Como si fuera una presunción ajena a todo, cargada de azar, el jueves y viernes, horas antes de que se produjeran cinco ejecuciones al hilo en la ciudad, se reunieron por primera vez los actores principales que están encargados de combatir el narcotráfico en Rosario: jueces y fiscales federales y jefes de las cuatro fuerzas federales para analizar las acciones y los problemas que enfrentan en la lucha contra el crimen organizado y la venta de drogas. La jornada, que tuvo muy poca difusión de manera intencionada, se llevó adelante en un hotel céntrico de Rosario y fue organizada por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Terminó de forma abrupta por una amenaza de incendio que obligó a evacuar el edificio.
Históricamente, la cocaína que se adultera y se “estira” en Rosario proviene de Bolivia y Perú. En los últimos años también proviene de Paraguay.
Dos datos quedaron flotando en medio de la preocupación por el espiral de violencia. Primero, el escaso volumen de incautación de cocaína en Santa Fe. Y segundo, la falta de investigaciones sobre lavado de dinero.
Sólo se secuestraron 52,9 kilos de ese estupefaciente en 2020. En el ranking de secuestro de esa droga, la provincia está en el noveno lugar en el país. La nómina la encabeza Salta y en segundo puesto está la provincia de Buenos Aires. Le siguen Formosa, Chaco, Jujuy, Mendoza, Misiones, Capital Federal y Santa Fe.
Pero a su vez las dos principales ciudades de la provincia, como Santa Fe y Rosario cargan con el karma de ser los dos entramados urbanos más violentos de la Argentina, con una tasa que triplica la media nacional de 5,5 homicidios cada 100.000 habitantes. En 2020 en la provincia se cometieron 375 asesinatos, en los cuales el 70 por ciento se ejecutaron con armas de fuego, según datos oficiales del Observatorio de Seguridad Pública.
¿Cómo se explica que una ciudad como Rosario, donde el principal problema que supura del negocio de la venta de drogas sea una violencia extrema, se secuestre tan poco estupefaciente? Ese fue uno de los interrogantes que quedó flotando en el aire. El diagnóstico que ensayan los analistas es que no hay una organización que tenga el monopolio del negocio, por lo que no hay un lugar de acopio de la droga, sino muchos. Ese esquema dificulta las investigaciones.
Hoy creen que no hay una megacocina de cocaína como tenía Delfín Zacarías en Funes, en las afueras de Rosario, donde en 2014 tenía capacidad para producir, según la investigación federal, 500 kilos de droga al mes. Históricamente la cocaína que se adultera y se “estira” en Rosario proviene de Bolivia, de la zona de Santa Cruz de la Sierra y de Yacuiba, esta última es fronteriza con Salvador Mazza. También llega desde Perú, vía Bolivia, y en los últimos años también desde Paraguay, donde organizaciones brasileñas como Primer Comando Capital y Comando Vermelho dominan el tráfico de este estupefaciente desde los países andinos.
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En setiembre pasado, una investigación de la Procuraduría de Narcocriminalidad detectó a una de las principales abastecedoras de las bandas en Rosario, Adelaida Castillo, una mujer oriunda de Salvador Mazza, que pasó a tener un rol más protagónico en el llamado Clan Loza, tras la caída en 2018 de los jefes, los hermanos Waldemar, José y Erwin Loza. Los 382 kilos de cocaína fueron incautados cerca de Ramallo, cuando movían la droga. Se presume, según la investigación que dl cargamento tenía como destino un galpón en Ibarlucea, ciudad vecina a Rosario, que se encuentra sobre la ruta 34.
La sospecha es que la droga que se vende en Rosario se compra en cuotas en Buenos Aires. Llega a esta ciudad en partidas chicas, y no en cargamentos de gran magnitud. Así evitan que ante un operativo federal la pérdida a nivel económico sea mayor. El dato de que sólo se incautaron 52 kilos de cocaína en todo 2020 marca que ni siquiera se consiguieron detectar los pequeños cargamentos que llegan a Rosario.
La reunión entre jueces, fiscales y jefes de fuerzas federales sirvió, según los funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación, para empezar detectar y corregir los problemas que existen en materia de investigación en materia de narcotráfico. En el gobierno nacional notan que hay muchas causas pero pocas de “calidad”. Expedientes por comercialización de estupefacientes hay 178 en proceso de investigación.
El otro dato que provocó sorpresa es que hay sólo dos investigaciones en curso en materia de lavado de dinero en Rosario.
El argumento que esgrimen fiscales y jueces es que no hay personal especializado para llevar adelante este tipo de pesquisas en las que se requiere personal técnico, como contadores, informáticos y peritos. Si no se golpea a nivel económico a las organizaciones narco no sirve de nada que se detenga a los líderes de las bandas, porque desde las cárceles, como se observa en decenas de casos, siguen al mando del negocio y de las ejecuciones.
Funcionarios de la Nación observan poca predisposición y cierta tensión en el trabajo con los fiscales provinciales y funcionarios del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. Se les hace complicado incursionar en causas judiciales en los que los homicidios se vinculan con el tráfico de drogas, más del 80 por ciento de las pesquisas sobre crímenes. La desconfianza sigue siendo grande entre ambos sectores.
Un punto que refleja esa tensión es el tema de los peritajes y las municiones. La apuesta del Ministerio de Seguridad de la Nación es realizar la trazabilidad de las municiones y de las armas para lograr identificar con mayor claridad los mercados ilegales que abastecen a los narcos.
Desde octubre pasado se inició un trabajo que hasta ahora nunca se había realizado, que consiste en enviar municiones secuestradas en hechos de violencia en Rosario para cargarlas en el Sistema Nacional Automatizado de Identificación Balística (SAIB), que se creó en 2012.
Una vez por mes un móvil de la Policía Federal lleva las municiones a Buenos Aires. En el MPA pidieron que instalen el SAIB en Santa Fe así es más funcional y rápido el cruce de datos sobre las municiones. Desde la Nación consideran que por ahora es inviable. Desde el Organismo de Investigaciones del MPA se planteó ahora –como publicó Aire de Santa Fe- que las intervenciones telefónicas, análisis forenses, exámenes toxicológicos que ordene la Justicia federal deberán pagarlos.
El resultado de estos conflictos es que se analizan muy pocas vainas. Desde octubre hasta febrero se enviaron sólo 282 proyectiles para ser analizados y cargados en la base de datos.
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