La fiscal Mariela Labozzetta, titular de la Fiscalía Federal N° 2 de Morón, junto con el fiscal Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad, requirieron la elevación parcial a juicio respecto de once policías por el robo de una suma estimada entre seiscientos mil y ochocientos mil dólares, quienes al momento de los hechos integraban la División Precursores Químicos y Drogas Emergentes de la Policía Federal Argentina, informó el portal fiscales.gob. El faltante del dinero se produjo durante la realización de una serie de allanamientos que derivaron en la detención de Valdemar Loza, en el marco de una causa en la cual se investigaba a una organización narcocriminal dedicada al tráfico de estupefacientes. Los integrantes de esa organización, entre ellos el propio Loza, fueron condenados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta en diciembre de 2019.
El clan Loza formaba parte de una red internacional de tráfico de cocaína
Los hechos imputados a los policías federales fueron calificados como peculado, sustracción de elementos destinados a servir como medio de prueba, concusión, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de instrumento público y encubrimiento agravado.
El origen
Las actuaciones se iniciaron por las denuncias de cinco personas que formaban o habían formado parte de la misma división de la Policía Federal. Los denunciantes indicaron que algunos de los integrantes de esa dependencia que habían participado de los allanamientos realizados en el marco del operativo “Ave Rapaz” –ordenados por el magistrado Julio Leonardo Bavio, a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Salta– habían tomado una suma de dinero perteneciente a las personas detenidas.
La investigación por los hechos de corrupción policial se inició en la provincia de Salta, a cargo del fiscal federal Eduardo Villalba y de la PROCUNAR, y continuó en la Fiscalía Federal nº 2 de Morón, a cargo de Mariela Labozzetta, tras la declaración de incompetencia de la justicia federal salteña. Durante la instrucción se logró establecer la participación en los hechos de aquellas personas cuya elevación a juicio se ha requerido, entre las cuales se encuentra quien fuera el segundo jefe de la división.
Continuidad de la investigación
Durante este tramo de la pesquisa, se determinó de manera pormenorizada cuál fue la participación de cada una de las personas involucradas en la maniobra de sustracción del dinero en uno de los allanamientos realizados y del posterior reparto entre la mayoría de los miembros de la División Precursores Químicos de la PFA.
Además de la elevación a juicio, la Fiscalía Federal N° 2 de Morón dispuso continuar con la investigación para determinar la participación de otras personas, así como otros hechos denunciados que incluyen la posible comisión del delito de lavado de activos. En este contexto, la fiscal Labozzetta solicitó la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes del MPFN, con el fin de profundizar en los aspectos patrimoniales de las maniobras investigadas y avanzar con el recupero de los activos.
El “Clan Loza”
El denominado “Clan Loza” formaba parte de una organización criminal dedicada al comercio de cocaína. Los hermanos Loza, Valdemar, José Gonzalo y Erwin fueron detenidos por el transporte de 1200 kilos de cocaína a Europa. Valdemar fue condenado en diciembre de 2019 junto a otros integrantes de la organización por tráfico de estupefacientes a España y lavado de activos.
Respecto a Loza, en su alegato al cierre del juicio, el fiscal aportó detalles respecto al accionar de este miembro del denominado “Clan Loza”. “Nos encontramos frente a una célula de una organización narcocriminal con ramificaciones en Perú, España, e Italia lugar donde operaban los hermanos de Valdemar, José Gonzálo y Erwin Loza”, dijo.
Y ahondó en detalles: “Esta asociación criminal resultó investigada en la causa por lavado de activos por más de 15 millones de dólares, la que se tramitó en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico 2, en la que se estableció, en el marco de acuerdos de cooperación judicial, que José Loza fue el organizador del tráfico de 1.200 kilos de cocaína a la ciudad de Granada, España”. El MPF ya pidió la elevación a juicio de esa pesquisa, en tanto que por primera vez requirió la extinción de dominio, en sede civil, de bienes valuados en 800 millones que incluyen vehículos de alta gama, propiedades, joyas y dinero en efectivo.
En Perú, en tanto, se efectuaron procedimientos de gran envergadura en los cuales se secuestró un total de aproximadamente 3.500 kilos de cocaína y se detuvo a 18 personas, quienes tenían contactos con integrantes de la estructura delictiva que funcionaba en este país. “Oh casualidad, los imputados en esta causa fueron Weston Millones, José y Eerwin Loza”, añadió Por último, también existen sospechas de que esta organización, comandada por los Loza, tenía vinculaciones con secuestro de droga en Italia.
Condenas
El Tribunal Oral Federal 2 de Salta dio a conocer en diciembre de 2019 el veredicto del juicio por el que se condenó a varias personas, entre ellos a Valdemar Loza, hermano de José y Erwin, detenidos por el tráfico de 1.200 kilos de droga a España y por lavado de activos.
