El mismo día en que el juez federal Carlos Vera Barros decidió procesar a su colega Gastón Salmain, junto con el financista Fernando Whpei y el escribano Santiago Busaniche, por integrar una “asociación ilícita” que usó a la justicia federal para llevar adelante una maniobra que generó grandes dividendos, el funcionario acusado presentó una nota para pedir algo que en ese contexto parecía alocado: viajar a Madrid.
De acuerdo a la nota presentada por la defensa de Salmain, en manos de los abogados Gustavo Feldman e Ignacio Carbone, el juez federal -que fue procesado el 26 de diciembre- tenía previsto salir de Ezeiza rumbo a Madrid, por Aerolíneas Argentinas, ese mismo día. En el escrito, los letrados mencionan que Salmain había sacado el pasaje el 17 de julio pasado. En el vuelo AR 1132 arribaría a la capital española el 27 de diciembre a las 16.10 hora local. Regresaría por Roma el 17 de enero.
El informe del fiscal federal Federico Reynares Solari fue lapidario. “El magistrado ha intentado de manera manifiesta entorpecer las investigaciones, por lo cual entendemos que, la prohibición de salida del país, como medida de resguardo del proceso resulta razonable y proporcional, teniendo en consideración el encuadre legal de las conductas y las medidas de investigación que aún restan realizar”, señaló el funcionario en un escrito.
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El financista Fernando Whpei está acusado de integrar la maniobra investigada y permanece detenido con prisión domiciliaria.
El fiscal federal enumeró una serie de situaciones que demuestran –según su visión- la intención de Salmain por entorpecer la investigación, como ocurrió el 17 de octubre pasado, cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) le solicitó que entregara su teléfono en la puerta de la casa, en el barrio de Belgrano, y el juez apagó el Iphone 17. Con la tecnología que existe hoy en la Argentina no se puede peritar esa clase de aparatos sin la clave de acceso. De acuerdo al informe del fiscal, el teléfono dejó de tener actividad a las 15.54 y el allanamiento se produjo a las 16. “El teléfono es un Iphone 17 Pro que particularmente al no estar encendido no es posible extraerle datos, técnicamente, los gabinetes a disposición para realizar la práctica pericial actualmente no cuentan con el UFED para abrir ese modelo y marca de aparato celular”, explicó Reynares Solari.
Ocurrió otro hecho extraño. El 10 de octubre, tres días después del allanamiento, Salmain compareció ante el juez y solicitó el acceso a la causa en la que está siendo investigado, pero esa acción fue rechazada por un inconveniente en el sistema informático LEX100 que se usa en el Poder Judicial. Un día después, el magistrado acusado envió un escrito a la PSA, en el que solicitaba información sobre la investigación que lo tenía como posible imputado. La PSA no contestó el pedido de Salmain que fue escrito en papel membretado de uso oficial. Es decir, el juez intentó valerse de su cargo para poder observar de qué se lo estaba investigando.
“Todo lo expuesto, es a claras luces de gravedad institucional, de naturaleza delictiva, lo sucedido deja de manifiesto una actitud del investigado Gastón Salmain destinada a obstaculizar la investigación”, concluyó el fiscal.
El juez Carlos Vera Barros, que entiende en la causa contra Salmain, rechazó el pedido del magistrado investigado para salir del país. Ese mismo juez había ordenado el 26 de diciembre el procesamiento contra Salmain, a quien también le dictó la prisión preventiva, que no se puede cumplir hasta que el Consejo de la Magistratura lo destituya.
De acuerdo a la investigación, los tres “formaron parte de una instancia asociativa destinada a cometer delitos entre los meses de septiembre de 2023 y hasta abril de 2024, cuando pergeñaron la salida a cuentas del exterior de 10 millones de dólares, mediante la manipulación contraria a derecho de un expediente radicado en el Juzgado Federal N°1", a cargo de Salmain.
Según la investigación, “para lograr el objetivo premeditado, Whpei utilizó su influencia y poder económico para que Salmain, en conjunto con Busaniche direccionen el proceso judicial dentro del expediente y lo beneficien en los aspectos financieros relacionados con Attila Fideicomisos SRL, el Grupo Unión SA y Lancers SA”.
