El juez de la Cámara de Apelaciones Sebastián Creus fijó un plazo de cinco días para fijar fecha de audiencia de Segunda Instancia que definirá si debe mantenerse o levantarse el secreto de sumario en la causa por presunto espionaje ilegal en la que se investiga al exministro de Seguridad Marcelo Sain y a otros exfuncionarios de la cartera.
Marcelo Sain, exministro de Seguridad de Santa Fe, es investigado en una causa por supuesto espionaje.
Maiquel Torcatt/ Aire DigitalEn la audiencia de apelación deberán tratarse las tres resoluciones de los jueces de la Investigación Penal Preparatoria que ya se pronunciaron al respecto: dos de ellos entendieron que debía mantenerse el secreto de sumario mientras que el restante dispuso el levantamiento para que los abogados defensores puedan tener conocimiento de las evidencias.
Cada una de estas resoluciones fue recurrida y Creus valoró que deberán ser tratadas de manera unificada en una sola audiencia en la que también podrá intervenir el fiscal de Estado Rubén Weder, admitido como querellante en la causa.
Tres resoluciones apeladas, una audiencia
El juez Nicolás Falkenberg fue el primero en tomar intervención en la causa que tramitan los fiscales Mariela Jimenez y Ezequiel Hernandez, de la Unidad de Delitos Complejos y Violencia Institucional. En diciembre rechazó el planteo realizado por el abogado Juan Lewis, que asiste a los exmiembros del gabinete, Nadia Schujman, Débora Cotichini, Pablo Álvarez, Diego Rodríguez y Milagros Bernardi, y que reclamaba el levantamiento del secreto de sumario. Lewis recurrió la resolución.
Luego, el 1ro de febrero, tras la feria judicial, la jueza Rosana Carrara avaló el pedido de los fiscales que solicitaron la extensión del plazo de la reserva de la investigación. Esta resolución fue apelada por los abogados defensores.
Finalmente, el juez Jorge Patrizi ordenó el levantamiento del secreto de sumario de la causa, ante un pedido formulado por escrito por el abogado Hernán Martínez, que representa a Sain, Germán Montenegro, Maximiliano Novas y María Agustína Moulins. Este fallo fue apelado por la Fiscalía.
Garantías en conflicto
En el escrito de admisión, al que tuvo acceso AIRE, Creus entendió que se da en los planteos de los defensores y de la Fiscalía "un conflicto que vincula derechos y garantías relevantes": por un lado, la Defensa invoca que el desconocimiento de las evidencias reunidas en la investigación le impide ejercer su labor, que es una garantía considerada constitucionalmente como Derecho Humano, mientras que el Ministerio Público de la Acusación invoca que dar conocimiento de esas evidencias -en este momento-, puede perjudicar la investigación.
Así las cosas, para Creus "se exige celeridad, y (...) se establece que las actuaciones estarán a disposición de las partes por cinco días (art. 401 del Código Procesal Penal), debiéndose fijar fecha de audiencia de trámite a la brevedad posible".-
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