Las máximas autoridades del MPA y el procurador general de la Nación firmaron un convenio que genera nuevos requisitos para que la Justicia federal utilice los laboratorios técnicos de la provincia.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
Intervenciones telefónicas, análisis forenses, exámenes toxicológicos. A partir de ahora, la Justicia federal deberá pagar por cada estudio que requiera del Órgano de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, la única dependencia que cuenta con la tecnología necesaria para realizar este tipo de peritajes en la provincia.
La decisión fue rubricada a partir de un convenio que firmaron el fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini, con el procurador general de la Nación, Eduardo Casal.
Distintas fuentes de la Justicia Federal de Santa Fe, consultadas por Aire Digital, coincidieron en que esta medida implica un fuerte golpe para las investigaciones que se llevan adelante, ya que no sólo se genera mayor burocracia sino que, además, los fondos económicos suelen ser escasos como para solventar el pago de este tipo de servicios.
De esta manera, los fiscales federales de toda la provincia serán privados de utilizar libremente una herramienta investigativa que juega un rol clave y se verán obligados a recurrir, en caso de que falten fondos o existan deudas, a laboratorios que pertenecen a Gendarmería Nacional, a la Policía Federal o, directamente, deberán encontrar respuestas en Capital Federal.
Lo llamativo es que el mismo convenio reconoce que con fondos federales "se ha promovido la tecnificación de la investigación de delitos penales que llevan a cabo los organismos judiciales provinciales, mediante la creación de una red de Laboratorios Regionales de Ciencias Forenses de alta complejidad. Dicho objetivo ha podido cumplirse en función de un acuerdo entre los referidos Consejos y el Estado Nacional que aporta los fondos necesarios para la compra del equipamiento técnico con el que contarán tales Centros de Investigación".
"En el mejor de los casos las investigaciones serán más lentas, cuando la inseguridad y los delitos complejos plantean la necesidad imperiosa de trabajar en conjunto de la manera más ágil posible. Ya no podremos utilizar libremente los gabinetes periciales de la provincia de Santa Fe", remarcó una fuente de la Justicia federal a Aire Digital.
El convenio establece que "las solicitudes de los fiscales, magistrados y funcionarios del Ministerio Público Fiscal (fiscales federales) a los Laboratorios Forenses del Órgano de Investigaciones (del MPA santafesino) deberán realizarse de acuerdo con las normas y procedimientos que se establezcan y deberán estar refrendadas por aquellos habilitados expresamente por la Procuración General de la Nación. Serán recibidas por el jefe del Laboratorio, quien tendrá a su cargo las medidas requeridas y el orden de prioridades para su efectivización, considerando la urgencia, el cronograma de recepción de aquellas y la carga de trabajo existente".
Se agrega que "la Dirección General de Administración del MPA determinará los costos de cada uno de los estudios disponibles y sus actualizaciones, en forma inmediata a ser implementados. El MPF deberá hacer efectivo el depósito por el valor establecido para el estudio solicitado dentro de los treinta (30) días corridos posteriores a la fecha de presentación del oficio o requerimiento, remitiendo para su acreditación copia de la boleta de depósito o de la transferencia bancaria efectuada en la cuenta bancaria habilitada por el MPA. En caso contrario, el jefe de Laboratorio se encontrará facultado para no realizar nuevos estudios hasta que no se regularicen los pagos de los anteriores".
El avance de los delitos complejos hizo que, durante los últimos años, se incrementaran los casos en los que se afectan leyes que impactan tanto el fuero provincial, como el federal. Un ejemplo claro es lo que viene sucediendo con el denominado "Caso Oldani", en la ciudad de Santa Fe.
Este caso se inició como un homicidio -al empresario lo mataron el 11 de febrero de 2020-, lo que implicaba la actuación de la Justicia provincial. Sin embargo, pronto comenzaron a aparecer indicios de que en esa empresa se realizaran actividades financieras ilegales, lo que representa un delito federal.
A partir de ahora, todos los peritajes solicitados por la Justicia santafesina se efectuarán de manera gratuita en el Órgano de Investigaciones del MPA, pero si el pedido llega desde la Justicia federal, se exigirá un pago previo. Y si hubiera deudas pendientes, no se realizarán los estudios solicitados.
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