La reciente imputación se llevó a cabo el pasado lunes en la sede del Ministerio Público de la Acusación de General López y Saavedra y se efectuó en base a una serie de evidencias que aportó el abogado querellante, Leandro Corti, que representa al órgano sindical desde el 31 de agosto del 2018.
El nuevo implicado, se suma a los otros cuatro que tiene la causa y que actualmente se encuentran en libertad a la espera de que la investigación sea elevada a juicio para su posterior debate oral y público en los tribunales de Santa Fe. Se trata de Perla M. y Federico F., que son asistidos por el abogado Cesar Rosman y Marianela V. y Federico F., los cuales fueron asistidos por los abogados penalistas, Luis Hilbert padre e hijo.
Todos se encuentran implicados en una investigación que detectó una maniobra que permitió burlar el sistema de gestión interno de ATE Mutual para luego lograr el pago de mercadería a sabiendas de que los productos nunca ingresarían en su totalidad al patrimonio de la entidad.
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El caso salió a la luz en 2019, luego de una investigación que encabezaron el entonces fiscal Leandro Lazzarini y Urquiza, los cuales iniciaron una pesquisa a raíz de dos denuncias realizadas por ambas instituciones que calcularon un perjuicio económico por un total de 23.136.887,54 pesos.
Por la causa fueron secuestrados además un total de 18 bienes que permanecen secuestrados bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación, mientras que los cuatro primeros imputados que tuvo la causa lograron recuperar la libertad con medidas alternativas a la prisión.
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Urquiza y Jiménez, las fiscales de Delitos Complejos.
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Dos años después de que el caso salga a la luz, Urquiza y Jiménez imputaron formalmente al gerente de una distribuidora de calle Castelli al 3500, sobre el cual pesa, según la hipótesis de la Fiscalía, haber formado parte de la maniobra delictiva.
En concreto, las representantes del Ministerio Público de la Acusación lo acusaron de haber recibido $ 3.615.821, 27 por la adquisición de kits escolares en el marco de la “Campaña Escolar de ATE - 2018". Sin embargo, tal mercadería nunca habría sido entregada al organismo sindical ya que el acusado no “acompañó remitos o comprobante de entrega”.
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Medidas levantadas
La causa no solo avanzó en sumar un nuevo implicado, sino que también este martes, el juez de la Investigación, Jorge Patrizi, dispuso levantar las medidas cautelares que pesaban sobre los otros cuatro imputados. Las mismas habían sido impuestas el 29 de abril del 2019 -cuando se discutió si el cuarteto debía quedar en prisión preventiva- y se basaron en el pago de una fianza personal por 2 millones de pesos; presentarse una vez al mes en el Ministerio Público de la Acusación; y prohibición de mantener contacto con cinco testigos que declararon a lo largo de la investigación.
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Jorge Patrizi, estuvo al frente de la audiencia.
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A un mes de que vencieran tales medidas cautelares, el abogado querellante solicitó que se prorroguen por un año más tras argumentar que la causa es “compleja” y que restan llevarse a cabo una serie de medidas para elevarla a juicio.
Sin embargo, desde la otra vereda, los abogados Hilbert y Rosman cuestionaron tal pedido y solicitaron al juez que deje sin efecto las medidas que supieron ser impuestas dos años antes en tribunales.
