Marcelo Sain, cuando era ministro de Seguridad de Santa Fe.
El juez penal de tribunales, Martín Torres, ordenó este miércoles que Marcelo Sain, el exministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe imputado por espionaje durante su paso por el gobierno, atraviese la investigación en estado de libertad y sujeto a una serie de normas alternativas a la prisión preventiva.
La resolución también alcanza al exsecretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro, quien, paradójicamente, por lo menos hasta el inicio de la audiencia -la cual comenzó el martes- se encontraba fuera del país, situación que causó una gran sorpresa en las distintas partes que intervienen en la causa.
Ambos exfuncionarios deberán fijar domicilio, quedar bajo la custodia de un guardador y a su vez tendrán prohibido mantener contacto con las víctimas de la causa, como así también con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, área que supieron encabezar entre 2019 y 2021. En tanto, tendrán prohibida la salida del país, por lo que deberán hacer entrega de su pasaporte a la Justicia. En el caso del exministro tendrá prohibido portar y tener armas de fuego.
El fallo de Torres también atenuó la situación de la otra imputada que tiene la causa, Agustina Moulins, quien fue contratada por la gestión Sain, y la cual deberá fijar domicilio y si podrá salir del país, mediante la presentación en sede judicial de un pasaje de ida y otro de vuelta.
La medida judicial se ajustó a lo que solicitó el fiscal de la causa, Ezequiel Hernández, quien con la defensa de los imputados a cargo de Hernán Augusto Martínez, supo acordar medidas alternativas a la cárcel. No obstante, rechazó el pedido que hicieron cuatro abogados querellantes para que Sain transite la investigación con prisión preventiva. Se trata de los abogados Ignacio Alfonso Garrone (que representa a la Delegación Norte de Upcn); Pablo Cococcioni (por el diputado Maximiliano Pullaro), la abogada Evelyn Andriozzi (que se representa por derecho propio) y Viviana Cosentino (por el empresario de medios, Gustavo Scaglione).
Párrafo aparte fue lo que ocurrió con el resto de los querellantes, el abogado Jorge Bedouret y la provincia (por medio de la Fiscalía de Estado), que se adhirieron al pedido de alternativas a la prisión que impulsó el fiscal Hernández.
Por el caso se encuentran además imputados otros exmiembros de la cartera de Seguridad y del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación: la exdirectora de la Agencia de Control Policial, Nadia Schujman y la recientemente destituida del OI, Debora Cotichini, las cuales fueron imputadas como “organizadoras” de la asociación ilícita que investiga la Justicia; y Diego Rodríguez (Exsubsecretario de Control Institucional); Milagros Bernard (Contratada por la Subsecretaría de Control Institucional del Ministerio de Seguridad); y Pablo Álvarez (Exsubsecretario de Investigación Criminal dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública), acusados, al igual que Montengro y Moulins de ser “miembros” del grupo sindicado de realizar tareas de inteligencia ilegales.
Durante la audiencia, que comenzó el martes y culminó este miércoles, el fiscal reveló que durante la investigación se recopilaron una serie de cifras que permitieron acreditar por qué Sain y parte de sus exfuncionarios integraron una asociación ilícita dedicada a confeccionar perfiles de personas sin orden judicial de por medio y que se nutrió de información obtenida mayormente de base de datos públicas y privadas, como también de “tareas de calle”.
Por ejemplo, según informó el fiscal durante la gestión de Sain al frente del Ministerio de Seguridad (como también después de su salida), se realizaron 21.473 búsquedas en la base de datos privada Sudamericadata que contiene información de las personas. En el caso del Nosis, se detectaron 8.610 búsquedas. Mientras que en otras bases, las que maneja el Estado, la Fiscalía comprobó que se hicieron 4.405 consultas al Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, más de 9.000 a Migraciones y 15.483 en Catastro de la Provincia.
Junto a esos números, Hernández explicó que de los listados de personas que fueron “perfiladas”, que por lo menos son más de 600 (aunque se especula que serían miles) solo un 13% se encontraban ligadas a una investigación provincial o de índole federal, mientras que el restante 83% no figuraba en ninguna causa judicial ni tampoco había una orden de un fiscal para realizar medidas de inteligencia.
De la causa también surge que existe un testimonio que sería central y que fue aportado por una persona de identidad reservada, la cual debió marcharse del país por temor a sufrir represalias. No obstante, supieron declarar como testigos una serie de policías del Organismo de Investigaciones que en distintos relatos (en su mayoría mujeres) temían de Sain, el cual en reiteradas oportunidades los habría citado a su oficina en donde colocó un arma de fuego sobre la mesa para "intimidarlos".
Durante la audiencia, además, la Fiscalía y querellas ventilaron una serie de chats que fueron encontrados en los teléfonos de parte de los imputados y que supieron ser secuestrados durante la inspección que realizaron los fiscales Hernández y Mariela Jiménez (hoy jubilada) junto con policías del Organismo de Investigaciones (OI) en la sede del Ministerio de Seguridad, el 26 de noviembre del 2021. Aquel día, los investigadores del caso secuestraron siete bolsas de papel triturado que se presume era parte de los perfiles o de información recopilada ilegalmente.
De los chats encontrados en los teléfonos, según se ventiló en la audiencia, se detectó también que en el celular que usó Nadia Schujman (quien se desempeñó como Directora de la Agencia de Control Policial durante la gestión Sain) aparecieron mensajes cruzados con la jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Rosario, Lucía Assef, que supo intervenir en uno de los amparos presentados por el exministro Sain cuando pretendió volver al Organismo de Investigaciones (OI) del cual fue destituido por la Legislatura provincial.
El dato fue ventilado por Pablo Cococcioni, que representa al diputado Pullaro, el cual tras exponer la irregular situación pidió que la audiencia sea remitida al Procurador ante la Corte, Jorge Barraguirre, para que evalúe el desempeño de la jueza Assef.
La causa también salpicó al defensor público del fuero federal de Rosario, Martín Gesino, al cual Schujman (según los peritajes del teléfono) le pidió obtener una copia de conversaciones que habrían mantenido Pullaro con un imputado de apellido Ascaini y que formaría parte de una causa penal con trámite en la Justicia federal.
Sin embargo, el defensor le habría dicho que desconocía de esas copias, por lo que la entonces directora de la Agencia de Control Policial le requirió una copia de la filmación de la declaración del policía Alejandro Druetta, condenado por amparar a narcos del sur provincial. Días después, el 20 de julio del 2020, Gesino le confirmó que tenía los videos y que envíe un dispositivo para almacenarlos. Tal pedido, sostienen desde la querella y Fiscalía, fue con el solo objetivo de perjudicar a Pullaro.
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