lunes 20 de junio de 2022
Policiales | Alvarado | juicio | Rosario

La condena contra el narco Esteban Alvarado obliga a que la política rinda cuentas

Los fiscales Schiappa Pietra y Edery insistieron en que el jefe criminal creció entre los resquicios de la legalidad que dejó el Estado. En el juicio donde se lo condenó a perpetua se mencionaron nombres de autoridades y dirigentes que nunca dieron explicaciones.

"La organización criminal de Esteban Alvarado es una estructura de poder que creció gracias a los resquicios de legalidad que dejó el Estado y contó con el apoyo de funcionarios por acción u omisión", aseguraron en los alegatos del 11 de mayo pasado los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery.

Esa frase resumía con precisión la trama de intereses y delitos que quedaron por primera vez al descubierto en un juicio contra un jefe de una de las mayores organizaciones criminales de Rosario. Alvarado fue condenado a prisión perpetua el viernes, pero durante más de una década y media transitó sin problemas y sin causas penales en Santa Fe –tanto a nivel federal como provincial-, donde creó un emporio a partir de la sociedad con la policía.

Juicio a alvarado.jpg
Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, los fiscales que llevaron adelante la investigación contra Alvarado.

Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, los fiscales que llevaron adelante la investigación contra Alvarado.

Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, los fiscales que llevaron adelante la investigación contra Alvarado.

Ese fue el primer eslabón del Estado que le dio protección. Y fue a partir de esas relaciones y complicidades, que no sólo recargaron el poder de Alvarado sino que también sirvieron para tratar de eliminar a sus competidores, como Los Monos. La violencia que hoy atraviesa la médula de Rosario se calcificó con los conflictos entre narcos, que crearon el teatro de operaciones de su propia guerra en una ciudad, donde la política fue parte del problema, como dijo el fiscal, por acción y omisión. En el juicio se mencionó en varias oportunidades a la vicegobernadora Alejandra Rodenas, que jamás habló sobre porqué en uno de los juicios más importantes de los últimos tiempos el principal implicado le decía –según mensajes reproducidos en las audiencias- a su abogado que había que “pedirle una mano” a Rodenas.

Fue llamativo también durante el juicio cómo Alvarado, sin que nadie se lo preguntara, defendiera al senador Armando Traferri. Edery habló de “responsabilidades políticas”. Es probable que no haya acusaciones en el ámbito penal, pero hay cuestiones políticas de las que casi nadie pide explicación, salvo el diputado Carlos Del Frade, que siguió de cerca el juicio y figura en la lista de los amenazados por Alvarado. El resto de la clase política mira ahora para otro lado, como lo hizo una década atrás. El socialismo no se mete en el tema, porque el exgobernador Antonio Bonfatti tendría que dar explicaciones sobre porqué retiró la imputación contra el sicario que quiso matarlo. Emanuel Sandoval, el joven que disparó contra su casa, después fue acribillado en la casa que le alquilaba a un magistrado en el barrio de La Florida.

Gran parte de la política santafesina no reaccionó. Pide gendarmes para solucionar la violencia en Rosario pero no asume el rol que tuvo en la génesis del problema. Nadie habla de estos temas por temor a quedar salpicado.

Carlos del Frade en el juicio a Alvarado
Carlos del Frade durante la sentencia del juicio a Alvarado.

Carlos del Frade durante la sentencia del juicio a Alvarado.

Carlos del Frade durante la sentencia del juicio a Alvarado.

El caso Alvarado aportó el “por qué” de una historia que no se explica sólo con el crecimiento de las bandas narcocriminales, como la que lideran el condenado y Los Monos, entre otros, sino que tiene ahora un desarrollo lineal más amplio, en otros ámbitos que no están manchados con sangre, como la política y la justicia. La policía, que es otro factor clave, ya había quedado al descubierto como un articulador del mundo criminal.

El valor de los testimonios que se sucedieron desde mediados de febrero en las audiencias dejaron en el terreno de las versiones, las hipótesis y las notas periodísticas las maniobras que prueban que Alvarado tuvo la protección necesaria para ampliar su negocio con una estrategia de destrucción a sus competidores, con la ayuda de un brazo del Estado, con sectores de la policía y la connivencia de la justicia, donde también comulgaron intereses políticos.

Los mismos fiscales, como Schiappa Pietra y Edery, que profundizaron una investigación de juego clandestino que llegó el año pasado hasta las entrañas del poder, con el senador Armando Traferri como referente de un sector que supuestamente operaba para la mafia, fueron los que con la investigación al clan Alvarado se zambulleron en otro capítulo aún más ríspido. Y lograron una condena máxima.

luis schiappa pietra fiscal caso alvarado entrevista en aire 001.jpg
Schiapppa Pietra habló este viernes con Aire de Santa Fe al finalizar el juicio en Rosario.

