonio histórico y cultural de la zona.

El foco de la investigación está en terrenos del Ferrocarril General Belgrano, que se encuentran bajo la administración de la empresa estatal ADIF (Trenes Argentinos Infraestructura). Según los denunciantes, estas tierras habrían sido entregadas como una especie de “donación” a cambio de dinero.

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Tartagal: el juez federal Aldo Alurralde advirtió que aún no hay imputaciones por la presunta entrega de terrenos

El juez federal Aldo Alurralde, quien está a cargo del caso, explicó que "aún no se han realizado imputaciones y que la causa se encuentra en una etapa preliminar". Además, añadió que en la Justicia Federal no se realizó aún la "formalización de la investigación", lo que implicaría que haya imputados.

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En este contexto, "se han solicitado informes al Estado nacional y se han realizado allanamientos en la sede de la comuna y en el domicilio particular de Nelson Elham, el presidente comunal", contó Alurralde, en busca de documentación que sustente la hipótesis de la investigación.

Uno de los elementos que ha llamado la atención de la Justicia es la presencia de documentos que habilitan la instalación de energía eléctrica en terrenos que, según informó el Estado nacional, siguen siendo propiedad pública.

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La causa se apoya en posibles violaciones del Código Penal, que establece penas de prisión para aquellos funcionarios que cometan fraudes contra el patrimonio público.

Las autoridades judiciales continúan con las diligencias para determinar si efectivamente se cometieron irregularidades en la transferencia de estos terrenos. Mientras tanto, el presidente comunal Elham no ha sido imputado y continúa colaborando con la investigación.