Seis damnificados declararon en la cuarta jornada del juicio por las estafas en Bolsafé Valores.
Eduardo Sebal para Aire Digital
La cuarta jornada del juicio oral y público en el que son juzgadas un total de nueve personas por la administración fraudulenta de la firma Bolsafe Valores, que estafó a más de 400 ahorristas hasta el 2012, continuó con los testimonios de los damnificados. Seis personas fueron citadas a comparecer ante el tribunal este jueves.
El titular de Bolsafe Valores, Mario Rossini, se encuentra acusado de ser coautor de los delitos de administración fraudulenta durante el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2003 hasta fines de diciembre de 2012, y captación de ahorros públicos e intermediación no autorizada en el mercado bursátil, agravada por el uso de medios de difusión masiva.
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La primera en declarar lo hizo a través de videoconferencia desde Calchaquí, donde reside. La mujer sostuvo que conoció el trabajo de Bolsafe Valores a través del abogado para el que trabajaba como secretaria en un estudio jurídico, y precisó que invirtió en Bolsafe sus ahorros ya que al ser discapacitada esperaba poder tener una mejor calidad de vida en su casa.
Finalmente, respondió con resignación que cuando se enteró a través de su jefe de lo que había pasado con Bolsafe su pensamiento fue "se quedaron con el dinero y perdimos, ya está".
El segundo testigo fue un hombre de 77 años, quien no recordaba demasiado, sin embargo pudo relatar la conversación que tuvo con Mario Rossini cuando fue a invertir en Bolsafe unas acciones de Telecom: "Tuve el instinto de preguntarle si podía llegar a perder las acciones. 'No, por favor! cómo vamos a hacer eso' me respondió".
Las siguientes declaraciones fueron en similar sentido, personas que desconocían que el alquiler de los títulos implicaba que perdían la titularidad de los mismos, que las inversiones eran realizadas para tener una mejor calidad de vida y que jamás recuperaron nada de lo invertido. "Cuando me enteré por los medios lo que estaba pasando me sentí estafado en mi buena fe, siempre hablé cara a cara con Rossini y él me aconsejaba qué hacer, cómo invertir", relató uno de los damnificados.
“Le agradezco y que se haga justicia”, expresó al retirarse de la sala de audiencias un militar retirado que invirtió en Bolsafe a través de la oficina que la sociedad tenía en Reconquista.
El debate continuará el jueves 23 de septiembre a las 9 de la mañana.
El debate se desarrolla ante el tribunal conformado por los jueces José María Escobar Cello, Luciano Lauría y Guilermo Sutter Schneider, quienes deben analizar la prueba presentada por la Fiscalía General, a cargo de Martín Suárez Faisal, integrantes de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y los querellantes que tuvo el caso, Carlos Reyna, Enrique Muller y Leandro Corti.
En el banquillo de los acusados se encuentra Mario Rossini, en su carácter de propietario de la firma que funcionó en San Jerónimo y Juan de Garay, su hermano Omar y siete empleadas: María Mercedes Leiva; Marisa Laura Valdez; Patricia Lorena Berrino; María Lorena Molinas; Daniela Reatti; Carolina Fany Pavarin; y Miriam Sabella. Todos ellos siguen el debate por videoconferencia desde sus hogares.
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La investigación, que en la etapa de instrucción estuvo a cargo del fiscal Walter Rodríguez, se inició en 2013 y cuenta con tres tramos. Una que investiga la estafa y la cual se ventilará a partir de este jueves; otra que apunta al lavado de activos y una tercera que tiene como eje a operadores del Banco Galicia y directivos del Mercado de Valores del Litoral.
Para este juicio Mario Rossini llega acusado en calidad de coautor de los delitos de administración fraudulenta durante el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2003 hasta fines de diciembre de 2012, y captación de ahorros públicos e intermediación no autorizada en el mercado bursátil, agravada por el uso de medios de difusión masiva.
Según estableció la pesquisa, Rossini tenía el deber de velar por la custodia y administración de los valores confiados por sus clientes, los cuales depositaron sumas de dineros en la firma santafesina.
Según la fiscalía, esta posición le permitió tener un dominio efectivo del conjunto de actividades que integraron la compleja maniobra de desapoderamiento realizada a través de los diversos actos que provocaron finalmente la administración fraudulenta, con el consiguiente perjuicio patrimonial de los intereses confiados por las víctimas.
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