El planteo fue realizado por la defensa en la audiencia preliminar de la causa por juego online ilegal. Cuestionaron la competencia de la Justicia de Santa Fe.
La audiencia preliminar por juego online ilegal comenzó este martes en la sala 1 de los tribunales de Santa Fe
Los abogados que representan a todos los imputados que tiene la causa por juego online ilegal en Santa Fe solicitaron el sobreseimiento de los mismos y que la causa sea remitida a la Justicia de Buenos Aires. Fue en la audiencia preliminar realizada este martes en los Tribunales de la ciudad de Santa Fe.
Los argumentos de los defensores Mariana Oroño y Federico Kiener, que representan a los empleados y autoridades de las empresas Transfero Pagamento y Bluegreen SA, y de Ignacio Alfonso Garrone, que representa a una exempleada de la primera de las firmas, fueron dados a conocer en la audiencia preliminar realizada este martes ante la jueza Cecilia Labanca.
Esta audiencia es el acto preparatorio del juicio oral y público, en la que el fiscal del MPA Agustín Nigro y las abogadas querellantes que representan al gobierno de la provincia de Santa Fe, Paola Landa, Valeria Níttoli, Leandro Mega y la abogada penalista asistente técnica Macarena Olivera, y el abogado querellante que representa al Casino de Santa Fe, Ignacio Mohamad, presentaron la acusación contra los imputados.
Labanca dispuso un cuarto intermedio para analizar el pedido de los defensores, que cuenta con la oposición del bloque acusador; luego de eso, se analizarán los aspectos formales de la acusación, el pedido de prueba, y resolver la apertura a juicio.
Primero, los abogados defensores expusieron el planteo de incompetencia de la justicia provincial y reclamaron que la causa sea remitida a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para justificar este reclamo, Oroño y Kiener argumentaron primero que, si como plantea la Fiscalía los imputados supuestamente explotaron, administraron u operaron un sistema de captación de apuestas ilegales, estos actos sólo pudieron haber ocurrido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto se debe a que Transfero Pagamentos S.A. y Bluegreen S.A. tienen sus sedes operativas exclusivamente en la Capital Federal, y que no se detectaron operaciones de los imputados en Santa Fe.
También argumentaron que la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires es la competente para intervenir en la causa por razones de celeridad y economía procesal, ya que todos los imputados y sus empresas están radicados en Buenos Aires, y "absolutamente toda la prueba producida y por producirse" se encuentra en dicha jurisdicción. Esto incluye a los testigos, que residen en CABA y han tenido que trasladarse a Santa Fe para declarar. Además, todos los organismos y empresas que deberán facilitar información también se encuentran en CABA.
En este punto, los defensores citaron un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha establecido que la jurisdicción debe atender a la economía procesal y la defensa de los imputados.
Oroño y Kiener remarcaron que sólo un 7% de las operaciones cuestionadas provendrían de Santa Fe. El resto se distribuye en otras provincias, siendo los porcentajes mucho mayores en la Provincia y Ciudad de Buenos Aires (39% y 14% respectivamente, según la población).
A su turno, Alfonso Garrone adhirió a este planteo y agregó que la causa debería tramitar en la justicia de Buenos Aires para una mejor defensa material de los imputados.
Al momento de responder, tanto el fiscal como las querellas solicitaron que se rechace este pedido de los defensores y que la causa continúe a cargo del MPA, debido a las particularidades del caso, que investiga delitos informáticos.
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El bloque acusador citó el principio de ubicuidad que la jurisprudencia determina para establecer la competencia en este tipo de delitos. Este principio establece que un delito informático se considera cometido en todas las jurisdicciones donde se haya desarrollado alguna parte de la acción o se haya producido el resultado, cubriendo tanto el lugar de la acción como el del resultado del delito.
Los acusadores recordaron un fallo reciente del juez de la Cámara de Apelaciones que confirmó la competencia de la Justicia de Santa Fe en base a este principio.
Luego, Oroño y Kiener reclamaron el sobreseimiento de los imputados Claudio Marcos Just Cavalcante, Carlos Eduardo Franco Russo, Alejandro Gelormini, Agustín Suares Araujo, Natalia Soledad Salinas y Santiago Corbetta por considerar que las acciones imputadas no constituyen un delito.
Primero remarcaron que las empresas Transfero Pagamentos S.A. y Bluegreen S.A. son empresas dedicadas a la prestación de servicios de procesamiento de pagos digitales y activos digitales, una actividad que es lícita y regulada, y que no se dedican a la explotación, administración u organización de juegos de azar.
Agregaron que el Grupo Transfero tiene presencia internacional, licencias en varios países (como Suiza y Brasil), y que está sujeto a una estricta supervisión regulatoria en Argentina, que incluye a la Comisión Nacional de Valores y a la Unidad de Información Financiera.
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Los defensores remarcaron que Transfero sólo opera como intermediaria de empresas como plataforma de pago, que no capta fondos del público ni opera con efectivo, y que todas las transacciones se realizan a través del sistema bancario.
En cuanto al delito de explotar, administrar, operar o de cualquier manera organizar sistemas de captación de juegos de azar sin autorización, los defensores sostuvieron que Transfero y Bluegreen no realizan ninguna de estas acciones, ya que su rol es el de intermediarios financieros, sin injerencia en la gestión, promoción o explotación de los juegos.