Schiapppa Pietra habló este viernes con Aire de Santa Fe al finalizar el juicio en Rosario.

Schiapppa Pietra habló este viernes con Aire de Santa Fe al finalizar el juicio en Rosario.

La pata judicial en la supuesta protección a Alvarado

La otra pata de la supuesta protección que tenía Alvarado provenía, según lo que se apuntó en el juicio, de sectores ligados a la justicia provincial y federal. Uno de los exjefes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) Emilio Lencina fue categórico cuando afirmó que no pudieron seguir investigando a Alvarado porque el juez federal Marcelo Bailaque se negó a intervenir una serie de teléfonos del entorno del narco y de Luis Medina que eran claves en la pesquisa. En el juicio se resolvió que se envíen las actuaciones al Consejo de la Magistratura para que se evalúe el rol de la justicia federal.

La detallada denuncia anónima que se había radicado en la justicia federal –se sospecha que provenía de la propia policía- decía que Luis Medina, a quien los uniformados provinciales le decían “Luz Mar”, traía desde la provincia de Buenos Aires, donde estaba radicado dinero cada 15 días para los jefes policiales. Medina era el “gran hombre blanco” del narcotráfico que pretendía blanquearse como un empresario poderoso. En 2012 el municipio de Rosario autorizó la apertura del boliche Esperanto, que se terminó de caer por la presión de los vecinos del centro y las denuncias del concejal Roy López Molina y las investigaciones que en ese momento había develado el actual diputado Carlos Del Frade.

Lencina contó que 15 días antes del atentado al entonces gobernador Antonio Bonfatti, Emanuel Sandoval había visitado a Alvarado en la cárcel bonaerense donde estaba preso desde 2012, por una causa que investigó el fiscal de San Isidro Patricio Ferrari. En Santa Fe nadie lo tocaba.

Sandoval, quien fue ejecutado en la mansión que alquilaba a un camarista de Rosario en octubre de 2019 en el barrio La Florida, admitió que atentó en 2013 contra la casa de Bonfatti, en un juicio abreviado. En noviembre de 2015 el entonces abogado del exgobernador, el exministro de Justicia Héctor Superti, había desistido de acusar a Sandoval. Nunca se supo quién ordenó el atentado, en una causa que pasó por dos magistradas. Una fue María Laura Pérez Vara, que debía intervenir en el crimen de Medina, pero nunca fue a la escena del hecho. Fue condenada a un año de prisión condicional y a dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La otra magistrada que intervino fue la actual vicegobernadora.

Traferri Rodenas.png
La vicegobernadora Alejandra Rodenas junto al senador Armando Traferri.

La vicegobernadora Alejandra Rodenas junto al senador Armando Traferri.

La vicegobernadora Alejandra Rodenas junto al senador Armando Traferri.

Maximiliano Pullaro declaró que cuando Alvarado iba a ser liberado en la provincia de Buenos Aires, por la causa de robo de autos, fueron a hablar con el fiscal de la causa Patricio Ferrari, que envió la investigación a Santa Fe. “Como en Santa Fe había poco y nada sobre este narco, viajó una delegación provincial a reunirse con Ferrari, quien había investigado a Alvarado. Él envió el expediente a Santa Fe donde constaban algunos de los negocios delictuales del peligroso narcotraficante pero sorprendentemente fue desestimado por la entonces jueza Alejandra Rodenas”, aseguró el Pullaro.

Marceo Sain recordó un episodio posterior, cuando la causa Alvarado estaba siendo investigada por el Organismo de Investigaciones que encabezaba. Fue en un allanamiento a una casa en las islas frente a Rosario el 5 de diciembre de 2012. “Cuando tomamos el procedimiento en la isla, la entonces diputada nacional Alejandra Rodenas apareció en la isla con el abogado histórico de Alvarado. Ella es subordinada política del senador Armando Traferri. Eso nos llevaba a tener que investigar si no había una protección político y judicial, porque Rodenas había sido jueza con estas causas a cargo suyo. Además, estaban los audios de Alvarado en los que decía: ‘Hay que hablar con Rodenas para que nos de una mano", testificó Sain.

El otro esquema que se puso en marcha, a la par de la protección que tenía Alvarado, según se desprende del juicio, fue un plan para eliminar o correr a la competencia del narco. Esto estuvo en manos, de acuerdo a varios testigos, en la División Judiciales de la policía, que se creó en la gestión de Bonfatti. Un testimonio que aportó datos sobre este punto fue el del excomisario Gustavo Pereyra, conocido como Gula, que fue sobreseído en la causa de Los Monos. El proyecto, según Pereyra, era sacar a los Cantero del negocio narco para imponer a Alvarado y a Medina. “Pedían la orden de allanamiento para incautar una moto y encontraban un búnker”, señaló Gula, quien para él: “Estaban recaudando”.

Dejá tu comentario