Cristina Ferraro, fiscal de la Unidad Especial de Homicidios.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
La causa que investiga el desempeño de la fiscal Cristina Ferraro en la custodia de la escena del crimen del empresario Hugo Oldani, de donde desaparecieron millones de pesos y dólares, sumó un nuevo capítulo en la Justicia. Es que el abogado de la funcionaria judicial, Néstor Oroño, interpuso un recurso de Casación para que un tribunal de la cámara nacional revise si la investigación debe seguir tramitándose en el fuero federal de Santa Fe.
El recurso fue presentado días después de que la jueza de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Elida Isabel Vidal, confirmó que el caso siga en la Fiscalía Federal N°2, a cargo de Walter Rodríguez, quien denunció a su par por el presunto “encubrimiento” por la “desaparición de pruebas” que se encontraban el día que mataron al comerciante en el local Turismo Oldani, en donde además de una empresa viajes funcionaba presuntamente una cueva financiera.
Aquella resolución rechazó el planteo efectuado por Oroño, que pidió la incompetencia del fiscal Rodríguez, que investiga por intermediación financiera no autorizada, tras sostener que como Oldani no era investigado previo a su muerte, tampoco podría investigarse a Ferraro. "No existió, ni podrá comprobarse delito alguno respecto de Oldani que pueda atraer por conexidad la investigación del presunto encubrimiento”, dijo en su momento el letrado.
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Sin embargo, la jueza Vidal no hizo lugar al planteo de Oroño, tras sostener que por las actividades que se llevaban a cabo en Oldani existe ya una causa en donde un total de 10 personas se encuentran procesadas. Por esa razón, dio luz verde al fiscal Rodríguez para que continúe la pesquisa.
Pero días después de esa resolución, el abogado de Ferraro, presentó nuevamente ante la Cámara un recurso en donde solicitó a los jueces de alzada poder realizar su planteo en ante un tribunal de Casación (instancia superior). De igual manera, el recurso interpuesto no impide que el fiscal Rodríguez avance en la investigación contra Ferraro y pueda determinar si existen elementos para pedir su indagatoria o falta de mérito ante el juez Marcelo Bailaque, a cargo del Juzgado Federal N°2.
La lupa sobre la actuación de la fiscal de homicidios, recayó luego de que el entonces ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, presentó -el 1 de junio del 2020- en la Fiscalía que conduce Rodríguez una denuncia por las irregularidades ocurridas en la custodia de la escena del crimen de Oldani.
La demanda fue presentada cuando justamente esas irregularidades eran todavía investigadas por la fiscal del área de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación, Mariela Jiménez, quien imputó a tres funcionarios policiales por su desempeño por la protección del local donde mataron al empresario. Se trata de al entonces jefe de la Primera Zona de Inspección, Julián Nizzo; el Jefe de Orden Público de la Unidad Regional, Alejandro Amatti; y el perito Coordinador de la Agencia de Investigación Criminal, Pablo Molina. Todos investigados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “encubrimiento”.
Ese legajo judicial luego fue remitido por la fiscal Jiménez a la Justicia federal y se radicó en la Fiscalía N°2, en donde se inició una pesquisa sobre delitos del orden financiero que habrían ocurrido en donde funcionaba Turismo Oldani. Por esa investigación ya fueron procesadas por el juez Bailaque un total de 10 personas identificadas como Virginia Oldani; María José Calle, Carina Amelia Chelmo, Leandro Javier Forchetti, Flavio Damián Giulioni, Ariel Juan Trucco, Eugenio Francisco Alonso, Marco Molinas, Carlos Nicolás Ciochetto y Carlos Aníbal Bacigaluppo.
Todas fueron acusadas de haber tenido participación en un esquema de intermediación financiera no autorizada. En otras palabras, habrían participado de maniobras tendientes a procurar y hacerse de recursos financieros de terceros para prestar al público en general, como una entidad bancaria pero a espaldas del Banco Central de la República Argentina.
La sospecha de que allí se desarrollaba tal actividad, surgió luego de que los peritos de la Agencia de Investigación Criminal se hicieron presentes en el local donde mataron a Oldani y detectaron la presencia de una importante cantidad de dinero en efectivo que se encontraba en estantería. Dicha suma, según un estudio de la Policía Federal Argentina habría sido de $3.050.000 y de U$S 1.100.000.
Aquel dinero, fue cotejado durante el procedimiento policial, pero horas después fue retirado de la escena del crimen por autorización, según se desprende de distintas declaraciones vertidas en la causa, por la fiscal Ferraro que aquel día se hizo presente en el lugar donde mataron a Oldani.
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