Finalmente, sostuvieron que no hay pruebas de que los defendidos supieran si los sitios de apuestas operaban sin autorización, especialmente porque la propia Fiscalía no ha logrado identificar o perseguir a los verdaderos responsables de los 385 sitios de internet mencionados en la denuncia, ni se pudo comprobar que los imputados actuaron con la intención directa (el dolo) de colaborar en un delito de juego clandestino.
En cuanto a las acciones que cumplía cada uno de los imputados que representan Oroño y Kiener: los directivos de nacionalidad brasilera (Just Cavalante y Franco Russo) actuaban bajo las regulaciones de su país, donde su actividad es legítima, y buscaban replicar un negocio legal en Argentina; los empleados argentinos (Salinas, Suarez Araujo, Gelormini y Corbetta) eran "simples empleados" o "directores suplentes" sin poder real de decisión sobre la aceptación de clientes, la operatoria o la política comercial de las empresas, que se gestionaba desde Brasil.
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Por último, destacaron que la empresa tomó decisiones proactivas ante la problemática de las apuestas de menores de edad, como el bloqueo de 28.307 "potenciales" menores y la devolución de fondos.
A su turno, el defensor de Justina García de la Peña, Ignacio Alfonso Garrone, sostuvo que la mujer no fue parte de la maniobra investigada y que su conducta no constituye un delito.
Alfonso Garrone también remarcó la “legalidad de la empresa”: Transfero Pagamento S.A. es una empresa global reconocida en soluciones financieras basadas en blockchain, con licencias y regulaciones en varios países, incluyendo Argentina. En esta línea, el defensor agregó que García de la Peña recibió en 2020 una propuesta de trabajo para una expansión societaria legítima y sus funciones como directora eran institucionales, sin poder real de decisión sobre la operativa o las finanzas, reportando a Brasil.
Luego, remarcó que los hechos ilícitos imputados se registraron principalmente en 2024 o después de octubre de 2023, mientras que Justina García de la Peña renunció a sus cargos el 4 de septiembre de 2023. Esto significa que las operaciones ilegítimas no se detectaron durante su período en la empresa.
Para responder el pedido de sobreseimiento, el fiscal Nigro dio detalles de la investigación que comenzó con una denuncia radicada por el gobierno santafesino, y ampliada por los Ministerios de Educación, de Desarrollo Social y la Caja de Acción Social (Lotería de Santa Fe). La maniobra denunciada consistía en la organización, operación y administración de un sistema de captación de apuestas provenientes de juegos de azar promocionados en sitios de internet no autorizados.
Según el bloque acusador, los imputados utilizaron las sociedades comerciales Transfero Pagamentos S.A. y Bluegreen S.A., así como la infraestructura financiera contratada a través de ellas con el Banco Industrial S.A.
El sistema estaba diseñado para captar apuestas de casinos virtuales que no contaban con la autorización pertinente de la autoridad jurisdiccional competente, en este caso, la Caja de Asistencia Social - Lotería de Santa Fe. La acusación presenta también un listado de los sitios web involucrados.
Durante el año 2023, se recibieron y administraron apuestas por un total superior a los 23 millones de pesos. Entre enero y septiembre de 2024, esta cifra superó los 19 mil millones de pesos. Para Transfero Pagamentos S.A., la actividad de "gaming" representó casi el 97% de sus acreditaciones en 2024, sumando más de 16 mil millones de pesos.
Un aspecto grave de la maniobra es que, durante los meses de junio, julio y agosto de 2024, más de 38 mil menores de edad realizaron transferencias a favor de Transfero Pagamentos S.A. La edad promedio de las personas físicas asociadas a los CUITs que realizaron transacciones fue de 24.3 años, y el 23% de los CUITs involucrados (38.271) correspondieron a niños, niñas y adolescentes, con una edad promedio de 15.4 años.
Según los investigadores, Transfero Pagamentos S.A. actuaba como la recaudadora de fondos, utilizando cuentas virtuales, algunas de ellas con denominaciones engañosas o directamente asociadas a plataformas de juego ilegal. También se encargaba del pago de los premios. Los fondos recaudados eran posteriormente convertidos en criptoactivos, principalmente a través del exchange BITSO y la cuenta en NVIO PAGOS, para asegurar su apropiación. Bluegreen S.A. también operaba en la recaudación de apuestas, con el 99% de sus acreditaciones en 2024 vinculadas a esta actividad, sumando más de dos mil millones de pesos.
En cuanto al conocimiento de los imputados de la maniobra, en la investigación se detectaron anotaciones en cuadernos que revelan el análisis y la implementación de estrategias legales para disimular la captación de apuestas sin autorización, incluyendo la derivación de responsabilidad a empresas extranjeras y el mantenimiento de alias específicos. Se calculaba la rentabilidad y los riesgos de la operación, incluso explorando la expansión del negocio a otros países como Chile.
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La Fiscalía sostiene que los imputados actuaron como coautores del delito de organización de un sistema de captación de apuestas no autorizadas, y se ha propuesto la formación de un Equipo Conjunto de Investigación con el Ministerio Público Fiscal de la Nación para investigar la posible comisión del delito de lavado de activos (Art. 303 del CP), dada la complejidad y el volumen de transacciones, especialmente la conversión de activos en criptomonedas.
La jueza Labanca dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo martes, cuando dará a conocer su decisión sobre los pedidos de sobreseimiento y el planteo de incompetencia, antes de comenzar a evaluar la formalidad de la acusación y el pedido de prueba.
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