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Allanamiento a Santiago Busaniche. El escribano santafesino fue uno de los imputados en la causa por presuntas maniobras irregulares con divisas.
A cambio de ello, Busaniche, por su aporte operativo, y Salmain, que tuvo un rol clave en la causa, solicitaron el pago del diez por ciento de la diferencia del tipo de cambio al momento de la operación entre el dólar oficial y el dólar blue, suma que ascendía aproximadamente a 200.000 dólares.
En la investigación los fiscales reunieron evidencias que apuntan a que para cumplir con el plan criminal, Salmain se reunió previamente con Whpei -al menos una vez en su despacho laboral- el 2 de septiembre de 2023, donde el financista le hizo entrega del escrito que presentarían, y el magistrado se manifiestó sobre la viabilidad técnica del mismo al solicitar que lo demás lo arreglara con Busaniche. Con posterioridad, en el marco del expediente FRO29522/2023, dictó las resoluciones a favor de Whpei.
El Banco Central apeló la medida el 11 de diciembre de 2023, y aunque la Cámara Federal de Rosario falló a favor de la entidad, el dinero ya había sido adquirido en seis tramos diferentes.
Attila Fideicomisos actuó como fiduciaria del fideicomiso privado Doubleblue Argentina Credit Trust II, que comparte casi idénticamente las siglas con la empresa que reclamaba la deuda, lo que generó sospechas sobre si los operadores detrás de Doubleblue se pagaron una deuda a sí mismos.
Cuando el Banco Central pidió al magistrado que suspendiera la medida un día después de su autorización, Salmain decretó que era de cumplimiento automático e inmediato. Los fiscales Federico Reynares Solari y Juan Argibay, de la Procuración de Lavado de Activos, buscan probar si la operación incluyó algún beneficio personal para el magistrado y si se realizaron maniobras irregulares con la divisa, como declaró Whpei en su carácter de arrepentido.
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Carlos Vaudagna. El ex titular de ARCA Rosario aparece mencionado en la investigación y se presentó como arrepentido en causas por corrupción judicial.
Los registros oficiales indican que la firma adquirió al menos 1.128.850 dólares, que fueron transferidos a la empresa DB ACF Netherlands BV, un acreedor que habría otorgado una línea de financiamiento en 2018. La investigación se aceleró después de que Whpei se presentara como arrepentido en la causa del exjuez Bailaque, donde está acusado de haber participado en una trama de extorsión y corrupción institucional.
El financista rosarino está detenido en su domicilio desde mediados de mayo y su prisión domiciliaria fue prorrogada hasta enero de 2026. En paralelo, Salmain es investigado por otro episodio vinculado al extitular de ARCA Rosario, Carlos Vaudagna, quien también se presentó como arrepentido en marzo pasado.
A fines del año pasado, el magistrado intentó de manera poco ortodoxa quedarse con la competencia de las causas que tramitaban contra Vaudagna, implicado en casos de corrupción junto a Bailaque. Los fiscales lo recusaron y lograron que el caso no quedara en su juzgado. Según las fuentes judiciales, Salmain tenía una relación acreditada con Vaudagna desde 2018, antes de ser nombrado juez en 2023, y podría haber intentado concentrar esos expedientes a cambio de dinero.
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Marcelo Bailaque. El exjuez federal está imputado en otra causa por presunta extorsión y corrupción, vinculada a la trama que investiga la Justicia.
Una nueva pericia al celular de Vaudagna recuperó conversaciones borradas de WhatsApp que revelaron 48 mensajes intercambiados entre el exfuncionario y un contacto agendado como "Gastón Salmain" entre diciembre de 2018 y mayo de 2019.
Esta investigación provocó que los fiscales de PROCELAC solicitaran el allanamiento del despacho de Salmain. El magistrado entregó su iPhone 17 apagado y sin el código de desbloqueo. A estos problemas se suma que desde julio pasado está siendo investigado en el Consejo de la Magistratura por haber omitido en sus antecedentes para concursar como juez que hace veinte años lo echaron de la Justicia Federal de Capital Federal por ofrecer un soborno para direccionar un expediente. La cesantía administrativa le imposibilitaba incursionar en la carrera judicial, pero la omisión de ese antecedente le posibilitó que dos veces la Comisión de Acuerdos del Senado aprobara su pliego, y llegar a juez federal.
