martes 20 de julio de 2021
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Investigan a un capitán del Ejército por acoso sexual y hostigamiento laboral en Santo Tomé

El fiscal federal Walter Rodríguez solicitó indagar a LGD, de 38 años de edad, por sus actitudes hacia una subordinada de 21 años cuando se desempeñaba en el Batallón de Ingenieros Zapadores 1 de Santo Tomé. El 17 de noviembre deberá comparecer ante la justicia.

Un capitán del Ejercito Argentino, identificado como L.G.D., de 38 años, será indagado en el mes de noviembre por pedido del fiscal federal Walter Rodríguez, a raíz de una denuncia radicada por M.B., una joven que revestía el rango de cabo. En el pedido a declaración indagatoria, el fiscal explicó que el capitán maltrató y perjudicó arbitrariamente a la hoy excabo M.A.B. “mediante la realización reiterada y sistemática de actos hostiles y humillantes mientras el nombrado se desempeñó como su autoridad superior jerárquica en el Batallón Ingenieros Zapadores 1 de Santo Tomé del Ejército Nacional Argentino, durante el mes de junio de 2018, y su traslado a Curuzú Cuatiá, Corrientes, en el año 2019”.

Para el fiscal, las actitudes denunciadas se encuadran en el artículo 249 bis del Código Penal, según el cual “el militar que en sus funciones y prevalido de su autoridad, arbitrariamente perjudicare o maltratare de cualquier forma a un inferior, será penado con prisión de seis (6) meses a dos (2) años, si no resultare un delito más severamente penado”.

Rodríguez sostuvo en su escrito que el imputado “actuó con conocimiento sobre el carácter abusivo de sus conductas, y sobre la condición de jerarquía con el rango de capitán que poseía en el batallón, por sobre la víctima que revestía el rango de Cabo”. Para el fiscal, el Capitán actuó con voluntad para perjudicar a M.B., tanto psicológicamente como laboralmente.

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Los hechos investigados sucedieron en en Batallón de Ingenieros en Santo Tomé

Los hechos investigados sucedieron en en Batallón de Ingenieros en Santo Tomé

Acoso y hostigamiento

En junio de 2018, M.B. tenía 21 años y estaba comenzando su carrera militar, y el capitán era su superior inmediato. En este contexto, L.G.D. “realizó un número indeterminado de manifestaciones inapropiadas, intimidatorias y de índole sexual, tanto verbales como escritas vía whatsapp, referidas a las características físicas y cualidades de MB".

En el escrito del fiscal Rodríguez se precisa que el Capitán le encargaba tareas extras a M.B. para que se quede trabajando al finalizar su jornada laboral. La joven le pedía a su pareja que la pase a buscar y se quedase con ella, ya que no quería quedarse sola con el capitán. Esto fue avalado por la pareja de M.B., quien además agregó que las actividades solicitadas por el capitán “no revestían urgencia ni relevancia que justifiquen la exigencia de realizarlas fuera del horario laboral: le pedía actividades tontas, de último momento, que sabía que le iba a llevar más de una hora y eran innecesarias, no urgentes”.

Cuando la joven le solicitó a su superior que cese en sus actitudes, “el capitán desplegó un trato agresivo contra MB mediante formas hostiles de dirigirse a su persona”, sostiene el fiscal y comenzó a exigirle la realización de tareas laborales excesivas y ajenas a las funciones y responsabilidades del cargo, lo cual se vio reflejado en la elevación de informes diarios relativos a la aptitud y el desempeño laboral de M.B.

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El fiscal Rodríguez valoró que el Ejército debería tener la obligación de formar a los integrantes de la institución con una perspectiva de género

El fiscal Rodríguez valoró que el Ejército debería tener la obligación de formar a los integrantes de la institución con una perspectiva de género

Consecuencias psicológicas

En agosto de 2018, el sistema informático del Ejército sufrió un problema genérico a nivel nacional que impidió a MB, así como a todos los que lo intentaron, realizar la carga de datos correspondientes a cuestiones internas. Sin embargo, y pese a que el problema era una cuestión ajena a la nombrada, el capitán le informó que sería sancionada con arresto por 10 días. MB no pudo volver a su lugar de trabajo al día siguiente.

Para evitar decir que su ausencia se motivó por el acoso de su jefe, intentó generar una descompostura con la ingesta de numerosos analgésicos, sin embargo, perdió el conocimiento y su pareja debió llevarla de urgencia al hospital Cullen. En el hospital le dijeron que estaba viviendo un pico de estrés muy grave: M.B. estaba ojerosa, se le estaba cayendo el pelo, tenía derrames en los dos ojos y presentaba un cuadro de anemia por mala alimentación.

Esta situación dio lugar a que M.B. sea entrevistada por médicos del Ejército, y ella explicó que se debió a la ingesta de analgésicos. Le otorgaron licencia médica por 15 días y la derivaron a profesionales en psicología y psiquiatría del Hospital Militar Regional de Paraná, con quienes inició un tratamiento.

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Tratamiento y alta médica

A partir de eso, MB pudo verbalizar los actos de maltratos, que fueron escuchados por la médica psiquiatra y por la psicóloga. En ese sentido, los efectos producidos por el accionar del imputado son los daños psicológicos acreditados por medio de los testimonios e informes de las profesiones.

