Defensores y fiscales hicieron sus planteos ante el juez Sebastian Creus en la sala 5 de la Cámara de Apelaciones.
Maiquel Torcatt/ Aire Digital
El juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe, Sebastián Creus, tendrá que zanjar en los próximos días la controversia judicial surgida en torno al acceso, por un lado, y reserva por otro, de las pruebas recolectadas en el marco de la causa que investiga por presunto espionaje ilegal al exministro Marcelo Sain y su equipo de colaboradores durante la gestión en el Ministerio de Seguridad.
El análisis es en base a una audiencia que, a sala llena, se desarrolló este miércoles en tribunales y la cual fue protagonizada por los fiscales Ezequiel Hernández, Mariela Jiménez y Jorge Nessier (que ofició como voz cantante de la Fiscalía), el querellante, Ruber Weder (que representa al Estado provincial) y los abogados de las diez personas identificadas que tiene la investigación: Juan Lewis, Hernán Martínez, Nicolás Mosconi (defensor oficial) y Oscar Silva.
La causa tuvo su inicio en agosto del 2021, tras la denuncia del entonces subdirector del Organismo de Investigación del MPA, Víctor Moloeznik, que alertó a los fiscales provinciales sobre una supuesta trama de espionaje ilegal montada en la cartera de Seguridad y habría sido encabezada por Sain. Meses después, el caso salió a la luz cuando policías del Organismo de Investigaciones ejecutaron una inspección judicial en las oficinas de la sede de gobierno en la ciudad de Rosario, en donde secuestraron documental para la investigación que encabezan Hernández y Jiménez.
Desde entonces, tanto fiscales como defensores protagonizan en una controversia jurídica anclada en el acceso a las pruebas del expediente (o legajo judicial) que se tramita en la Fiscalía de Delitos Complejos de Saavedra y General López de la ciudad de Santa Fe. El primero en solicitar el acceso a la causa fue el abogado Lewis (que presenta Nadia Schujman; Débora Cotichini; Pablo Álvarez; Diego Rodríguez; y Milagro Bernard) pero el pedido fue desestimado por el juez Nicolás Falkenberg; mientras que el segundo fue formulado por Hernán Augusto Martínez (que representa a Marcelo Sain; Maximiliano Novas; Germán Montenegro; y María Agustina Moulins) y el cual fue aceptado por el juez Jorge Patrizi que ordenó levantar el secreto de sumario.
En paralelo, la jueza Rosana Carrara ordenó extender la reserva del caso, a pedido de los fiscales, que pidieron mantener cerrada la investigación, amparándose en el artículo 346 del Código Procesal Penal que sostiene que cuando en una causa la tramitación sea compleja por la “pluralidad de hechos, imputados o víctimas”, se podrá mantener bajo llave hasta tanto se concrete la audiencia de imputación. Sin embargo, y de manera sorpresiva, los fiscales pusieron a disposición de las partes -el pasado 9 de marzo- parte de las evidencias del caso.
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Tal apertura no conformó a los abogados defensores, ya que según indicaron en la audiencia de este miércoles, ante el juez Creus, el acceso al expediente fue complejo porque el método elegido por la Fiscalía fue “ilusorio” y que viola el derecho a una buena defensa. Es que, según explicó Lewis en su apelación, los defensores deben presentarse en la sede judicial y solo pueden sacar fotos a una parte de las actuaciones. Tampoco pueden extraer información digitalizada. “Queremos acceso irrestricto”, dijo.
El letrado rosarino argumentó además que sus asistidos, días después del allanamiento a la sede de Seguridad de Rosario, se pusieron a disposición de la Justicia y pidieron tener acceso a la causa, pero siempre se les negó. Primero fue la Fiscalía y después el fallo del juez Nicolás Falkenberg, al cual Lewis calificó como que tuvo un “déficit de contralor judicial”.
En la misma sintonía, el abogado de Sain acusó a los fiscales de ocultar información, situación que a su criterio, implicaría una falta grave en el desempeño de los fiscales. De hecho, al igual que su par Lewis, dijo que el levantamiento de sumario de la causa, que informó la Fiscalía, no fue del todo real. “Es irrisorio pensar que se puede ejercer el derecho a la defensa desde un escritorio del Ministerio Público de la Acusación”, protestó. “Al día de hoy no hay circunstancias para mantener la reserva de las actuaciones”, agregó Martínez.
El otro de los apelantes, el defensor Mosconi, cuestionó también la falta de elementos por parte de la Fiscalía para todavía mantener reservada la investigación. De hecho, recordó la audiencia del 1 de febrero cuando los fiscales pidieron más tiempo a la jueza Carrara para cotejar si las 661 personas, que aparecieron en la famosa lista de las personas presuntamente espiadas, eran parte de alguna investigación de la Justicia provincial, o fuero federal. En esa línea, resaltó que, a más de un mes de ese pedido, ambos fiscales todavía continúan con el mismo planteo.
En la otra vereda, el fiscal Nessier (que oficia como fiscal camarista) pidió al juez que mantenga la reserva de la investigación dispuesta por la jueza Carrara. Seguidamente, aseguró que el derecho a la defensa se garantizó al poner a disposición a los abogados parte de las actuaciones de la causa. De todos modos, aclaró que existe información sensible, sobre terceras personas, que por ahora debe resguardarse.
En la misma sintonía, el fiscal Hernández tomó la palabra y le respondió al abogado de Sain sobre el supuesto ocultamiento de pruebas. “No hubo ocultamiento, sino reserva”, destacó el fiscal de Delitos Complejos y aclaró que la Fiscalía puso a disposición de las defensas un listado con todas las actuaciones, las cuales pueden ser vistas en la sala de reuniones de la Fiscalía Regional de Santa Fe.
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