Estas estructuras, lejos de los tradicionales cárteles, se articulan en torno a vínculos de sangre y aprovechan la Hidrovía Paraná-Paraguay como vía de exportación de cocaína hacia Europa, África y Asia.
Según el documento, estos clanes operan en zonas como el Chapare y los Yungas, en Bolivia, y se dedican al transporte, distribución y lavado de dinero, con conexiones en Brasil, Chile, Paraguay y Argentina. El viceministro boliviano Jaime Mamani reconoció que más de 15.000 personas fueron detenidas por vínculos con estas redes. “No son cárteles, son clanes eventuales”, afirmó.
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La Hidrovía, una ruta clave para el narcotráfico
La Hidrovía, con más de 3.400 kilómetros de extensión, conecta 150 puertos en cinco países. Lo que fue concebido como el “Mississippi sudamericano” se ha transformado en una ruta clave para el tráfico de cocaína. Según UNODC, esta ruta de salida de la cocaína que se produce en Colombia, Perú y Bolivia se consolidó a partir de la pandemia, cuando cambiaron las rutas debido a las dificultades de traslado de la droga.
Desde pistas clandestinas en Bolivia, la droga llega en avionetas al Chaco paraguayo, donde es acopiada y trasladada por camiones hasta los puertos fluviales. Desde allí, embarcaciones con bandera paraguaya transportan la carga camuflada entre productos legales como azúcar, soja o semillas. En los últimos tres años, se incautaron más de 50 toneladas de cocaína en puertos europeos que salieron por esta ruta.
Los últimos operativos confirman esta tendencia. En julio de 2024, autoridades paraguayas interceptaron en el puerto de Caacupemí, cerca de Asunción, el mayor cargamento de cocaína en la historia del país: 4.013 kilos ocultos en bolsas de azúcar, con destino a Amberes, Bélgica. En mayo de 2023, un buque partió desde Asunción con un cargamento de semillas de sésamo negro que ocultaba más de 12 toneladas de cocaína, detectadas en el puerto de Hamburgo. En octubre de 2024, otro operativo en el puerto de Villeta permitió el secuestro de más de 3 toneladas de cocaína, también con destino a Europa. En todos los casos, las autoridades sospechan que la droga tuvo origen en Bolivia y fue acopiada en el Chaco paraguayo antes de embarcarse.
Cocaína incautada en Paraguay
En julio de 2024, autoridades paraguayas interceptaron en el puerto de Caacupemí, cerca de Asunción, el mayor cargamento de cocaína en la historia del país.
Los vínculos entre clanes de los países que recorre la Hidrovía
El grupo brasileño Primer Comando Capital (PCC) de Brasil, junto con mafias balcánicas y emisarios colombianos, han sido identificados como operadores clave en esta ruta. La ONU advierte que la fragmentación criminal y la debilidad institucional en Paraguay y Bolivia han facilitado la expansión de estas redes.
La combinación de clanes familiares bolivianos, infraestructura fluvial sin control y alianzas transnacionales convirtió a la Hidrovía Paraná-Paraguay en una arteria vital del narcotráfico global. Por eso la ONU llamó a reforzar la cooperación regional y a mejorar los sistemas de vigilancia, especialmente en zonas como el Chaco paraguayo, donde la ausencia de radares y presencia estatal permite que el crimen organizado opere con impunidad.
Santa Cruz de la Sierra, según el informe, se consolidó como en el centro logístico y financiero del narcotráfico boliviano. La mafia chapareña extendió sus operaciones hacia esta ciudad, aprovechando su cercanía con Brasil y su infraestructura aeroportuaria y fluvial. En los últimos años, se detectó la presencia de mafias balcánicas, con miembros serbios y macedonios asesinados en ajustes de cuentas, y se ha vinculado a Sebastián Marset, narco uruguayo prófugo, con redes que operan desde Santa Cruz hacia África y Medio Oriente. Las organizaciones utilizan hangares privados, empresas fachadas y transportistas locales para mover la droga, que luego es enviada por tierra hacia Paraguay y desde allí embarcada por la Hidrovía Paraná-Paraguay.
