En tanto, los defensores públicos Soledad Strada y Mario Guedes argumentaron que la Fiscalía no pudo acreditar la intención homicida del ataque de Martínez, y que se trató de una agresión que no puso en riesgo la vida de la víctima. Los defensores consideraron que corresponde imponer la pena mínima en el delito de lesiones agravadas por el vínculo, de 3 años de prisión.
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“Claudia tuvo que elegir su vida”
El fiscal Torres sostuvo que el ataque a Claudia se circunscribe en un contexto de violencia de género. “Claudia tenía miedo. Si bien era reservada les contó a sus compañeras de trabajo sobre la denuncia, la medida de distancia y el botón de alerta”, repasó el fiscal. En el mismo sentido recordó la declaración de una de las empleadoras de la mujer, quien expresó las veces que había visto a Martínez deambular por inmediaciones de la casa para intentar dar con Claudia.
La fiscal Gioria remarcó que Martínez “quiso sesgar la vida de Claudia, la fue a buscar con un cuchillo y la apuñaló en el abdomen. No la mató por circunstancias ajenas a su voluntad”.
Luego, la fiscal repasó las palabras de Claudia, y sostuvo que tomaba todas las precauciones de una persona con miedo: “yo sabía que no me tenía que ir de mi casa, pero si volvía me esperaba la muerte”, declaró la mujer. Gioria analizó a continuación: “Lo que la sociedad espera de la mujer es que no abandone el hogar, que no deje a sus hijos. Claudia tuvo que elegir su vida”.
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Ana Laura Gioria y Martín Torres, fiscales de homicidios
Maiquel Torcatt / Aire Digital
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Por último, en relación al delito de tentativa de homicidio, los fiscales aclararon que no se basa en la gravedad de la herida o el riesgo que corrió la vida de la víctima, sino en el plan del agresor. “Martínez demostró un patrón de comportamiento machista y abusivo”, sostuvo Gioria.
La acusación solicitó al tribunal que Rafael Martínez sea condenado a 14 años de prisión como autor del delito de homicidio doblemente calificado, por el vínculo y por mediar violencia de género; e incumplimiento al mandato judicial, y que la pena sea cumplida en un establecimiento carcelario y no en prisión domiciliaria como viene cumpliendo la prisión preventiva.
“Martínez no quiso matar a Claudia”
El alegato defensivo se enfocó en lo que, a criterio de los defensores, la Fiscalía no logró acreditar en el debate: sobre la existencia de la medida de distancia y si Martínez había sido notificado de esa medida; y sobre la intención homicida del hombre al atacar a su expareja.
Guedes sostuvo que la calificación de tentativa de homicidio doblemente calificada por el vínculo y mediando contexto de violencia de género es “excesiva”. Para el defensor se trató de un hecho de lesiones, ya que no se comprobó ni la gravedad de la lesión ni que Claudia haya salvado su vida por la intervención de los médicos que la asistieron en el hospital.
El defensor cuestionó que no se convocó a testigos directos del ataque, del cuál sólo se cuenta con la palabra de la víctima. Sobre cómo se dio el ataque, recordó que Martínez dio una puñalada y se retiró del lugar: “No procuró asegurar el resultado de muerte”, explicó.
Por último, el defensor rechazó el agravante del contexto de violencia de género por considerar que tampoco se pudo acreditar la relación desigual, o de dominación.
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Mario Guedes y Soledad Strada, defensores públicos
Maiquel Torcatt / Aire Digital
Finalmente Guedes intentó explicar las actitudes de Martínez por la situación de uno de sus hijos, un joven que se moviliza en silla de ruedas a raíz de una lesión permanente en la médula. Hasta el mes de diciembre de 2017 el cuidado de la salud del muchacho dependía exclusivamente de su madre. Luego, quedó a cuidado de su papá, “un hombre mayor, analfabeto y enfermo”, fueron las palabras del defensor.
“Martínez no sabía qué hacer al no poder ayudar a su hijo, y por eso salía a buscar a Claudia para hablar con ella. Hasta que un día ‘estalló’”, repasó Guedes, según la declaración brindada por el joven. Ese día fue el día del ataque. Para la defensa, Martínez actuó motivado por la frustración que le generaba el no poder asistir a su hijo.
Los defensores solicitaron al tribunal que el delito por el que debe condenarse al acusado no es la tentativa de femicidio, sino las lesiones agravadas por el vínculo, a la pena mínima de 3 años de prisión, en la misma modalidad de prisión domiciliaria para poder asistir a su hijo.
La decisión del tribunal conformado por los jueces Susana Luna, Sergio Carraro y Gustavo Urdiales se conocerá el próximo martes 18 de agosto a las 10 de la mañana.
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