La mañana del 7 de mayo de 2025, cuando cinco disparos horadaron la fachada de su casa de Larguía al 3400, barrio Tablada, en Rosario se sintió que era una escena conocida. Acosta salió a decir por los medios que era una venganza policial por sus posteos sobre corrupción. Pero la película, según la fiscalía de Rosario, estaba escrita de antemano y con ella como guionista.
En los días previos, Acosta había sido una presencia incesante en las redes sociales. Es su estilo. Hace largos videos que sube a Facebook casi todas las semanas. En ese momento señaló a ex jefes del Comando Radioeléctrico por un escándalo de fondos para combustible, un caso que dos días antes del ataque ya había provocado 34 allanamientos y 16 detenciones de uniformados.
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El clima estaba cargado y su relato encajaba con la historia de corrupción que se publicó en los medios. Su denuncia decía que dos tiradores en un Volkswagen Voyage, con vidrios polarizados, habían disparado contra su casa en la zona sur. El guion perfecto, salvo por la evidencia: las cámaras mostraron -de acuerdo a la investigación que hizo el fiscal Pablo Socca- a dos pibes en bicicleta y un pasamanos de una pistola antes de la fuga.
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Socca reconstruyó el itinerario del ataque. Un adolescente de 17, Ignacio N., habría apretado el gatillo. A su lado, Nicolás Robles, 18, pedaleaba y hacía de apoyo. A ambos, que los detuvieron el mismo día, arrastraron un hilo que llevó hasta Nahuel ‘Monta’ Depetris, un barra de Newell’s, señalado como reclutador de los chicos tiratiros. Más arriba, el nombre que suena fuerte es el de Juan José ‘Jota Jota’ Gómez, ex Los Guerreros, de la barra de Rosario Central. Fue fotografiado luego en el paravalanchas leproso, a quien la acusación ubica como organizador del montaje que ponía a Norma Acosta como víctima. La fiscalía argumentó que hubo pagos: 200 dólares para ‘Monta’, 150 para el menor y 100 para el conductor.
La escena que fue clave para los investigadores no fue la de los balazos contra el frente de la casa de Acosta, sino la del chat. Del teléfono secuestrado a esta mujer surgieron líneas que, leídas en espejo, parecen un parte de operaciones. La noche del 6 de mayo, escribió a su pareja: “Parece que acá no va a pasar nada, así que me acosté”. Él le sugirió cancelar; ella insistió. También dejó entrever que había puesto a resguardo a su hijo. Al día siguiente, a las 9.27, los tiros llegaron. La cronología, a juicio del fiscal, desarma la coartada y dibuja un autoatentado.
Quién es Norma Acosta
Acosta arrastra una condena por narcotráfico dictada en 2019 y; su biografía reúne tragedias y exposición: a su padre lo mataron a tiros y su pareja, Miguel ‘Japo’ Saboldi, murió en un incendio aún no esclarecido dentro de la Jefatura de la Policía. En esa frontera borrosa entre el dolor y la denuncia, se forjó como vocera de familiares de presos y construyó una audiencia digital dispuesta a escucharla. Esa visibilidad, sostienen en tribunales, es el combustible que alimentó la puesta en escena. Se transformó en una influencers del mundo criminal.
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El 4 de septiembre, la División de Asuntos Internos irrumpió en Larguía al 3400 y la detuvo. En paralelo hubo procedimientos en Villa Gobernador Gálvez y otros domicilios. Para entonces, el caso ya no trataba de quién había tirado, sino de quién habría decidido que se tirara. La figura penal elegida por la fiscalía fue ‘intimidación pública’ agravada por uso de armas y participación de un menor, en concurso con abuso de armas. Una semana más tarde, la jueza Eleonora Verón le dictó seis meses de preventiva a Acosta y a Gómez.
¿Denuncias sin sustento para instalar agenda? ¿Una estrategia de manipulación? El propio Socca dijo que en veinte años no había visto un expediente con estos ribetes: hubo que crear un registro informático para convertir a quien declaraba como víctima en sospechosa central.