En el tratamiento se pudo precisar que M.B. “se sentía angustiada, deprimida, invadida, sensaciones inexplicables, aterrada" y que la situación se tornó tan angustiante que le costaba estar en el trabajo. “Esta situación me tenía aterrada, dentro de la fuerza, nuestra calificación por parte del superior inmediato forma la carrera, relató.

La psiquiatra y la psicóloga prestaron declaración en la Fiscalía y ratificaron los dichos de M.B., como así precisaron que su estado era consecuencia del maltrato del superior, y que una vez concluido el tratamiento le dieron el alta, en marzo de 2019. Al darle el alta, las profesionales también coincidieron que la joven ya se encontraba apta para todo servicio para desarrollar su rol como militar, y que el portar un arma no presentaba un riesgo para sí o para terceros.

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El Capitán denunciado deberá presentarse en el juzgado federal el 17 de noviembre a las 10:30

El Capitán denunciado deberá presentarse en el juzgado federal el 17 de noviembre a las 10:30

Baja obligatoria

Las dos profesionales de la salud mental que atendieron a M.B. durante siete meses fueron insistentes en que la joven estaba apta para reintegrarse plenamente a sus tareas en el ejército. Sin embargo, las conclusiones de la Junta Médica Militar y la decisión del Jefe de Estado Mayor General del Ejército Nacional Argentino, tomadas en razón de un solo encuentro con la víctima, fueron contrarias a aquellas arribadas por las profesionales que intervinieron en un período de tiempo prolongado.

El Ejercito comenzó las actuaciones el 31 de agosto del 2018 respecto de la situación de MB por padecer "crisis de angustia". En abril del año siguiente, cuando ya contaba con el alta médica de las profesionales que la habían asistido, la joven fue citada por la Junta en Buenos Aires. Allí fue entrevistada por seis médicos militares hombres, y en la que manifestó todo lo sucedido en relación al maltrato, lo cual era anotado por una escribiente mujer. Un mes y medio después, los integrantes de la junta llegaron a la conclusión de que M.B. presentaba un trastorno mixto ansioso depresivo, que se encontraba disminuida en sus aptitudes físicas y que esta situación “no guarda relación con los actos de servicio”.

Finalmente, el diciembre de 2019, la junta superior de calificación de suboficiales propuso clasificar a MB como "incapacitada para todo servicio" disponiendo su baja obligatoria por el fundamento de "haber sido declarada disminuida en sus aptitudes físicas por la JMSPM”.

El fiscal sostiene que “se arribó a la conclusión sobre el diagnóstico y la baja obligatoria mediante una sola entrevista con la joven y sin solicitar informe y opinión profesional a la psicóloga y la psiquiatra del hospital militar que intervinieron en el caso entre agosto de 2018 y marzo de 2019, como así también sin tener constancia de haberse impulsado una investigación disciplinaria sobre el Capitán”.

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Perspectiva de género

Por ultimo, Rodríguez entendió que el presente caso debe abordarse con un enfoque laboral y de género: “El Ejército está atravesado -como el orden social en su conjunto- por el sistema de genero, y su cultura organizacional presenta ciertos rasgos que agravan para las mujeres las situaciones de acoso laboral”.

En este caso, el maltrato y el perjuicio se encuentran atravesados por cuestiones de género que no han sido debidamente y oportunamente abordados internamente por el ejército al tomar conocimiento de los hechos: “podemos afirmar que la ex cabo MB se encontraba en una situación de vulnerabilidad por distintos factores que fueron aprovechados por el capitán, para desplegar su actividad delictiva, eso son, por tratarse de una joven mujer jerárquicamente subordinada en el ejército”, sostiene el fiscal en su escrito.

MB era una cabo de 21 años que se encontraba en los inicios de su carrera militar, mientras que el acusado revestía el rol de autoridad jerárquica de la nombrada con el cargo de Capitán con 36 años de edad y siendo varón. Sin dudas, "los actos descritos se encuentran determinados por la condición de mujer de la víctima".

Rodríguez sostuvo que los comentarios y actitudes por parte del acusado se refieren a las características físicas de la corporalidad femenina y a cuestiones que constituyen roles estereotipados, como ser la realización de café, actividad ajena a las funciones laborales de la excabo. Por su parte, el hecho de exigirle como jefe quedarse con el a solas en una oficina y en la guardia a altas horas de la noche, constituye un comportamiento intimidatorio en razón del género per se, especialmente al considerar el concreto contexto de acoso laboral y sexual en el que esto sucedía.

Concluye el fiscal que “el Capitán realizó reiterada y sistemáticamente actos de maltrato y perjudicó concretamente a MB valiéndose de los patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres”.

Por último, además de solicitar la declaración indagatoria del capitán, que fue fijada para el 17 de noviembre a las 10:30 en el juzgado federal nro. 2 de Santa Fe, el fiscal entendió que se evalué la posibilidad de una reparación a favor de la víctima, como ser su reintegro al ejército, siempre que sea su voluntad, y una indemnización pecuniaria, “como así también la obligación de formar a los integrantes de dicha institución con una perspectiva de género para garantizar una potencial transformación en el seno de la institución militar respetuosa de los instrumentos internacionales en la materia”.

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