Lo mataron mientras estaba arreglando un reflector en el techo de su casa: pedirán 20 años para el agresor

El fiscal Martín Torres solicitó una pena de 20 años de prisión para un joven de 20 años cuyas iniciales son LIL al que investigó como autor del homicidio de Esteban Marcelo Enrique cometido en abril de 2019 en la ciudad de Santa Fe, informó la oficina de prensa del MPA.

El pedido del funcionario del MPA fue realizado en una audiencia preliminar llevada a cabo en los tribunales de la capital provincial ante el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Pablo Busaniche.

En la misma audiencia, el fiscal Torres recordó que “el hombre investigado fue acusado como autor del delito de homicidio calificado (por el empleo de arma de fuego)”.

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Desprecio por la vida

“El acusado actuó con otras tres personas –una de ellas, un menor de edad–, quienes lo hicieron con la más absoluta indiferencia por las eventuales consecuencias que podrían haber generado con su accionar. Lo ocurrido da cuenta no sólo del desprecio por la vida de la víctima, sino también de la vida de su padre y de cualquier otro familiar o vecino que hubiera podido estar en la vivienda al momento de los disparos”, argumentó el fiscal.

Torres también manifestó que “al momento de definir el monto de la pena que solicitamos, tuvimos en cuenta el uso de violencia inusitada para poner fin a conflictos interpersonales de vieja data. Esta actitud se traduce en un marcado desprecio por las normas jurídicas, su vigencia y las normas de convivencia en una sociedad civilizada bajo la vigencia y el amparo de la ley”.

Los hechos

“El homicidio que investigamos fue cometido minutos después de las 23:30 del martes 9 de abril del año pasado. La víctima recibió un disparo de arma de fuego mientras estaba arreglando un reflector en el techo de su casa ubicada en la Manzana 2, Complejo 14 de viviendas, Casa 16 de Alto Verde”, puntualizó el fiscal.

Torres relató que “el acusado estaba con otras tres personas y actuó de manera intencional. Le disparó a Enrique y le impactó uno de los proyectiles –calibre 22– en la zona del tórax, lo cual le le provocó una lesión de tal gravedad que ocasionó su muerte”.

“Los disparos fueron realizados desde aproximadamente 30 metros hacia el este de la casa en la que estaba la víctima”, precisó el fiscal.

Por otra parte, indicó que “unos 20 minutos antes del ataque a Enrique, el acusado y las otras tres personas ya habían disparado armas de fuego en cercanías del lugar –y luego se fueron a una plaza cercana al lugar–, lo que motivó que el padre de la víctima diera aviso a la policía”.

Al momento de discutirse la prisión preventiva del imputado, Torres se refirió también al posible motivo del ataque contra Enrique. Según un testigo amigo de la víctima, esa tarde habían disputado un partido de fútbol en la cancha del barrio, y se había generado una gresca que terminó con una pelea a golpes de puños entre todos los participantes.

Según este testigo, la víctima y el imputado eran dos de las personas que participaron de esa pelea y Leiva se habría retirado del lugar vociferando que “esto no va a quedar así”.

Finalmente, el fiscal detalló que el imputado fue detenido dos días después del ilícito. “Fue en el marco de un allanamiento realizado por personal del área de Homicidio de la ex Policía de Investigaciones (PDI)”, añadió. “Luego fue imputado y, finalmente, el lunes 15 de abril se ordenó su prisión preventiva. Por otra parte, si bien la Defensa apeló la imposición de la medida cautelar, el camarista Roberto Prieu Mántaras confirmó la prisión preventiva”, concluyó.

Querellante

Néstor Javier Enrique, padre de la víctima se constituyó como querellante. Cuenta con la representación de Rodolfo Agustín Roubineau y Federico Lombardi, abogados del Centro de Asistencia Judicial dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe.

Juicio oral y público

Luego de la audiencia preliminar llevada a cabo, el juez Busaniche deberá resolver lo planteado por las partes. Si entiende que están dadas las condiciones, deberá dictar lo que se denomina auto de apertura a juicio para que se programe el juicio oral y público.

Por su parte, la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) deberá sortear los integrantes del tribunal que, dado que hay un pedido de pena de 20 años, será pluripersonal. La dependencia judicial se encargará además de fijar una fecha para el inicio del debate.