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Durante los últimos meses, en el corazón del Trópico de Cochabamba, una guerra silenciosa pero sangrienta se libra entre clanes del narcotráfico que disputan el control de rutas, laboratorios y territorios. En ese escenario, el nombre de Tomás Melgarejo Rojas emergió como uno de los más mencionados en panfletos, amenazas y operativos policiales. Identificado por organizaciones rivales como el presunto autor intelectual de múltiples asesinatos, Melgarejo se transformó en el rostro visible de una disputa que dejó decenas de muertos en municipios como Ivirgarzama y Villa Tunari.
Desde enero de 2024, al menos siete episodios de violencia extrema fueron atribuidos a esta guerra narco. Entre ellos, el asesinato de una niña de cinco años, acribillada junto a su padre por sicarios que dispararon 38 veces; el doble homicidio de una pareja en su tienda del barrio Manantial; y la ejecución de cinco personas en un caso vinculado a una venta fallida de armamento. En todos los casos, los mensajes que circularon en redes y calles apuntaban a Melgarejo como responsable, exigiendo su entrega a la Policía o amenazando con represalias contra su familia y colaboradores.
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Pero el perfil de Melgarejo es más complejo. Según el Ministerio de Gobierno de Bolivia, fue también testigo clave en la desarticulación de la banda de Nabor López, alias “El Nabor”, una organización criminal que sembró terror en el Chapare durante meses. Melgarejo habría sido secuestrado por esa banda, y sus declaraciones permitieron la captura de varios integrantes, paralizando en un 99% los secuestros y sicariatos en la zona, según cifras oficiales.
Esta doble condición —como presunto autor de crímenes y como testigo protegido— generó una situación de extrema tensión. En enero de 2025, afiches con símbolos de muerte y amenazas explícitas comenzaron a circular en Yapacaní, donde exigían que Melgarejo no participe en audiencias judiciales. Advertían que “la guerra no parará hasta que esté preso o muerto”. El viceministro boliviano Jhonny Aguilera confirmó que se diseñó un plan de operaciones para capturar a todos los involucrados en los crímenes recientes, y pidió colaboración ciudadana para identificar a quienes difunden los panfletos.
El caso de Tomás Melgarejo Rojas expone la fragmentación del crimen organizado en Bolivia, donde los clanes familiares operan con lógica de venganza, alianzas coyunturales y control territorial. En el Chapare, considerado por la ONU como la “capital del narcotráfico boliviano”, la ausencia de Estado, la protección sindical y la cercanía con rutas aéreas hacia Paraguay han convertido la región en un enclave estratégico para el tráfico de cocaína. La guerra entre clanes, lejos de ser una disputa aislada, refleja el colapso institucional y la penetración del narco en todos los niveles de la vida local.
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La hidrovía como salida de la droga y el plan del gobierno nacional
Como la hidrovía empieza a estar en el foco de las alertas sobre un posible crecimiento del narcotráfico, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, anunció la semana pasada el Plan Paraná, una estrategia “integral” para blindar la Hidrovía. El programa contempla el despliegue de las cinco fuerzas federales —Prefectura Naval, Gendarmería Nacional, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal— junto con las policías provinciales de Chaco y Corrientes, además de la colaboración de Migraciones y Aduana.
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La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, anunció la semana pasada el Plan Paraná, una estrategia “integral” para blindar la Hidrovía.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
La ministra remarcó que “la hidrovía no va a ser una autopista del crimen”, y que el objetivo es cerrar el paso a las bandas criminales que utilizan el río para traficar cocaína, armas y personas. El comando unificado del plan funcionará en la Isla del Cerrito, punto estratégico en la confluencia de los ríos Paraguay y Paraná. Allí se desplegarán lanchas tácticas, drones, radares y embarcaciones especiales, además de un sistema de vigilancia remota y patrullajes terrestres, acuáticos y aéreos.
La secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, detalló que el plan incluye un “polígono de intervención” que abarca Resistencia, Corrientes, La Leonesa, Itatí e Isla del Cerrito, con fuerte énfasis en inteligencia criminal y persecución penal inteligente. La estrategia se apoya en evidencia estadística para diseñar y evaluar las acciones.
Bullrich también destacó que el Estado debió reactivar equipamiento tecnológico abandonado desde 2018, y que se realizarán nuevas compras para ampliar la capacidad de control. “No vamos a dejar un solo milímetro bajo el control de bandas”, afirmó.
