La DEA realizó un estudio en Estados Unidos con las pastillas incautadas que se venden en mercados ilegales dentro de ese país, y determinó que el 42 por ciento de las dosis tenía un máximo de 2 miligramos. El resto era de un miligramo o menos.
Esta información sirve de contexto para dimensionar un misterio que gira en torno al caso de HLB Pharma, el laboratorio de Ramallo, donde se fabricó el fentanilo contaminado con una bacteria que provocó la muerte a 54 pacientes, 35 de ellos en la provincia de Santa Fe.
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El laboratorio en la mira. HLB Pharma, en Ramallo, fabricó el fentanilo contaminado que provocó la muerte de 54 personas, 35 de ellas en Santa Fe.
Según la investigación, que está en manos del juez de La Plata Erenesto Kreplak del laboratorio desaparecieron entre 4,5 y 5 kilos de fentanilo. Serían 5.000.000 de dosis. En HLB Pharma señalaron que esa sustancia fue destruida. Pero hay dudas, sobre todo por los antecedentes del laboratorio y los personajes que aparecen ligados a esta empresa. Por ahora, no aparecieron rastros de personas intoxicadas con esta droga, pero si esa cantidad entró en el circuito ilegal es una bomba de tiempo.
Empiezan a aparecer rastros de que esta potente droga circula por circuitos ilegales, por ahora muy marginales.
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Hace dos semanas la justicia federal de Posadas ordenó 14 allanamientos y detuvo a seis personas, acusadas de traficar fentanilo. El 14 de abril de 2023 se secuestraron 500 ampollas de esta droga en un control de rutina realizado por efectivos de Gendarmería Nacional desplegados sobre la Ruta Nacional N° 12, en Posadas. Las dosis iban en una encomienda en un camión perteneciente a la empresa de transportes de pasajeros “Crucero del Norte”.
El caso de HLB Pharma es lo que más preocupa. Esta semana, el intendente de Rosario Pablo Javkin declaró en la causa que sigue el juez Kreplak y aportó documentación, con el foco puesto en los accionistas de este laboratorio. Entre los archivos que envió el intendente, según confió a Aire de Santa Fe, se encontraba la controvertida resolución que tomó en 2019 el juez rosarino Hernán Postma con los responsables del laboratorio Apolo, que explotó en 2016. Aire de Santa Fe reveló en exclusiva el 21 de mayo pasado que este magistrado otorgó una probation a los accionistas de este laboratorio que funcionaba en el barrio La Tablada.
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Cinco millones de dosis. La Justicia investiga el destino de entre 4,5 y 5 kilos de fentanilo que el laboratorio dijo haber destruido, pero no hay pruebas fehacientes.
Los responsables de Apolo, que generaba sospechas en varios ámbitos, entre ellos el Concejo Municipal de Rosario, decidieron luego del siniestro abrir otra empresa, que se llama Ramallo SA, y funciona en la misma planta que HLB Pharma Group SA, en la provincia de Buenos Aires.
Los directivos de Apolo, entre los que figuraban Marcelo Ferré, Jorge Gómez, Ariel García Furfaro, Damián García y Marcela Vozza fueron acusados de “estrago culposo agravado y lesiones graves culposas”, ambos en concurso ideal y en carácter de autor. Postma avaló un acuerdo entre los imputados y suspendió el juicio a prueba contra los acusados Gómez y Ferré, a quienes se les impuso una probation. La sanción fue llamativa: debían concurrir una vez a la semana a realizar la limpieza del Museo Justicialista, en San Nicolás, que manejaba el exdiputado provincial y actual concejal del peronismo Andrés Quinteros, que tenía vínculos con los accionistas de Apolo.
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Los otros imputados, como Damián García, Ariel García Furfaro y Vozza fueron sobreseídos al aplicarse el “criterio de oportunidad”. Lo llamativo de la medida judicial era que uno de los imputados, como Furfaro, figuraba como abogado del Museo Justicialista de San Nicolás. La resolución de este caso no tuvo casi difusión. El tema es un escándalo, que increíblemente nunca tomó trascendencia pública hasta que fue publicado por Aire de Santa Fe.
