La audiencia imputativa en la que se conocerán formalmente los hechos investigados y que se endilgan al exministro de Seguridad Marcelo Sain, y otros exmiembros del gabinete se realizará por videoconferencia, según confirmaron fuentes del caso a AIRE. Los fiscales de la Unidad de Delitos Complejos y Violencia Institucional Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez detallarán los hechos investigados este jueves 28 de abril a partir de las 10 de la mañana. Se espera que tras las imputaciones, los fiscales brinden detalles en conferencia de prensa.
Marcelo Sain, exministro de Seguridad, es investigado por organizar una red de espionaje ilegal en la provincia.
El exministro de Seguridad de Santa Fe y exdirector del Organismo de Investigaciones del MPA fue citado a una audiencia de imputación de cargos en el marco de la causa que investiga una licitación realizada en el Ministerio de Seguridad que planificó la compra de armas de fuego para la policía y pretendió la adquisición de pistolas, fusiles, subametralladoras y fusiles para francotiradores.
Además de Sain, también fueron citados el exsecretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro, el secretario de Coordinación Técnica y Administrativa del Ministerio de Seguridad, Maximiliano Novas y el Exjefe del Departamento de Logística (D4) de la fuerza provincial, Marcelo Leandro Correa.
Según indicaron fuentes judiciales a AIRE, la audiencia será a puertas cerradas en Fiscalía pese a que los fiscales del caso, Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, solicitaron que se realice ante un juez en tribunales y de manera pública. Sin embargo, el pedido fue rechazado por el juez Nicolás Falkenberg que consideró que como los futuros imputados están en libertad, no está en juego el control de legalidad de la detención.
De igual manera, resta ser oficializado si tras la imputación los fiscales pedirán medidas cautelares para los imputados, las cuales sí deberían tratarse ante un juez ya que pueden pedir inhibiciones económicas o hasta la privación de la libertad.
La causa tiene como eje una licitación que pretendió la adquisición de 130 fusiles de asalto, cerca de 12 mil pistolas semiautomáticas, 130 subametralladoras, 12 fisiles para francotiradores. Dicha operación fue por 1.400 millones, pero fue luego frenada por un amparo presentado en la Justicia en lo Contencioso Administrativo.
Aquella presentación se dio a raíz de que la empresa Bersa SA, que fabrica pistolas a nivel nacional, realizó una presentación judicial en donde cuestionó las condiciones que había puesto el ministerio de Seguridad, con Sain a la cabeza en ese entonces, para la compra de armamento. De hecho, la firma catalogó la licitación como “arbitraria” por parte del Estado provincial para favorecer a otro proveedor.
Según la empresa Bersa, el ministerio favoreció a una empresa proveedora de armas de fuego (de origen israelí) mediante la colocación de una cláusula en la licitación N°11/2021. Dicha cláusula, propuso que una sola firma pudiera aportar, además de pistolas, otro tipo de armamento.
La licitación se frenó después, tras un amparo presentado por Bersa ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 y luego confirmado por la Cámara, en donde sostuvo que dicha licitación “vulneró el derecho de poder participar” tras sostener que “no solo restringió en forma irregular y arbitraria la participación de posibles oferentes en el procedimiento vulnerando los principios de igualdad, concurrencia, competencia y transparencia, sino que también permitió anticipar que la licitación será adjudicada a la única oferente que puede aportar los productos que cumplen en forma precisa las especificaciones técnicas”.
A partir de allí, la Fiscalía inició una investigación que tuvo como eje si esa licitación fue mediante un ardid realizado por la gestión de Sain y su grupo de colaboradores. Finalmente, a más de un año del inicio de la causa, los fiscales encuadraron el caso como una presunta "tentativa de defraudación al Estado" por lo que llamaron a audiencia de imputación a los exfuncionarios de Seguridad.
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