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Rosario cruza su temporada más crítica: balaceras como lengua franca del disciplinamiento y barras que administran kioscos de violencia.
Imagen de archivo policial
Lo que ocurrió aquella mañana en Tablada encaja en un ecosistema mayor. Rosario cruza su temporada más crítica: balaceras como lengua franca del disciplinamiento, barras que administran kioscos de violencia, bandas que compiten por territorio mientras la política se reconfigura. La causa del combustible expuso una caja negra dentro de la fuerza de seguridad. El supuesto autoatentado, para la fiscalía, intentó parasitar esa crisis para amplificar un mensaje: ‘me persiguen’. El costo social fue otro sacudón en la confianza pública.
En su declaración inicial, Acosta había descrito un Voyage blanco, ‘chocado atrás y con polarizados’. Dijo que adentro iban dos hombres vinculados a ex jefes del Comando. Aportó un relato medido para televisión. La prueba técnica, sin embargo, impuso su propia economía narrativa: una bicicleta playera, dos jóvenes, cinco disparos, un arma que cambia de mano y un escape por rutas separadas. Minutos después, el Comando Radioeléctrico detuvo al presunto tirador; a la tarde cayó el conductor. No había auto, ni vidrio polarizado, ni motor al ralentí.
Depetris, el barra apodado ‘Monta’, cayó a fines de agosto; Gómez fue a una audiencia imputativa con un prontuario abultado. La acusación lo ubica como gestor del arma y del pequeño presupuesto del ataque. En los pasillos, su nombre se liga a vasos comunicantes entre tribunas, negocios y grupos de choque. Nada de esto sorprendió a los investigadores: la subcontratación de violencia es moneda corriente cuando se busca ruido sin dejar huellas propias.
La defensa de Acosta cuestionó el enfoque, pero, por ahora, se impone el relato fiscal. ‘Intimidación pública’ es un tipo que no sólo mide el daño concreto, sino el efecto de pánico y conmoción que desata. Cuando el expediente llegue a juicio, si llega, quedará por verse qué parte de este rompecabezas resiste el tamiz del contradictorio. ¿Hubo otros instigadores? ¿Se utilizaron sus denuncias previas como pantalla para intereses más grandes? Lo incontrovertible, hoy, es que la versión ‘ataque policial’ está herida por las pruebas de video y de teléfono, y que la fiscalía encontró un hilo conductor que va de un celular a una bicicleta y de ese rodado a la barrabrava de Newell’s.
Norma Acosta ya conoce la cárcel. En 2013 la Justicia Federal la condenó por integrar una red de narcotráfico que operaba en Rosario. La sentencia, confirmada años después, la llevó a prisión y la marcó como una pieza más en el engranaje del negocio narco. Sin embargo, su historia no se detuvo ahí: tras recuperar la libertad, se reinventó como denunciante pública, apuntando contra policías y políticos, y construyó un perfil mediático que la colocó en el radar de ese mundo marginal.
En esa trama aparece Miguel “Japo” Saboldi, su pareja y figura clave en la llamada “Narcochacra”, un operativo que destapó el hallazgo de casi 20 kilos de cocaína en una quinta de Alvear. Saboldi no llegó a juicio: murió en abril de 2013 en un incendio dentro de la alcaidía de la Jefatura de Rosario, un siniestro que la investigación calificó como intencional y que dejó tres internos muertos. Aquella muerte, rodeada de sospechas sobre complicidades y ajustes de cuentas, se convirtió en el punto de quiebre que empujó a Acosta a un rol más visible, denunciando connivencias y reclamando justicia.
A la pérdida de Saboldi se sumaron balaceras contra su casa, amenazas y la muerte violenta de su padre, episodios que ella atribuyó a represalias del narcotráfico y a la corrupción policial. Ese relato, amplificado en redes sociales y medios, le dio voz y seguidores, pero también la colocó en el centro de un ecosistema donde la frontera entre víctima y la mafia se vuelve difusa.
