La jueza Labanca mantuvo la competencia de la Justicia santafesina en la causa que investiga las apuestas online ilegales en la continuidad de la audiencia preliminar para llevar la causa a juicio.
La causa por juego ilegal seguirá en la Justicia de Santa Fe
Maiquel Torcatt/ Aire Digital
La causa que investiga apuestas online ilegales por montos multimillonarios seguirá en manos de la Justicia de Santa Fe. La decisión fue resuelta por la jueza Cecilia Labanca, quien también rechazó los pedidos de sobreseimiento de los imputados acusados por juego ilegal.
Las resoluciones de Labanca se dieron en marco de la audiencia preliminar que comenzó la semana pasada y tuvo este martes la segunda jornada.
En la reciente audiencia realizada pasado el mediodía en la sala 1 de tribunales, tras escuchar la resolución de la jueza, los defensores de todos los imputados presentaron los pedidos de suspensión de juicio a prueba (probation), que fue rechazado por el bloque acusador.
La audiencia se reanudará el próximo martes con la presentación de la acusación formal por parte de la Fiscalía y las querellas: la Fiscalía de Estado del Gobierno de Santa Fe y el Casino de Santa Fe.
LEER MÁS ► Juego online ilegal en Santa Fe: pidieron el sobreseimiento de todos los imputados
Para responder el planteo de las defensas de que correspondía dar intervención a la Justicia de Buenos Aires en la causa, la jueza primero recordó que ya hay dos fallos de la cámara de apelaciones, con las firmas de los jueces Sebastián Creus primero, y luego Fabio Mudry que avaló esa resolución en una apelación horizontal, que confirman la competencia santafesina.
Luego, repasó los argumentos de los defensores Federico Kiener, Mariana Oroño e Ignacio Alfonso Garrone en la audiencia anterior para reclamar la incompetencia local. Así, la magistrada evaluó la variada jurisprudencia y análisis teóricos sobre los delitos cometidos a través de las TICS (tecnologías de información y comunicación social): Internet se presenta no sólo como un medio para delinquir, sino como un lugar en el que se cometen delitos, por lo que el territorio geográfico pierde valor al momento de definir la competencia de una circunscripción judicial.
En este caso, hubo usuarios santafesinos que accedieron a las apuestas en línea, no habilitadas por la provincia, por lo que, según el principio de ubicuidad, la Justicia santafesina puede investigar el delito.
Por último, la jueza recordó que la autorización de los juegos de azar queda a criterio de la legislación de cada provincia, y las leyes de otras provincias pueden diferir de la santafesina: lo que en Santa Fe es un delito, en otra provincia puede ser legal.
Finalmente, Labanca hizo alusión al Código Penal, que establece que cuando existe duda sobre la competencia, corresponde a quien hubiera prevenido”, en este caso, la provincia de Santa Fe sancionó la ley 14.235 que pena el juego online.
Luego, la jueza pasó a resolver los pedidos de sobreseimientos realizados también en la audiencia precedente, y adelantó que una posible desvinculación de los imputados debe ser a través de un juicio en el que se de a conocer y se evalúe toda la prueba existente.
Esto es porque no se ha llegado a un punto de certeza negativa de la participación de los imputados en los hechos atribuidos por el bloque acusador.
En esta línea, Labanca recordó que no importa que la empresa Transfero Pagamentos no sea una casa de apuestas, sino un mero intermediario en los pagos, ya que no se investiga la sociedad, sino que la hipótesis de la acusación es que los imputados se valieron de la estructura de T.P. para delinquir: “Esto ya es lo suficientemente complejo para que sea discutido en juicio”, valoró la jueza.
Tras dar a conocer estas resoluciones sobre la competencia y los sobreseimientos, los abogados defensores presentaron los pedidos de suspensión de juicio a prueba.
Primero expusieron los abogados defensores Kiener y Oroño, que representan a los imputados Claudio Marcos Just Cavalcante, Carlos Eduardo Franco Russo, Alejandro Gelormini, Agustin Suarez Araujo, Natalia Soledad Salinas y Santiago Corbetta.
Si bien insistieron en la inexistencia de delito y en la inocencia de sus defendidos, ofrecieron esta salida alternativa al proceso a fin de “colaborar” para dar con los verdaderos responsables y administradores de las casas de apuestas no registradas.
Para esto, presentaron una propuesta económica que originariamente era un pago de 300 mil dólares a favor de la Provincia. Adicionalmente, se comprometieron a colaborar con el financiamiento de una campaña de prevención de la ludopatía infantil por un término de 3 años, con un monto de hasta 400 mil dólares.
Luego, el abogado defensor de la imputada Justina García de la Peña, Alfonso Garrone, también reclamó la suspensión del juicio a prueba.
En este caso, el defensor recordó que el delito imputado tiene una escala de pena (3 a 6 años) que, si se tiene en cuenta la pena mínima, permite la aplicación de una pena en suspenso, lo que admite la aplicación de una probation.
En cuanto a la oferta reparatoria, propone una reparación económica por la suma de 20 mil dólares como reparación del daño, y un plazo de un año, sujeta a las reglas de conducta.
LEER MÁS ► Casinos online ilegales: ordenaron bloquear las cuentas en criptomonedas de siete acusados
Estos pedidos de probation fueron rechazados tanto por el fiscal Agustín Nigro como por los fiscales de Estado Paola Landa, Valeria Níttoli, Leandro Mega y el abogado Ignacio Mohamad, que representa como querellante al Casino.
Nigro recordó la gravedad de los hechos investigados y que la investigación refleja una política de persecución penal del MPA. Agregó que la pena mínima es de tres años de prisión, y alejarse apenas del mínimo ya hace imposible la imposición de una probation. El fiscal agregó que la característica del caso, en el que no se trata de un accionar esporádico sino de una estructura, hace que las penas se alejen del mínimo.
En este sentido, el fiscal sostuvo que el caudal probatorio, al que hizo referencia la jueza para rechazar los sobreseimientos, sostiene que las penas requeridas para los imputados serán de cumplimiento efectivo.
Luego, los fiscales de Estado refirieron a que el fiscal debe avalar el pedido de probation para que prospere, lo que en este caso no ocurre, y Mohamad repasó varios puntos por los que las penas podrán ser de cumplimiento efectivo:
- Extensión del daño; daño social: se estima que unos 38 mil menores realizaron apuestas online y daño económico: millones de pesos fueron destinados a las apuestas ilegales y no al juego legal que repercute en salud y educación.
- Los medios empleados: un entramado complejo
-Peligro causado: lo ya referido sobre las apuestas realizadas por los menores y el problema de la ludopatía infantil.
-Magnitud del daño: en 2024 se estima que 19 mil millones de pesos fueron destinados a apuestas ilegales.
La audiencia se reanudará el próximo martes a partir de las 13, cuando pasará a evaluarse la acusación contra los imputados y la prueba.
Te puede interesar
