La joven cumplía funciones en el Ejército como cabo cuando fue dada de baja
Una mujer cabo del Ejército Argentino, identificada como M.B., de 23 años, espera ser reincorporada a la fuerza a través de un pedido presentado por el fiscal federal Walter Rodríguez al ministro de Defensa de la Nación, Jorge Taiana. La joven fue dada de baja del Ejército en diciembre de 2019, luego de haber sido víctima de acoso y hostigamiento por parte de su superior, cuando desempeñaba funciones en el Batallón de Ingenieros Zapadores 1 de Santo Tomé.
M.B. radicó una denuncia penal que se tramita en la fiscalía a cargo de Rodríguez; para el fiscal, el caso no fue abordado por las autoridades del Ejército con perspectiva de género. En tanto, el capitán denunciado identificado como L.G.D., de 38 años, deberá comparecer ante la justicia el 17 de noviembre para prestar declaración indagatoria.
En agosto del 2018, M.B. tuvo una ingesta de pastillas que generó una intervención médica con la cual se pudo acreditar que la joven estaba afectada por una crisis de angustia. En la investigación realizada por Rodríguez se pudo determinar que las consecuencias sufridas por la víctima fueron motivadas por las manifestaciones inapropiadas, intimidatorias y de índole sexual que realizaba el capitán L.D. por whatsapp, desde junio de 2018 hasta el 2019 cuando fue trasladado a Curuzú Cuatiá.
La Junta Médica diagnosticó un trastorno mixto ansioso depresivo y concluyó que la afección padecida no guarda relación con los actos de servicio. Sin embargo, M.B. fue declarada “persona incapacitada para todo servicio” en diciembre de 2019 por una resolución del Jefe del Estado Mayor del Ejército, teniente general Claudio Pasqualini, y se ordenó su baja obligatoria por encontrarse la joven “disminuida en sus aptitudes físicas con un 10% de incapacidad laborativa”.
En el escrito remitido a Taiana para solicitar que M.B. sea reincorporada en sus funciones, el fiscal sostuvo que la ingesta de pastillas fue ocasionada luego de que el capitán le anunciara que sería sancionada con 10 días de arresto por haber omitido la carga de datos a sistema informático del ejército, pese a que ello obedeció a un desperfecto técnico que excedía las posibilidades materiales que se encontraba al alcance de la víctima.
Es decir que la finalidad de la cabo no fue atentar contra su vida sino “lograr un motivo que permitiese justificar su inasistencia al ámbito laboral, y de ese modo resistir el acoso que venía sufriendo” por parte de su superior. En este contexto se produjo la denuncia que permitió al fiscal reunir los elementos necesarios para llamar L.D. a declaración indagatoria.
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Para Rodríguez, las autoridades competentes deben analizar la reparación de las consecuencias del ilícito sufridas por la joven, en especial su reincorporación al Ejército Argentino, así como el abono de los haberes no percibidos con motivo de la baja obligatoria impuesta.
El fiscal sostuvo que el presente caso encuadra en un hecho de violencia contra las mujeres, también manifestado en la violación a la clausula constitucional que garantiza el derecho a la protección frente a un despido arbitrario y la estabilidad del empleado público. En este sentido, Rodríguez cuestionó que la Junta Médica desconoció elementos que hubiesen incidido de manera trascendente al confeccionar el dictamen, elemento decisivo para arribar a una conclusión falsa en punto a que la afección padecida por la causante “no guarda relación con los actos de servicio”.
Las dos profesionales que asistieron a M.B., pertenecientes a las áreas de psicología y psiquiatría del Hospital Militar de Entre Ríos concluyeron que el estado emocional y psicológico de la nombrada fue consecuencia del maltrato de su superior, como así también que una vez finalizado el tratamiento, se encontraron reunidos los requisitos para otorgar el alta médica, concluyendo que MB estaba en condiciones de reintegrarse a su lugar de trabajo y de realizar plenamente las actividades laborales.
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