Ante esa actuación, Rodríguez abrió una pesquisa en donde denunció a su par de la Justicia ordinaria por el presunto encubrimiento de un delito de la órbita federal mediante la modalidad de "desaparición de pruebas, agravada por su rol de funcionaria pública". Por ese motivo, la defensa de Ferrraro, a cargo del penalista Néstor Oroño, había presentado un planteo de incompetencia en el Juzgado Federal N°2, a cargo de Marcelo Bailaque. Como aquel recurso fue rechazado por el magistrado, quien dio luz verde al fiscal Rodríguez para que siga investigando, Oroño recurrió a la Cámara Federal que derivó en un incidente judicial que debió resolver recientemente la jueza Vidal.
Mediante un escrito, el defensor sostuvo que no existe para los hechos investigados y delitos presuntamente cometidos “norma legal que consagre de modo expreso la competencia de los Tribunales Federales”. Sin embargo, el fiscal ante la cámara, Fernando Arrigo, se opuso al planteo de Oroño tras argumentar que los delitos que investiga su par Rodríguez afectan el orden económico y financiero de la Nación. Como, por ejemplo, lavado de activos de origen ilícito.
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El dinero que se encontraba en el local donde mataron a Hugo Oldani.
En esa línea, la jueza valoró lo planteado por la Fiscalía y además remarcó que ya existe una causa en donde un total de 10 personas se encuentran procesadas por intermediación financiera no autorizada cuya actividad se realizaba en las oficinas 29 y 30 de la galería Rivadavia donde funcionaba Turismo Oldani Srl. Por ende, Vidal rechazó el planteo del abogado de Ferraro y confirmó la investigación que lleva adelante el fiscal Rodríguez. No obstante, la defensa de la funcionaria del MPA, indicó a Aire Digital que evalúa presentar un nuevo recurso para que el planteo sea revisado en un tribunal de la Cámara de Casación Penal de la Nación.
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Policías imputados
Tras la resolución de Cámara, ahora el fiscal Rodríguez deberá definir si formula el pedido de indagatoria para la fiscal Ferraro. De igual manera tendrá que evaluar previamente la situación procesal del resto de los implicados que tiene la causa: es decir, los peritos y agentes policiales que también participaron de la custodia de la escena del crimen de Oldani.
Los mismos, fueron imputados en 2020 por la fiscal de la Unidad de Delitos Complejos, Mariela Jiménez, quien determinó responsabilizar al entonces jefe de la Primera Zona de Inspección, Julián Nizzo, al Jefe de Orden Público de la Unidad Regional, Alejandro Amatti, y al perito Coordinador de la Agencia de Investigación Criminal, Pablo Molina. Todos acusados por “incumplimiento” y “encubrimiento”.
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Una semana después del homicidio de Hugo Oldani, los peritos investigadores volvieron a la escena del crimen.
Foto/ Aire de Santa Fe
Pero como aquella investigación pasó al fuero federal, los cargos contra los miembros de la fuerza provincial deberán ser nuevamente revisados por el fiscal Rodríguez quien definirá si formular un pedido de indagatoria nuevo, tras considerar que existen otros delitos, o hacer lugar a las imputaciones que hicieron las fiscales provinciales en su momento.
De todos modos, queda abierta la posibilidad para que el titular de la Fiscalía Federal N°2 determine, de ahora en más, quien se encontraba a cargo de la custodia de la escena del crimen de Oldani en donde se halló -según peritajes de la Policía Federal- tres millones de pesos y un millón de dólares que se encontraban en estanterías y una caja fuerte del local de Turismo Oldani.
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Ese dinero desapareció y según los familiares y allegados de Oldani, pudo ser sacado del local por autorización de la fiscal Ferraro que aquel día del homicidio fue hasta el local y se quedó hasta altas horas de la noche. De hecho, con el devenir de la pesquisa que supo hacer inicialmente la fiscal Jiménez (de provincia) una serie de videos captaron el momento en que la fiscal se retiró de la galería junto con policías, peritos y miembros de la familia del empresario muerto.
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Los familiares y allegados de Oldani se retiraron del local con bolsos.
Una cueva
Por las actividades clandestinas que se llevaban a cabo en Oldani Turismo, se encuentran procesadas un total de 10 personas identificadas como Virginia Oldani; María José Calle, Carina Amelia Chelmo, Leandro Javier Forchetti, Flavio Damián Giulioni, Ariel Juan Trucco, Eugenio Francisco Alonso, Marco Molinas, Carlos Nicolás Ciochetto y Carlos Aníbal Bacigaluppo.
Todas fueron procesadas por el juez Marcelo Bailaque, que consideró que en la firma local se realizaban distintas actividades ilegales: obtención de dinero otorgado por terceros a favor de Hugo Ernesto César Oldani por tiempo determinado a cambio de una tasa de interés y con la posibilidad de renovación; búsqueda de tenedores de cheques con voluntad de cederlos a cambio de dinero; y colocación de los recursos financieros obtenidos subclasificados en tres modalidades: préstamos inmediatos como “rueda de auxilio”; préstamos de dinero con aplicación de intereses; préstamos de dólares estadounidenses; y la utilización del mecanismo en virtud del cual los particulares ingresaban divisas al país o las transfieren al exterior. En otras palabras, en Oldani Turismo, funcionaba un banco ilegal.
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Apartamiento y pedido de sanción
El rol de la fiscal Ferraro con el caso Oldani no solo está vinculado a las irregularidades ocurridas durante la custodia de la escena del hecho. Antes de quedar bajo la lupa de la Justicia federal y sospechada por encubrimiento, tuvo un rol activo en la investigación que derivó en la detención de los cuatro primeros implicados que tuvo la causa que investigó el homicidio del empresario local.
Cuando estuvo al frente de la investigación, fueron detenidos inicialmente Juan Manuel Ruffino, sindicado como el chófer de la banda, y Brian Nahuel Damiani, el joven que ofició como campana de la pareja que entró al local donde se encontraba Hugo Oldani para cometer el robo. Posteriormente fue detenido en una vivienda de barrio Los Troncos el autor del disparo que mató al empresario: Bruno Figueroa, quien logró estar prófugo de la Justicia provincial durante dos meses. Finalmente, en junio del 2020, fue sorprendida en automóvil la joven que era menor de edad y que acompañó a Figueroa el día del crimen. La misma, fue apresada tras una persecución policial que se inició en barrio Cabal y que concluyó en Peñaloza y Castelli.
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El fiscal regional Carlos Arietti estuvo presente en la primera audiencia de prisión preventiva junto a la fiscal Ferraro.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
Si bien los resultados durante la investigación por el homicidio dieron sus frutos, la fiscal Ferraro terminó siendo apartada en julio del 2020 por disposición del fiscal regional Carlos Arietti. Desde entonces, el rol de la funcionaria judicial, que desempeña en el área de homicidios desde el 2014 (cuando entró en vigencia el sistema acusatorio en la Justicia provincial), quedó atado al rol que tuvo en la custodia de la escena del crimen.
Tal desempeño motivó a que la auditora del MPA, Cecilia Vranicich, pida dos meses de suspensión del cargo para Ferraro tras haber considerado que cometió una falta disciplinaria. Dicho pedido deberá ser evaluado ante un tribunal conformado por el senador por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, la diputada Lionella Cattalini, un representante del Colegio de Abogados y los superiores de la fiscal: Arietti y Jorge Baclini (jefe de los fiscales de la provincia).