Ante el magistrado, Javkin recordó que varias de las personas vinculadas a la causa que investiga Kreplak “han tenido contacto con personas que hoy están condenadas por narcotráfico, como Mario Segovia, el denominado ‘Rey de la Efedrina’”.
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Red narco internacional. Según la DEA, los principales traficantes de fentanilo son los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que ya operan en la región.
“La información relevada por esta parte permite confirmar que varios de los involucrados en la causa por la explosión del Laboratorio Apolo, a la cual estaban vinculados Ariel García Furfaro, su hermano Damián y Jorge Salinas, integran o han integrado los órganos societarios de las empresas responsables del producto contaminado que dio origen a esta investigación. De hecho, se verificaría una continuidad estructural, comercial y operativa entre Laboratorio Apolo y los laboratorios implicados en esta causa, HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Las personas jurídicas involucradas han mantenido activos registros de producción farmacéutica, sin interrupción significativa, y se encontraban habilitadas por autoridades competentes al momento de producir el fentanilo distribuido a efectores públicos, entre ellos el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de esta ciudad”, se sostiene en el escrito presentado ante Kreplak. El magistrado aceptó a la Municipalidad de Rosario como querellante.
"Cuando se tire del hilo, van a encontrar muchas conexiones", aseguró el intendente de Rosario, una frase que deja entrever que la trama del fentanilo contaminado recién empieza.
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Los periodistas Diego Cabot y Camila Dolabjian publicaron en el diario La Nación la madeja de relaciones políticas que tenía García Furfaro, titular de HLB Pharma y Alfarma, que dejaron al descubierto una ruta que lleva parte de esta historia hacia Paraguay, donde montaron un laboratorio en Ciudad del Este, la triple frontera.
De acuerdo con el “National Drug Threat Assessment 2024″, elaborado por la DEA de Estados Unidos, el tráfico de fentanilo está hegemonizado por el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
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Vínculos peligrosos. El intendente de Rosario, Pablo Javkin, aportó pruebas sobre conexiones entre exaccionistas de Apolo y personas condenadas por narcotráfico.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
Algo parecido ocurrió hace más de dos décadas con la producción de metanfetaminas, una droga que en ese momento era nueva en el mercado ilegal norteamericano. Según cifras oficiales, entre 1999 y 2010 Argentina importó 55.395 kilogramos de efedrina –insumo esencial para la fabricación de ese estupefaciente-, cuando la industria farmacéutica de local consumía no más 100 kilogramos por año para la elaboración de antigripales y descongestivos.
El caso se hizo visible por el triple crimen de General Rodríguez. Sebastián Forza, torturado y asesinado de ocho balazos, en 2008, fue una de las tres víctimas de la masacre, y la Justicia determinó que el móvil de los homicidios se debió a que Forza intentó convertirse en proveedor de los carteles mexicanos. Pero, sus competidores, más poderosos y protegidos por algunos integrantes de las fuerzas de seguridad, lo mataron.
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El rosarino Mario Segovia era el que proveía a los carteles mexicanos, a través del envío de efedrina bajo el nombre falso de Héctor Germán Benítez, que tenía una oficina trucha en Entre Ríos y San Luis del centro de Rosario. Este fue el proveedor de los 294 kilos de efedrina que salieron hacia México en noviembre de 2007, mezclados en 1200 kilos de azúcar, y también proveyó los 525 kilos que estaban disimulados en una mercadería similar que usaron de camuflaje, que fueron encontrados en un depósito del barrio de Barracas. Así emergió el llamado “rey de la efedrina”, que se movía en Rosario con una Hummer y un Roll Royce.
Por ese tiempo, sin la notoriedad que tuvo Segovia, había otra persona que tenía esa camioneta vistosa en Rosario, que llamaba la atención de todos. Jorge Salinas, a quien apodaban “Leo Mattioli rubio”, por las cadenas de oro que exhibía y en los autos que circulaba. Era uno de los dueños del laboratorio Apolo, de barrio La Tablada.
Entre los nombres que aportó Javkin figura este personaje que reiteradamente aparece en tramas oscuras.