En su veredicto, los jueces Abel Fleming, Marcelo Juárez Almaraz y Domingo Batule condenaron a Valdemar Loza a la pena de 15 años de prisión por ser considerado coautor del delito transporte de estupefacientes, agravado por el número de participantes, y autor de almacenamiento. Asimismo, condenaron a José Luis Paniagua, Gabriel Ignacio Abdala y Alex Juan Frank, a las penas de 13, 8 y 7 años de cárcel por ese mismo delito en calidad de coautores, pero no por el almacenamiento.
El Tribunal también ordenó el decomiso de un camión Mercedes Benz con su acoplado, tres camionetas Toyota, un automóvil Toyota Corolla y 280 mil dólares, entre otros bienes secuestrados en el marco del procedimiento en que fueron detenidos los acusados, registrados el 17 de diciembre de 2017 en un galpón ubicado en la calle Talcahuano al 1.200 de Tapiales, provincia de Buenos Aires.
De esta manera, el tribunal cerró el juicio que se extendió por varias audiencias, en las que el fiscal general Carlos Amad, en representación del Ministerio Público Fiscal, llevó adelante la acusación iniciada por sus colegas Diego Iglesias -titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR)- y Eduardo Villalba, de Salta.
Fundamentos
Al momento de explicar su veredicto, el tribunal se refirió en detalle a la maniobra que los acusados llevaron adelante y que derivó en el secuestro de la droga, tanto en el galpón de calle Talcahuano, como en una casa de calle Junín al 500, vinculada a Loza, donde se secuestró otros 305 kilos de cocaína.
Tal como lo señaló la fiscalía en su alegato, el presidente del tribunal indicó que la actuación de las fuerzas de seguridad, tanto de Gendarmería Nacional como de la División Precursores Químicos de la Policía Federal, convergió en torno a un mismo implicado: Valdemar Loza.
De la mano de intervenciones telefónicas, se pudo conocer detalles de la llegada de una carga importante de droga desde el norte del país al galpón de barrio Tapiales, del cual Loza tenía dominio. En el marco de los preparativos previos, el tribunal dio por probado que el acusado recibió un llamado clave a las 13.34, el 17 de diciembre de 2017.
Si bien la persona que lo llamó no estaba agenda en el teléfono de Loza, el mismo sí era conocido para Paniagua, quien lo tenía marcado como “Betoben”. A las 15.48, este contacto lo vuelve a contactar a Loza con un mensaje lapidario: “Amigo, ya vamos son 820 facturas. Serían 328 gringas”.
Para los jueces, no hay dudas de que las 820 facturas se referían a los paquetes de droga que iban a llegar al galpón, con un costo de 400 dólares por paquete, calculo que asciende a las 328 “gringas”, o sea los 328 mil dólares.
Fleming, presidente del tribunal, se refirió luego a los movimientos previos que hicieron los acusados antes de la llegada de la droga. En ese marco, ratificó el despliegue presentado por la fiscalía, el cual partió de la llamada de “Betoben”.
Mercado Central
El Tribunal indicó que Loza se dirigió en colectivo hasta el Mercado Central, donde ascendió a una camioneta Toyota conducida por Abdala, quien tuvo un rol funcional al resto de los imputados; asimismo, rechazaron los argumentos de justificación expuesto por su defensa, pues consideraron que de manera consciente hizo de chofer y de coche "de punta" del camión en el que llegó la droga a ese centro comercial, un lugar preferido por los integrantes del clan Loza.
Para el tribunal, en la camioneta no sólo iban Loza y Abdala, sino también un tercero desconocido, quien estaría en un escalón más arriba de la organización. Guiado por la camioneta, el camión, conducido por Frank, llegó e ingresó al galpón, donde inmediatamente comenzó la descarga de la droga, para ser luego traspasada a una camioneta.
Fue en esas circunstancias en que las fuerzas de seguridad entraron en acción, detuvieron a los cuatro acusados, aunque los jueces consideraron que en el lugar habría no menos de 5 o 6 implicados, de los cuales dos habrían logrado escabullirse, ya sea por destreza propia o con ayuda ilícita de alguno de los efectivos. Al respecto, ratificaron que esto, sin embargo, no afecta en nada la licitud del procedimiento. En cuanto a Frank, los jueces citaron los mismos mensajes que la fiscalía ventiló al momento de alegar. “Esta carga viene sucia vos sabes algo?”, “Me voy a mover de noche”, “Dónde te agarren los milicos vas en cana”, “Si yo no hice nada la carga la conseguiste vos y el que reniega con esta mugre soy yo”, fueron los cruces de mensajes mantenidos entre Frank y otro implicado.
Además se descartó por inverosímil la coartada de Paniagua, quien adujo que Loza lo fue a buscar para hacer refacciones en el galpón. “¿Quién va a hacer un presupuesto para una obra de albañilería cuando en el lugar están descargando 861 kilos de cocaína?”, se preguntó el presidente del tribunal. Asimismo señaló, entre otros elementos de prueba, el secuestro en su casa de 280 mil dólares, una suma imposible de obtener para alguien que no registrana un empleo fijo.
Tras cuatro horas de lectura, el juez Fleming ratificó las penas previamente dadas a conocer y cerró el debate. Los ahora condenados fueron trasladados a la Cárcel Federal de General Güemes, donde cumplirán la condena recibida.
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